La Justicia homologó un acuerdo de reparación integral para poner fin al proceso penal contra un comerciante acusado por supuesta infracción a la Ley de Marcas. En cuatro locales del barrio porteño de Once vendía ropa y bolsos de primeras marcas falsificadas.
Se trata de un millar de prendas que ahora serán donadas a una entidad de bien público, al aceptarse el acuerdo que incluye el pago en tres cuotas por un total de 6,7 millones de pesos como reparación económica, que será entregado a la Fundación Garrahan.
Allanamientos en Once
La causa judicial se abrió tras una serie de allanamientos en locales de una cadena de ropa en Once, donde se secuestró la mercadería. La oferta inicial fue de dos millones de pesos, pero la fiscalía del caso, a cargo de Ramiro González, la consideró insuficiente.
El caso se inició en mayo de 2023, cuando personal de la Brigada Operativa de la Policía Federal detectó en la esquina de Corrientes y Azcuénaga a un hombre descargando bolsas de un utilitario Renault Kangoo hacia uno de los locales de la cadena. Al ser identificado, mostró que transportaba 191 sweaters con la inscripción de una reconocida marca y mostró un remito emitido por una firma que tenía otro nombre.
A partir de ese hallazgo, la justicia federal ordenó tareas de investigación que revelaron que la cadena poseía cuatro sucursales. En todas ellas se comercializaban prendas y mochilas con logos de marcas de alta gama.
Se allanaron todos los locales y se secuestró un total de 753 prendas y 250 morrales con el logo de una reconocida marca deportiva. Un peritaje confirmó que toda la mercadería era apócrifa.
El dueño concretó un ofrecimiento de reparación integral antes de prestar declaración indagatoria.
En su dictamen, el fiscal González señaló que la primera suma propuesta no guardaba "relación con sus reales posibilidades económicas”, al considerar los ingresos mensuales del acusado, sus propiedades y vehículos de alta gama.
“El ofrecimiento de $2.000.000 presentado por su defensa no es acorde en relación a los ingresos que percibe ni a los bienes que integran su patrimonio”, consideró.
También advirtió que, aun tomando “los precios más bajos” de venta de la indumentaria –entre $6.000 y $100.000–, lo ofrecido quedaba muy por debajo del valor de lo secuestrado.
En la audiencia convocada por el juzgado a cargo del juez Sebastián Casanello, el imputado mejoró su oferta y propuso pagar 6 millones de pesos, en tres cuotas. La fiscalía entendió que ese monto reflejaba mejor la gravedad del caso y la situación económica del imputado.
Una de las empresas damnificadas se opuso al acuerdo, pero se consideró que lo hizo “sin fundamentación” por lo cual se resolvió seguir avanzando con la medida alternativa.
La fiscalía exigió, como condición, que las cuotas fueran actualizadas por inflación y que el destino del dinero fuese una entidad pública, y propuso a la Fundación Garrahan, además de la donación de las prendas secuestradas.
El juez Casanello consideró satisfecha la legalidad y razonabilidad del acuerdo, por lo que resolvió homologarlo.
El caso es uno de los expedientes en los que se aplica el mecanismo de reparación integral previsto en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, una vía que extingue la acción penal a cambio de una compensación económica adecuada.
Esa norma establece que “la acción penal se extinguirá … por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
Al avalar el acuerdo, la fiscalía remarcó que la herramienta responde a los criterios del nuevo Código Procesal Penal Federal, que impulsa soluciones alternativas para determinados conflictos penales.
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