Mega-causa por corrupción: investigan el desvío de $37 mil millones en la Agencia Nacional de Discapacidad

La investigación por la mega-causa de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó una cifra estremecedora: el periodista Ramón Indart, durante el programa matituno de este lunes de Infobae En Vivo, sostuvo que el desvío asciende a “al menos 37 mil millones de pesos” y que detrás de esa maniobra existe “todo un esquema de corrupción que comenzó, según el juez, en diciembre de 2023, y se operacionalizaba con licitaciones truchas acordadas entre cuatro droguerías”. Indart reveló detalles de la operatoria: “Simulaban competencia, pero sólo rotaban empresas para fingir que había control”.

El periodista profundizó sobre los mecanismos por los que, según expuso el fiscal federal Franco Picardi, se direccionaba la compra de medicamentos e insumos con sobreprecios millonarios, siempre en perjuicio de fondos estatales destinados a personas en condiciones de vulnerabilidad. La causa involucra no sólo a funcionarios y exfuncionarios de la agencia, sino a empresarios del sector farmacéutico y operadores políticos con antecedentes en distintas gestiones.

El escándalo comenzó a trascender públicamente tras la viralización de audios comprometidos de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los cuales se exponía un entramado por el que, presuntamente, se triangulaban fondos públicos a través de compras simuladas. Indart indicó que “todo estalla dos semanas antes de la elección del 7 de septiembre, y rápidamente la fiscalía empezó a allanar domicilios y a reunir pruebas fundamentales”.

Indart relató cómo, mediante el levantamiento del secreto de sumario, el fiscal pudo acceder a documentos contundentes. Uno de los hallazgos más insólitos se produjo durante el allanamiento al domicilio de un exfuncionario, donde los investigadores encontraron, pegado en la heladera, un esquema manuscrito que detallaba el flujo de fondos ilícitos entre colaboradores internos y las empresas proveedoras. “Era como los cuadernos de la causa de las coimas, pero hechos en papelitos en la cocina de la casa”, graficó el periodista.

El sistema de licitaciones supuestamente funcionaba en dos niveles: “Había compras abiertas, donde solían participar entre catorce y quince empresas y el precio resultante era razonable en el mercado –explicó Indart–, pero luego todo cambiaba: en las licitaciones direccionadas, sólo cuatro droguerías rotaban para simular competencia”. De este modo, la mayor parte de las adjudicaciones millonarias quedaban en manos de Profarma, Génesis, New Pharma y Droguería Floresta, con un dato crucial: “Las dos primeras concentraron el 93% de las licitaciones cerradas”.

Uno de los ejemplos más evidentes de la maniobra fue el sobreprecio de una droga utilizada para afecciones pulmonares: “El macitentán se pagó en noviembre de 2024, en una compulsa realmente abierta, a $411 mil por unidad; pero en una de estas licitaciones truchas la misma droga terminó siendo vendida en $8.290.000 la unidad, una diferencia gigantesca”, enfatizó Indart en diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana.

En la operatoria, narró el periodista, “dos droguerías más simulaban competir pero siempre quedaban relegadas” y remarcó que el fiscal sospecha cartelización pero, al menos por ahora, excluye explícitamente a la firma de los Kovalivker, aunque subraya que hay pruebas en estudio sobre su eventual rol, lo que está siendo analizado en otra línea de investigación.

La causa suma hasta el momento más de quince personas bajo la lupa judicial, entre empleados directos y operadores externos. Indart subrayó que “cuatro de ellas están especialmente comprometidas, usaban los usuarios informáticos de otros empleados para disimular movimientos y sacar fondos sin ser detectados”. A esto se añaden, señaló, las menciones a dos personajes clave: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. “Calvete fue concejal, llegó a través de vínculos políticos en tiempos de Cambiemos y, junto con Atchabahian (que hoy está detenido), figuraban como jefes paraestatales: no tenían cargo oficial, pero manejaban toda la operatoria”, reveló el periodista.

Uno de los puntos más resonantes de la investigación surge del incremento inexplicable en la facturación estatal: “El gasto total sólo en medicamentos dirigidos a la discapacidad fue de $30 mil millones, y siempre era direccionado a este circuito de empresas”, advirtió Indart. Según los fiscales, la operatoria detallada permitía garantizar en cada licitación adjudicada márgenes de sobreprecio de hasta veinte veces el valor en el mercado abierto.

Durante su columna, Indart también abordó la reacción de los distintos estamentos involucrados. “La defensa de Spagnuolo insiste en que todo fue regular y que no hay nada que lo incrimine directamente, pero los audios y las pruebas de las compulsas adulteradas le juegan en contra”, reflexionó, y añadió que “la investigación no hace foco sólo en funcionarios políticos sino también en los nexos empresariales y los haberes ilícitos de quienes participaron”.

En términos políticos, señaló que la exposición mediática del caso generó cruces entre distintos sectores de la coalición oficialista y la oposición, y la expectativa de que la declaración de Spagnuolo pueda dar más nombres. “Hay expectativa legítima porque detrás de la red aparecen figuras que llegaron a la Secretaría General de la Presidencia y otros organismos clave del Estado”, puntualizó Indart.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, María Eugenia Duffard, Cecilia Boufflet y RAmón Indart.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, Virginia Porcella y Federico Mayol.

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