La Sala I de la Cámara Federal porteña modificó la medida cautelar que pesa sobre los 26 directivos del Banco de la Nación Argentina (BNA) y empresarios del Grupo Vicentin, quienes empezarán a ser indagados por la presunta defraudación al Estado mediante el endeudamiento ilegal de la cerealera, lo que habría causado un perjuicio de unos 300 millones de dólares.
En un fallo firmado el martes por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, la Cámara de Apelaciones canceló la inhibición general de bienes que pesaba sobre los acusados y, en cambio, dictó embargos preventivos específicos.
Así lo habían pedido las defensas de ocho empresarios y exfuncionarios de la gestión de Cambiemos en una serie de apelaciones, reclamo al que luego se plegaron los restantes 18 imputados.
La lista de imputados incluye a Javier González Fraga, ex presidente del BNA y del Banco Central; Lucas Llach, ex vice del BNA; Carlos Castellani; Ercilia Antonia Nofal; Miguel Ángel Arce; Guillermo Goldberg; Jorge Lawson; Marcelo Pose; Javier Okseniuk; Agustín Pesce; Juan José Fragati; Martín Enrique González; Susana Ojeda; Maricel Moschini; José Luis Testa; Luis María Celestino Restelli; Darío Giacossa; Néstor Bled; Alexis Diosnel Tortul; Alejandro Fabián Díaz; Martín Sebastián Colombo; Daniel Buyatti, ex presidente de la cerealera; Alberto Macua, su vice; y los ex directivos del grupo empresario Roberto Oscar Vicentin, Herman Roberto Vicentin y Máximo Padoan.
Quien había dictado la inhibición de bienes -además de una prohibición de modificar sus participaciones societarias- fue el juez Julián Ercolini, a pedido del fiscal que investiga el caso, Gerardo Pollicita. Ahora el titular del Juzgado Federal N° 10 deberá definir los montos de cada embargo.
El objetivo de las medidas cautelares radicó en que los sospechosos no puedan alterar su patrimonio mientras se desarrolla la causa, ya que eventualmente pueden ordenarse decomisos o sanciones económicas.
Endeudamiento millonario y créditos irregulares
La compleja maniobra bajo análisis consistió en una supuesta defraudación perpetrada en perjuicio del Banco Nación. Según la imputación, algunos funcionarios de la entidad bancaria, por acción u omisión, habrían incumplido las obligaciones de su cargo para beneficiar a la empresa agroexportadora.
El BNA habría otorgado préstamos irregulares por varios millones de dólares a empresas del Grupo Vicentin, como Algodonera Avellaneda S.A. y Vicentin SAIC, para realizar operaciones de comercio exterior. La línea de crédito habría violado las normativas que rigen el funcionamiento del banco.
Entre las irregularidades que constan en la causa está la falta de gestión de cobros de la deuda, acto que impidió que el grupo empresarial cancelara los créditos que tomó entre 2018 y 2019.
Para noviembre de ese último año, Vicentin registraba una deuda vencida y exigible que rondaba los 150 millones de dólares. Así y todo el BNA autorizó nuevos empréstitos por otros 105 millones de dólares.
El fiscal Pollicita sostiene que para lograr esto se montó “una puesta en escena” en la cual “los funcionarios simularon que hacían todo lo posible para asegurar el cobro, a la vez que los empresarios, que desde octubre de ese año sabían que les serían otorgados los créditos, aparentaron que hacían todo lo posible por cumplir”.
A los directivos de Vicentin, por su parte, se les atribuye haber renunciado a pagar los montos que debían, sabiendo que la entidad no les reclamaría ese dinero. Según dictaminó el fiscal Pollicita al pedir las indagatorias, también solicitaron que se liberaran fondos que el banco retenía como garantía, con la certeza de que les serían devueltos.
Asimismo, se les reprochó haber solicitado nuevo respaldo económico aun cuando conocían que se estaban violando las normas vigentes. Por último, habrían retirado activos del BNA mediante el uso de facturación falsa y, a su vez, el dinero se habría girado al extranjero a través de operaciones simuladas, para luego depositar -al menos- 16.942.805 dólares en cuentas radicadas en paraísos fiscales.
Los acusados, a Comodoro Py
Este lunes estaba previsto que comience el desfile de empresarios, economistas y exfuncionarios por los tribunales federales de Retiro. Los tres primeros que iban a ser indagados esta semana son Alexis Diosnel Tortul, Néstor Ariel Bled y Darío Marcelo Giacossa, pero sus indagatorias se postergaron para febrero, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.
Las declaraciones de los exfuncionarios de mayor jerarquía, Lucas Llach y Javier Antonio González Fraga, están programadas para los días 4 y 9 de diciembre respectivamente.
Luego seguirán las máximas autoridades del grupo empresario, con un cronograma que se extiende hasta el 18 de diciembre.
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