La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de 14 exfuncionarios de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz y de un técnico ligado al empresario Lázaro Báez, al considerar que cada uno de ellos tuvo un rol relevante en las maniobras que beneficiaron de manera recurrente e irregular al grupo Austral Construcciones en la adjudicación de obras públicas viales durante los gobiernos del matrimonio Kirchner.
La resolución fue dictada por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala II, quienes avalaron el criterio del juez federal Julián Ercolini. El magistrado había imputado a los funcionarios provinciales como coautores de fraude en perjuicio a la Administración Pública y a José Carlos Pistán, representante técnico de las firmas del empresario Báez, como partícipe necesario del mismo delito.
Los jueces coincidieron en que los acusados incumplieron de manera sistemática con sus obligaciones, al omitir una serie de controles y verificaciones que debían garantizar la transparencia del proceso de licitaciones públicas. Esa omisión, explicaron, permitió alcanzar el “resultado criminal” que fuera “oportunamente probado en las actuaciones principales”, en alusión al juicio por la causa conocida como “Vialidad”, donde la expresidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta junto a Báez y otros imputados.
Entre los procesados de la resolución de la Alzada figuran Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera y Juan Gelves.
De acuerdo con la Cámara Federal, los funcionarios santacruceños constituyeron “un engranaje esencial” que facilitó el direccionamiento de las obras viales hacia las constructoras del grupo Báez. La maniobra incluyó prácticas como la participación simultánea de las mismas firmas en licitaciones, adjudicaciones rápidas y con montos que excedían su capacidad técnica, pagos anticipados y prórrogas injustificadas en los plazos de entrega.
“El hecho de que esas conductas se repitieran durante más de una década, sin correcciones internas, demuestra que no se trató de irregularidades aisladas ni de errores administrativos, sino de un esquema estructurado para favorecer de modo sistemático a un grupo empresario determinado”, remarcaron los magistrados de la Sala II.
Para los camaristas, a su vez, las conductas de los imputados provinciales posibilitaron la implementación de la “maquinaria de corrupción” en el ámbito local, dentro del marco de competencias que les correspondía en materia de obras públicas viales. Sin embargo, el tribunal diferenció la magnitud del perjuicio económico en comparación con el nivel nacional, al señalar que los exfuncionarios santacruceños tuvieron una “menor capacidad de daño” que la atribuida a los funcionarios federales condenados en el proceso principal.
En virtud de esa diferencia, la Cámara Federal reajustó el monto del embargo dispuesto sobre los bienes de los distintos acusados, que ahora quedó fijado en una suma de 8.000 millones de pesos, muy por debajo de los más de 600 mil millones establecidos entonces en el tramo central de la causa.
La decisión consolida la línea de investigación que describió un mecanismo de corrupción sostenido en el tiempo dentro de la estructura estatal santacruceña, utilizado para favorecer de manera recurrente al empresario Báez -ex socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner- entre los años 2003 y 2015.
Con la confirmación de los procesamientos, además, el expediente derivado del esquema principal quedó en condiciones de continuar su curso en la etapa instructoria, donde el Ministerio Público Fiscal apunta a recabar elementos para debatir responsabilidades penales en un eventual juicio oral.
Mientras tanto, en las actuaciones centrales, la Cámara Federal de Casación ratificó la semana pasada la competencia del TOF N°2 para ejecutar el decomiso de los bienes de los condenados con el fin de recuperar activos ligados a la corrupción.
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