Archivaron 176 denuncias contra jueces federales: la mayoría no fueron revisadas o pasaron tres años sin actividad

El plenario del Consejo de la Magistratura archivó el pasado miércoles 176 expedientes que contenían denuncias contra jueces federales. En su gran mayoría fueron desestimadas in límine -sin ser analizadas en profundidad- o por caducidad, luego de que pasaran tres años sin avances desde su radicación.

Las comisiones de Disciplina y Acusación giraron al cuerpo más de un centenar de casos entre los que también se trataron procesos devenidos en “abstractos” por jubilaciones o renuncias, entre ellas la del ex juez de Rosario Marcelo Bailaque, investigado por múltiples delitos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

El senador Luis Juez, que preside la comisión de Acusación, calificó esta parte de la sesión como “un papelón”, producto de “haber escondido atrás de un biombo las causas que nos interesa que no pase nada. Miramos para el costado, dejamos que el tiempo pase”, recriminó ante sus pares.

Y admitió: “Me da vergüenza que tengamos institucionalizado este mecanismo”.

El consejero César Grau, quien está a cargo de Disciplina y ocupa una de las bancas en representación de los abogados, se pronunció en el mismo sentido: “Se dejó correr un reloj de arena durante tres años. Es una barbaridad, tenemos que asumir la responsabilidad y corregir hacia el futuro”.

En estas dos comisiones los consejeros tienen la misión de estudiar las denuncias contra los jueces, avanzar en la investigación de su conducta y, eventualmente, proponer al plenario sanciones disciplinarias. Los castigos pueden ir desde descuentos en el salario hasta la remoción del cargo. En Disciplina se tratan los casos más leves y en Acusación los más graves.

Fueron 58 de las 176 denuncias archivadas las que caducaron porque pasaron los tres años previstos por el reglamento del Consejo. La comisión de Disciplina tenía 49 de ellas y Acusación las 9 restantes.

Dentro de este grupo estaban los expedientes que recriminaban la conducta del juez Juan María Ramos Padilla, presidente del Tribunal Oral Criminal y Correccional N° 29 porteño, quien en 2022 había convocado a manifestaciones populares contra la Corte Suprema de Justicia y magistrados de Comodoro Py.

Otras 57 denuncias fueron desestimadas in límine por el Plenario, presidido por Horacio Rosatti. Son los casos que ni siquiera se discutieron por considerarse inadmisibles, ya sea por una improcedencia manifiesta o por defectos en la formulación.

Entre estos aparece uno contra Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, que había sido señalado por presunto falso testimonio durante una declaración que dio en el Congreso de la Nación, en el marco del juicio político a los ministros del máximo tribunal.

Luego se desestimaron otros 61 expedientes en los que sí se produjo prueba dentro de sus respectivas comisiones -58 de Disciplina y 3 de Acusación-.

Procesos de alto impacto político

Entre estos había procesos de alto impacto político, como el que se impulsó contra los magistrados Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola por el escándalo de Lago Escondido.

También una denuncia contra Patricio Alejandro Maraniello, del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5, quien prohibió la difusión de los audios clandestinos atribuidos a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Antes de ese polémico episodio había recibido nueve denuncias, cinco de ellas por presunto acoso sexual.

El listado sigue con otros magistrados como Domingo Luis Altieri, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18. Lo llevaron ante el Consejo de la Magistratura por irregularidades a la hora de condenaron a un pedófilo. Según la denuncia, el juez sentenció al acusado al mínimo de la pena, no permitió a la víctima ser querellante, no habilitó una serie de pericias solicitadas y tampoco aplicó la perspectiva de género en su fallo.

También quedó archivada una investigación contra Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, juez federal en Paso de los Libres, Corrientes.

De acuerdo a lo expuesto en la sesión por Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y consejero, en un caso de narcotráfico este magistrado demoró dos años entre la indagatoria y el procesamiento del principal acusado, cuando el plazo previsto por la ley es de diez días.

Justo antes de votar la desestimación de esta denuncia se hizo una pausa para esperar a una consejera que había ido al baño. Frente a lo que consideró una infracción alevosa, Amerio pidió a sus pares durante el intervalo que “lo repensemos todos juntos, aunque sea un minuto, mientras aprovechamos el llamado de la naturaleza”. La súplica no prosperó, aunque sumó un puñado de abstenciones.

El bloque disciplinario concluyó con un único dictamen para tratar un proceso de remoción contra un juez: Marcelo Bailaque.

El último 1 de julio el presidente de la Nación, Javier Milei, aceptó la renuncia del entonces titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario y así su destitución devino en abstracta.

Al renunciar, Bailaque se aseguró la posibilidad de tramitar la jubilación de privilegio con el régimen judicial de Santa Cruz, donde fue juez de instrucción.