Algunos de los empresarios acusados en la causa de los cuadernos de las coimas, que declararon como arrepentidos, ofrecieron sumas a simple vista siderales para lograr su sobreseimiento, una maniobra prevista en el artículo 59 del Código Penal.

Ángelo Calcaterra, por ejemplo, ofreció $2492 millones al Tribunal Oral Federal N°7 que se encargará de juzgarlo desde este 6 de octubre; Benito Roggio, $1875 millones. Enrique Pescarmona, otros $510 millones. Quítenle algunos ceros a estas sumas con la conversión al dólar, libre u oficial, y, en el fondo, no es tanto. El financista Ernesto Clarens ofreció pagar en especies, con un departamento en Miami y un yate amarrado en Miami también, valuados por Clarens en más de un millón y medio de dólares.

Pero uno de estos empresarios imputados, arrepentido también, no hizo oferta alguna. Carlos Enrique Wagner es una estrella en la causa, ciertamente. No por su perfil. No es tan famoso; no es Roggio, Calcaterra o Pescarmona. Pero su cercanía con el poder kirchnerista fue notable.

También, fue una estrella por su rol en la historia.

Wagner, mediante su defensa encabezada por el abogado Zenón Ceballos, decidió no comprar su sobreseimiento, no por un acto de contrición, si uno prefiere un término religioso, para expresar culpa genuina. “Decisión política”, aseguran cerca de Wagner, pero nada tiene que ver con la política misma, sino con un poco de sentido común.

Cerca de Wagner, consideran lograr un sobreseimiento por plata es una causa perdida: la fiscal acusadora del proceso, Fabiana León y el fiscal federal Paul Starc, cabeza de la UIF, querellante en el caso, se opusieron con fuertes términos. “Es un trámite que consideramos inconducente”, continuaron.

Muchos de los empresarios del caso, interesados en una puerta que había abierto los abogados del imputado Roberto Orazi, entraron a la reunión convocada por Zoom por el TOF N°7 la semana pasada para tantear las aguas, sin una propuesta de dinero inmediata. Luego, abrieron sus chequeras. El Tribunal N°7 aún no resolvió sobre las propuestas realizadas. Altas fuentes en Comodoro Py consideran sumamente difícil que la historia prospere. Mientras tanto, queda la causa que Wagner enfrenta.

Al contrario de otros empresarios, que solo pagaron coimas, el ex titular de la Cámara de la Construcción, hoy de 83 años, fue elevado a juicio por el juez Claudio Bonadio, acusado de ser un organizador de la asociación ilícita que supuestamente encabezaron De Vido y CFK, que lo recibían con reuniones gratas en la Casa Rosada, además del pago de siete sobornos. Ningún otro empresario fue acusado de ser un organizador. En la lista de acusados, Wagner está allá arriba con la cúpula política: los otros empresarios siguen mucho después.

La clave para acusarlo se centra en la declaración de otro arrepentido clave: el ex secretario de Obras Públicas José López, el hombre de los bolsos en el convento. López aseguró que Wagner era quién marcaba qué empresa sí, y qué empresa no para entrar en lo que llamaba “el club”.

Qué dijo Wagner y qué dijo López

Wagner aseguró en su confesión a la Justicia: “Estos montos de dinero eran entregados a alguno de los recaudadores. Roberto Baratta disponía quién iba a recaudar. Lo mismo el ingeniero López”. Ambos solían decir que era “plata para arriba”.

López aseguró, frontal: “Yendo a lo específico, al tema que hoy nos convoca quiero manifestar que lo que planteó Wagner era así”.

“Yo lo que puedo aportar es específicamente de las obras viales, que eran justamente las obras de mayores montos que se manejaron en la secretaria de obra pública. Para comenzar durante el periodo 2005 - 2010 se desarrolla un sistema que consistía en recaudar y mi función era de coordinar con Daniel Muñoz (nota: secretario privado de Néstor Kirchner, fallecido en 2016) para que él fuera el depositario de lo que las empresas que había nominado Wagner pudieran hacer su objetivo".

“Los porcentajes variaban entre el 3, 5 y rara vez el 7 por ciento, se desarrollaban en los anticipos financieros, y si no tenia anticipo financiero sobre los certificados. El anticipo financiero era el 10 por ciento de la obra y de ese porcentaje se cobrara el cinco por ciento”, continuó el ex secretario.

López finalizó su relato con otra mención a Wagner:

“Después de 2015 tuvimos poca participación, porque nos hicieron un requerimiento de $45 millones de pesos entre Baratta y yo. Ahí Baratta me pidió $1,2 millones, nominado con listado de aportantes, se lo habían pedido a él, no me supo decir más. Así fue como armé el esquema se lo mande a Wagner”.

De acuerdo a la imputación del juez Bonadio, Wagner pagó, al menos, un millón y medio de dólares en presuntos sobornos con la firma Esuco SA, a lo largo de tres años, con Roberto Baratta y su secretario personal, Nelson Lazarte, como cobradores. Al menos dos de estos pagos habrían llegado hasta Cristina Kirchner.

Con el tiempo, Wagner intentó retroceder en su confesión, asegurando que fue realizada bajo coerción, sin éxito, un planteo que llevó hasta la Corte Suprema y que el máximo tribunal rechazó en julio último.

En la investigación, el empresario, que había sido detenido inicialmente por orden del juez Bonadio, describió cómo funcionaba el sistema de supuestas cartelización de la obra pública a través de determinadas empresas que recibían contratos en las gestiones del kirchnerismo. Según aseguró, negociaba con De Vido la entrega de los pagos como adelantos de obra que pagaba el Estado.

López no siempre fue un intermediario. El análisis al teléfono de Baratta reveló llamados directos entre Wagner y el segundo del ex ministro de Planificación.