El acceso de los acusados y sus defensas a las pruebas en la causa por supuestos pagos de Sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) permitirán que salgan a la luz buena parte de los materiales secuestrados estas semanas. Según fuentes de la investigación, todo ese material, que permanece bajo cadena de custodia, está siendo revisado tanto de manera manual como mediante programas informáticos específicos.
El fiscal Franco Picardi, a quien el juez federal Sebstián Casanello delegó la investigación, aún no pudo examinar la totalidad de los elementos incautados.
En cuanto a los dispositivos electrónicos, los peritajes sobre el celular del ex funcionario Ricardo Garbellini no arrojaron información relevante para la causa, y persiste el escepticismo respecto a los teléfonos de la familia Kovalivker, que también están bajo análisis.
Además, en los últimos días se intentó poner en línea el servidor de la droguería Suizo Argentina y se comenzaron a analizar los sistemas de la Andis para revisar las contrataciones en la compra de medicamentos, una tarea que demandará varias semanas.
Por otra parte, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) continúa examinando la documentación incautada en busca de sobreprecios y anomalías en los procedimientos.
Uno de los elementos centrales de la causa son los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis, en los que se describe el supuesto reparto de sobreprecios entre funcionarios. La difusión pública de estos audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró el avance de la investigación.
El fiscal ordenó la transcripción de los archivos y tanto las defensas como la organización Poder Ciudadano solicitaron peritajes para verificar la autenticidad de las voces y determinar si los archivos fueron editados. Paralelamente, la defensa de la droguería pidió que se anulen como prueba.
Spagnuolo continúa sin designar abogado defensor, pero la ley solo exige contar con representación legal en caso de existir una imputación formal o un acto específico que así lo requiera.
Con esta transición, la investigación deja atrás la etapa de medidas urgentes y se orienta hacia un proceso de análisis técnico de la evidencia reunida.
La investigación
La causa se inició tras la denuncia presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner en causas civiles, y se apoya en pruebas como declaraciones de allegados, registros de acceso a barrios privados y pericias sobre dispositivos electrónicos.
El abogado de Suizo Argentina, Martín Magram, sostuvo que las operaciones de compra de medicamentos ya habían sido objeto de una investigación previa, archivada por inexistencia de delito, e invocó el principio de ne bis in idem, que impide juzgar dos veces los mismos hechos. Esta postura fue objetada por la Fundación Poder Ciudadano, que se manifestó en contra del pedido de nulidad presentado por los dueños de la droguería. A partir de este momento, y luego de escuchar la opinión del fiscal, el juez Casanello podrá resolver este aspecto central del expediente.
La declaración testimonial de Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, también impulsó la investigación. Ante el fiscal Picardi, Cerimedo confirmó que en las conversaciones el exfuncionario mencionaba a Karina Milei y a Lule Menem, en concordancia con lo que surge de los audios. Además, relató que Spagnuolo le expresó su malestar por haber sido excluido del negocio.
En el marco de la causa, la Justicia dispuso el acceso al contenido de las cajas de seguridad de exfuncionarios como Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Garbellini y la familia Kovalivker, con el objetivo de evitar la eliminación de documentos que pudieran constituir pruebas.
La Justicia también incautó los correos laborales y el contenido del servidor de Suizo Argentina. Según la investigación, la Andis no realizaba las compras de medicamentos mediante licitaciones tradicionales, sino a través de concursos privados de precios para cada fármaco, en función de la necesidad de cada paciente. Suizo Argentina figura como proveedor central en este esquema por su capacidad logística y sus entregas diarias en todo el país. La compañía, con más de 100 años de trayectoria en el mercado, aseguró que solo el 10 % de su facturación depende de contratos con el Estado y que su negocio principal es abastecer a farmacias, clínicas, hospitales, prepagas y obras sociales.
El levantamiento del secreto de sumario permitirá ahora un análisis más exhaustivo de la evidencia secuestrada en esta investigación.
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