La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes un planteo formulado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que pretendía frenar las subastas de bienes de Austral Construcciones S.A., propiedad del empresario Lázaro Báez, en el marco de su proceso de quiebra. Con esta resolución, el máximo tribunal dio luz verde para avanzar con la ejecución.
El TOF N° 5, que tiene a cargo causas de peso como “La Rosadita” o la “Ruta del Dinero K”, había solicitado al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28 de CABA que lleva adelante el proceso de quiebra de Austral Construcciones, que se abstuviera de subastar determinados bienes de la empresa.
Este pedido se fundamentó en la existencia de medidas cautelares sobre dichos activos, dispuestas en la causa penal con miras a un posible decomiso.
Para comprender la magnitud del conflicto, resulta necesario recordar el contexto de la causa conocida como “La Rosadita”. Esta investigación indagó sobre la presunta intervención de Lázaro Báez y un conjunto de personas y empresas, englobadas bajo la denominación “Grupo Austral”, en una compleja operatoria de lavado de dinero.
Según los elementos de la investigación, el dinero en cuestión provendría, presuntamente, de actos de fraude contra la administración pública perpetrados en la causa “Vialidad” o, alternativamente, de maniobras de evasión tributaria. En este marco, el TOF N° 5 tiene a su cargo la ejecución penal de las conductas vinculadas al “Grupo Austral” y sus integrantes. Por otro lado, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, subrogado por el juez Jorge Sícoli, tramita de forma paralela la quiebra de Austral Construcciones.
La disputa surgió específicamente cuando el tribunal penal requirió al juez comercial que detuviera las subastas de bienes de la empresa de Báez. La razón expuesta fue la posibilidad de que estos activos fueran objeto de un eventual decomiso en la causa penal que llevaba adelante el TOF 5.
Sin embargo, el juzgado comercial consideró que la solicitud resultaba improcedente. Esta postura generó el conflicto de competencia que finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para su resolución.
El máximo tribunal debía determinar si la causa penal, con su objetivo de recuperar activos ilícitos, merecía prevalecer sobre un proceso de quiebra comercial que busca satisfacer a los acreedores de una empresa en bancarrota.
La Corte Suprema intervino para resolver este entramado de competencias que enfrentó a dos fueros judiciales. Para emitir su fallo, el máximo tribunal se remitió al dictamen del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, cuyos fundamentos y conclusiones compartió íntegramente.
En su resolución, firmada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz, la Corte entendió que no existe ninguna norma que establezca una prioridad de la causa penal, en lo que respecta a la recuperación de bienes por lavado de activos, sobre un proceso de índole comercial donde la finalidad es la satisfacción de las deudas que la empresa mantiene con otros particulares. Con base en este razonamiento, la CSJN dio la razón al juez comercial y consideró improcedente el pedido que había realizado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5.
La decisión de la Corte Suprema ratificó la postura de que los procesos penales y comerciales operan bajo marcos legales separados en lo que respecta a la disposición de bienes en situaciones de quiebra.
Tras la resolución, la Corte Suprema dispuso la devolución de las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. Esta medida permitió que el proceso de quiebra de Austral Construcciones S.A. continúe su curso bajo la órbita del juzgado comercial, incluyendo las subastas de bienes, sin la interrupción que buscaba la instancia penal.
Tras el fallo de este martes, está previsto que la subasta continúe el próximo 25 de septiembre, cuando se escucharán las ofertas por un predio y un obrador ubicados sobre la Ruta 3, en Río Gallegos, además de vehículos y maquinaria pesada que, hasta ahora, estaban entre los lotes embargados en causas de corrupción.
La base para los remates de las propiedades ronda los 2 millones de dólares. Cabe destacar que la mayoría de los vehículos se encuentran en malas condiciones y sin mantenimiento.
El detalle de cada lote podrá observarse próximamente en la página web oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encargará del trámite a través de la Dirección de Subastas Judiciales, ubicada en Jean Jaurés 545. Estarán en exhibición para los interesados el 19 y 20 de este mes, de 10 a 14.
Últimas Noticias
Les cancelaron el vuelo de regreso de Brasil por un paro general, demandaron y perdieron el juicio
El regreso de una pareja desde Brasil se postergó varios días debido a una huelga nacional convocada en la Argentina por la CGT. La Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo de la demanda contra la aerolínea internacional al considerar que la medida gremial constituyó un caso de fuerza mayor y que la compañía cumplió con sus obligaciones de asistencia e información durante la demora
De la obra pública al lavado de dinero: las causas que comprometen a Lázaro Báez
El empresario cumple una pena unificada de 15 años y aún enfrenta nuevos procesos judiciales
Un jubilado descubrió que su sobrina lo había engañado para que le vendiera su casa: la Justicia declaró nula la escritura
Un hombre de 88 años demandó a una mujer a la que consideraba su “sobrina del corazón” y logró que se anularan el boleto de compraventa y la escritura de su vivienda a favor de ella. El fallo también dejó sin efecto una declaración de convivencia firmada por la misma escribana. El magistrado consideró que la mujer había actuado con dolo esencial y ordenó pagar una indemnización por daño moral, además de las costas del juicio
Los números de Cuadernos: faltan 208 testigos en la causa por corrupción “más extensa de la historia judicial argentina”, según la fiscalía
Se cumplió un año desde el inicio del debate y el equipo que encabeza la fiscal Fabiana León considera que hay un "ritmo sostenido y favorable" en el juicio a Cristina Kirchner y otros 84 acusados
Festejaba el cumpleaños de su hermanito y se accidentó en un salón de fiestas infantiles: deberán pagarle más de $11 millones
Una niña de 9 años cayó desde unos tres metros de altura cuando se desprendió una tabla de la pasarela del tobogán. Un juzgado de San Isidro responsabilizó al propietario del local, declarado en rebeldía por no comparecer en la causa, y lo condenó a indemnizar a la familia por la incapacidad, el daño moral y los gastos médicos derivados del accidente
