Los presidentes de Cámaras Federales Penales expresaron su preocupación por el DNU que regula la administración de bienes decomisados

La reunión de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales Penales celebrada en Córdoba marcó un punto de inflexión institucional: el cuerpo expresó su preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025, que regula la administración de bienes incautados en causas de actividades ilícitas. En un contexto de alta sensibilidad política y judicial, el pronunciamiento fue acompañado por declaraciones vinculadas a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Levinas II” y la denuncia de intromisión en el domicilio de una magistrada federal de Rosario.

Según los tres comunicados debatidos y enviados por los presidentes de las Cámaras Federales, el DNU en cuestión introduce una serie de obstáculos a la operatividad judicial. La advertencia destaca “las dificultades que se presentarán frente a la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 575/2025”, según consta en el texto difundido por la Junta. Alude a posibles contradicciones normativas y superposiciones regulatorias que, lejos de clarificar, pueden agravar las problemáticas en la administración de activos sustraídos al delito.

Javier Leal de Ibarra, Abel Sánchez Torres, Mariana Catalano, Roberto Hornos, Mariano Llorens, Rocío Alcalá, Silvina Andalaf, Beatriz Aranguren, Mario Boldú, Pablo Candisano, Jorge Eduardo Di Lorenzo, Marcelo Fernández, Ramón Luis González, Mariano Lozano, Patricia Moltini y Juan Ignacio Pérez Curci remarcaron en el comunicado su inquietud por los efectos prácticos del DNU sobre el “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita”. El documento advierte que existe riesgo de impactar negativamente en la función judicial y en la transparencia del destino de los recursos.

Uno de los puntos señalados por la Junta pone en cuestión el desconocimiento parcial del trabajo realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de decomisos, específicamente a través de la reciente Acordada N.º 22/25. Según el comunicado oficial de los jueces federales, esta norma estableció un “Reglamento de efectos secuestrados que no puedan ser devueltos a sus dueños y objetos decomisados”, línea que se viene consolidando desde 1991 y que habría sido soslayada por la nueva disposición presidencial.

El análisis de los magistrados federales advierte también que la implementación del DNU podría afectar la Ley de Autarquía Judicial n.º 23.853, en cuestiones vinculadas a los recursos propios del Poder Judicial de la Nación. El texto señala que estos fondos conforman parte esencial del presupuesto y que el DNU puede alterar el destino final al que deberían asignarse.

Frente a este panorama, los titulares de las Cámaras de Apelación firmantes instaron al diálogo institucional. “Propiciamos el diálogo institucional a todos los actores involucrados a que, sin mayores dilaciones, adopten acciones concretas para arribar a soluciones integrales”, expresa el comunicado reproducido por la Junta y citado por Noticias Argentinas.

Durante la misma reunión, la Junta emitió un segundo documento relativo al Fallo Levinas II, ratificado por la Corte el pasado 17 de julio en la causa “Haras El Moro S.A.”, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Patricia Marcela Moltini y Pablo Candisano Mera. En este pronunciamiento, los magistrados federales refrendaron la defensa de la institucionalidad, la independencia funcional del Poder Judicial y repudiaron todo acto que desacredite a la Corte Suprema, ya sea con sus integrantes permanentes o con conjueces. La Junta hizo referencia directa a “constantes afrentas que ha recibido la Corte Suprema”, subrayando que esas descalificaciones “menoscaban la función jurisdiccional y la independencia del Poder Judicial, en exclusivo desmedro de la administración de justicia y del Estado democrático de derecho”.

El mismo texto institucional aclara que el derecho de expresión y a peticionar ante las autoridades está garantizado, pero que el disenso “no autoriza el agravio o el descrédito personal hacia los magistrados que han tomado decisiones en la cuestión sometida a su juicio”. Según describió la Junta de Presidentes, es imprescindible que las críticas a los fallos judiciales “siempre sean ejercidas en un marco de diálogo respetuoso”.

El tercer comunicado surgido de la cita en Córdoba se centró en la situación de Natalia Martínez, jueza federal de Rosario que sufrió una intromisión en su domicilio. Los representantes de las Cámaras federales expresaron “preocupación frente a los hechos de los que resultara víctima la Sra. Jueza Federal de Rosario”. El cuerpo manifestó “su plena solidaridad” con la magistrada y reiteró el compromiso de defender la función jurisdiccional libre de presiones o amenazas. El texto también exhortó a las autoridades estatales a realizar una investigación exhaustiva y demandó “todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la magistrada y la de todos los integrantes del Poder Judicial”.

La Junta de Presidentes sostuvo que “el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la unidad en defensa de la justicia serán el camino para superar este tipo de hechos que pretenden erosionar la vigencia de la ley y la paz social”. La reunión de los principales referentes del fuero penal federal dejó planteadas demandas directas hacia los restantes poderes del Estado para asegurar condiciones de independencia y resguardo en el ejercicio de la función jurisdiccional.