Ninguno de los nueve condenados en la causa de Vialidad entregó hoy la totalidad o parte de los $684 mil millones (unos 537 millones de dólares) que se estableció como decomiso de la maniobra fraudulenta. Así, el Tribunal Oral Federal 2 quedó en condiciones de avanzar con el remate de los bienes de los condenados.
Los jueces deben resolver el pedido de la ex presidenta Cristina Kirchner para que se suspenda el decomiso, se establezca un nuevo monto y que el caso pase a la justicia civil y comercial federal.
Hoy a las 9:30 horas venció el plazo de 10 días hábiles que el tribunal oral les había dado a los nueve condenados para cumplir con el decomiso. Fuentes judiciales informaron a Infobae que ninguno de ellos hizo el pago ni realizó otro tipo de presentaciones. Entre ellos están, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.
Con el plazo vencido, el tribunal quedó en condiciones de avanzar con el remate de los bienes que están a su nombre para avanzar con el recupero del dinero, una de las claves de la condena en las causas de corrupción.
La única presentación de los condenados la hizo la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi. Fue ayer, un día antes del vencimiento del plazo.
La ex mandataria pidió la suspensión del decomiso. Para la defensa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que elaboraron un listado de sus bienes y los de sus hijos, al igual que los de Báez y el resto de los otros condenados a los efectos de ser ejecutados si incumplen la orden de pagar, “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial que permita probar, con el grado de certeza necesario para imponer una sanción penal, cuáles son los bienes que son encuadrables bajo la tipología prevista en el art. 23 del Código Penal”.
Y precisó: “La conducta de los fiscales impidió que en la sentencia se llevara a cabo una determinación precisa de cuáles son los bienes que pretenden ser decomisados, por haberse probado que constituyen los instrumentos, el producto o el provecho del delito por el que se dictó condena”.
“No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables. En otras palabras, no tengo bienes que sirvan a esos fines y que consecuentemente puedan ser ejecutados", agregó la ex presidenta.
Y concluyó: “Lejos de ello, toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima“.
La expresidenta también cuestionó la metodología del cálculo que realizaron los magistrados para determinar la suma a decomisar como sanción adicional a las condenas dictadas en “Vialidad”. Impugnó el “procedimiento seguido por el Tribunal” y solicitó que “sea revisado” en tanto “adolece” de “errores fácticos y jurídicos”.
Los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizaron el monto del decomiso en 684 mil millones de pesos en base a la inflación por el Índice de precios al Consumidor del INDEC. Pero el perito de la ex mandataria utilizó otro cálculo en base a la tasa del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y concluyó que el decomiso debía ser de 42 mil millones de pesos.
La defensa quiere discutir ese aspecto y así apeló el fallo del tribunal oral para que sea revisado por la Cámara de Casación. También reclamó que el caso pase a la justicia civil y comercial federal donde tramita un reclamo civil contra la ex presidenta.
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