En un nuevo capítulo de la disputa entre la Provincia de Buenos Aires y la administración nacional, el gobernador Axel Kicillof presentó este martes un escrito ante la Corte Suprema de la Nación para que el máximo tribunal se expida sobre una denuncia iniciada el 26 de abril de 2024. El reclamo central apunta al reintegro de fondos previsionales que, según el gobierno bonaerense, la Nación le debe en concepto de compensación por el déficit del régimen jubilatorio provincial no transferido a la órbita federal.
El escrito, firmado por Kicillof y el fiscal de Estado de la provincia, Hernán Gómez, solicita que la Corte “se expida sobre su competencia” y convoque a una audiencia entre las partes “a fin de procurar una salida conciliatoria” frente a la “apremiante situación económica” y los intereses previsionales comprometidos.
En total, la deuda reclamada por la administración bonaerense asciende a $12,1 billones, según un informe actualizado presentado el lunes por el Ministerio de Gobierno. Esa cifra incluye montos por deudas directas, obras públicas comprometidas no realizadas y programas nacionales discontinuados o demorados.
Deudas previsionales y reclamos
En su presentación ante la Corte, el gobierno bonaerense volvió a pedir que se declare la inconstitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024 y que se restablezcan las transferencias mensuales de ANSES a la Caja Jubilatoria de la provincia, tal como lo establece el decreto 730/2018. De acuerdo con la normativa, ANSES debe girar mensualmente “una doceava parte del último monto total del déficit” a las cajas provinciales no transferidas.
Kicillof también reclamó ser tratado en igualdad de condiciones que otras provincias que ya lograron avanzar en causas similares. En el escrito se citan como antecedentes los casos de Córdoba y Santa Fe, cuyas demandas fueron consideradas por la Corte con la convocatoria a audiencias en marzo y junio, respectivamente.
“Solicitamos el mismo tratamiento que se ha otorgado a otras provincias en procesos similares”, indicó el gobernador.
El desglose de la deuda
Durante una conferencia de prensa brindada el lunes en La Plata, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, presentó un informe detallado que cuantifica y clasifica la deuda total que la Nación mantiene con la provincia. El documento agrupa los pasivos en tres grandes bloques:
- Deudas directas ($3 billones): incluyen fondos previsionales de ANSES, transferencias para educación y salud, convenios de asistencia financiera, equipamiento médico, programas de salud sexual, maternidad, entre otros.
- Obras públicas comprometidas ($6,9 billones): abarcan 180 obras de infraestructura paralizadas, programas de vivienda como Procrear y Casa Propia + Reconstruir, convenios con universidades, hospitales, y el Fondo de Integración Socio-Urbana.
- Programas nacionales interrumpidos o demorados ($2,2 billones): como el Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, subsidios al transporte público, asistencia alimentaria a comedores, programas como Acompañar, Remediar, Potenciar Trabajo y otros.
Bianco señaló que la presentación judicial de este martes es la séptima que realiza la Provincia ante la Corte Suprema contra el gobierno de Javier Milei, en el marco de lo que considera una retención indebida de fondos públicos.
El reclamo bonaerense no fue solo jurídico. Durante la misma conferencia, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis lanzó fuertes críticas al gobierno nacional. “El gobierno nacional se roba la plata de la provincia de Buenos Aires, se queda con dinero que tiene una afectación específica en infraestructura”, denunció.
Multiplicidad de reclamos
En los próximos meses, la Corte Suprema deberá analizar los reclamos millonarios presentados por casi todas las provincias contra el Estado Nacional, generados no sólo durante la gestión de Javier Milei, sino también en administraciones anteriores.
El monto total de todas estas demandas alcanza los $1.867.616.986.145, lo que equivale a casi dos billones de pesos, sin contemplar los intereses ni aquellos montos que aún no han sido determinados, de acuerdo con fuentes del máximo tribunal.
Esta cifra da cuenta de la magnitud de la carga fiscal que pesa sobre el Estado Nacional como consecuencia de los litigios iniciados por distintas provincias y que deberán ser resueltos por la Corte Suprema. Cabe señalar que esta suma no incluye las actualizaciones que podrían acumularse a lo largo del tiempo ni aquellos reclamos cuyo valor final dependerá de liquidaciones futuras.
Lo más significativo del panorama es que prácticamente todas las jurisdicciones provinciales sostienen demandas activas contra el gobierno central. Estas acciones judiciales abarcan un amplio abanico de temas, que van desde el financiamiento del sistema previsional y la distribución de los fondos de coparticipación hasta el manejo y la administración de recursos considerados estratégicos.
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