“Mi hijo el doctor” solía ser el sueño cumplido de las familias inmigrantes que llegaron a la Argentina, buscando un futuro mejor. Durante muchas décadas, el título universitario o un puesto de funcionario era la llave mágica a la estabilidad, el ascenso social y, por qué no, a cierta dosis de orgullo familiar. Pero en los últimos años, aún con inflación en baja, gastos y servicios en alza, y sueldos que corren siempre detrás, ni un cargo judicial garantiza llegar a fin de mes sin sobresaltos.
La prueba de esto acaba de materializarse en una resolución reveladora: un prosecretario administrativo del Juzgado Nacional Federal N°7, solicitó autorización para trabajar fuera del horario judicial como conductor de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify o Didi. Lo justificó con total sinceridad, argumentando que la plata no le alcanza.
El pedido, que fue aceptado por los jueces de la Cámara Federal, representa mucho más que una simple excepción administrativa: expone la caída de los ingresos que atraviesa incluso a quienes ostentan cargos estables en el Poder Judicial de la Nación. Según datos del sector, en estos cargos el sueldo es de unos 2.900.000 pesos, un salario que no es bajo para los promedios actuales pero que puede resultar insuficiente como único ingreso, especialmente si existen hijos a cargo.
Según consta en la resolución firmada el pasado 7 de julio por los camaristas Mariano Llorens, Roberto Boico y Pablo Bertuzzi, el prosecretario se comprometió a cumplir con toda la normativa vigente en materia de ética pública, a realizar los viajes solo fuera de su horario laboral y a no descuidar sus funciones en tribunales.
Además, acompañó al pedido de autorización “la carta oferta de provisión de servicios de intermediación de Rasier Operations B.V., bajo la licencia de ‘Uber B.V.’, y la carta de oferta de Uber One, que dan cuenta de la situación como autónomo e independiente del agente en dicha empresa”, según detalló la Cámara Federal.
El juez federal Sebastián Casanello, titular del juzgado federal 7, previamente había dado el visto bueno al pedido. “La actividad que realizará se limitará a los horarios en los que no cumple funciones en el juzgado, y por ende considero que no repercutirá negativamente en sus obligaciones como funcionario”, expresó.
La norma y las excepciones
La autorización fue posible gracias a antecedentes recientes en la Corte Suprema, que —siempre bajo ciertas condiciones— permitió excepciones al régimen estricto de incompatibilidades que rige para empleados y funcionarios judiciales.
La normativa vigente, en particular el artículo 9 del Decreto-ley 1285/1958 y el artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional (RJN), establece un sistema de incompatibilidades destinado a preservar la independencia y la imparcialidad de los jueces y funcionarios.
Sin embargo, la realidad económica ha forzado a reinterpretar estos límites. Y, a lo largo de los últimos años, varios fallos del máximo tribunal avalaron este tipo de pedidos siempre que no interfieran con el cumplimiento del cargo.
Por eso la excepcional empieza a volverse regla. La escena de un funcionario judicial por la mañana y chofer de una app de movilidad por la tarde ilustra como pocas la transformación económica del mercado laboral. Porque no se trata de changas informales, sino de una necesidad estable de complementar ingresos en profesiones que históricamente se asumían como seguras y bien remuneradas.
El sueño del ascenso social por vía del estudio universitario o de la carrera judicial se enfrenta con una nueva realidad: en la actualidad, ser funcionario en tribunales ya no asegura poder vivir de un único ingreso.
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