Causa Cuadernos: Casación rechazó un planteo de un empresario para interrogar como testigos a dos arrepentidos

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa de Pablo José Gutiérrez, uno de los empresarios acusados de ofrecer sobornos en el expediente derivado de la causa conocida como “los Cuadernos de la corrupción K”. Con esta decisión, el máximo tribunal penal del país respaldó la negativa del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) Nº 7 a citar como testigos a los coimputados Carlos Wagner y Ernesto Clarens, quienes ya declararon como imputados-colaboradores durante la etapa de instrucción.

El fallo, firmado por los camaristas Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, se conoció a menos de cuatro meses del inicio del juicio oral y público, previsto para el próximo 6 de noviembre en los tribunales de Comodoro Py, donde se escucharán los testimonios de más de 600 testigos convocados por las distintas partes del proceso penal.

En este caso, la defensa de Gutiérrez había solicitado, como medida de instrucción suplementaria en los términos del artículo 354 del Código Procesal Penal, que el financista Ernesto Clarens y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Guillermo Enrique Wagner, declaren en calidad de testigos -con la obligación de decir la verdad- durante el debate. El planteo fue rechazado en diciembre de 2024 por el TOCF 7, que consideró que la propuesta era “impertinente” y contraria a la garantía constitucional contra la autoincriminación, ya que ambos se encuentran imputados en las actuaciones.

Frente a ese rechazo, la defensa particular de Pablo José Gutiérrez interpuso un recurso de casación, que fue desestimado. Luego elevó una queja directamente ante el máximo tribunal penal federal, también rechazada. Por último, el apelante presentó un recurso extraordinario contra la resolución de la Sala III que rechazó darle tratamiento a la queja.

En el voto que lideró el acuerdo, el juez Mahiques argumentó que el planteo presentado no reunía los requisitos formales establecidos por la Ley 48 ni configuraba una “cuestión federal suficiente”. A su término, su colega Borinsky destacó que la impugnación no se dirigía contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal, y que tampoco se advertían defectos que habilitaran la doctrina de la arbitrariedad.

Según surge del expediente, el juicio oral incluirá a más de un centenar de imputados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el exministro de Planificación Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; y empresarios como Ángelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri-; Enrique Pescarmona, Néstor Otero, Cristóbal López, Aldo Roggio y Claudio Uberti, entre otros.

La causa “Cuadernos” tuvo origen en las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo. En sus ocho libretas, Centeno describió presuntos recorridos realizados entre 2005 y 2015 para recolectar bolsos con dinero que empresarios habrían pagado como sobornos a funcionarios del gobierno nacional.

Esas libretas fueron entregadas al periodista Diego Cabot, del diario La Nación, y dieron lugar a una megainvestigación liderada por el ya fallecido juez federal Claudio Bonadio, junto al fiscal Carlos Stornelli. Durante la instrucción, el expediente fue ampliado con causas conexas como la cartelización de la obra pública, el financiamiento de campañas electorales, subsidios al transporte y distintas maniobras de lavado de activos.

En este contexto, el Tribunal Oral Federal Nº 7 porteño dispuso en diciembre pasado que el debate se desarrollará todos los jueves por medios virtuales a partir del 6 de noviembre. Esta medida busca hacer viable un proceso de alta complejidad, con múltiples pruebas para analizar. Para el caso, el tribunal ordenó medidas periciales sobre los manuscritos atribuidos al ex chofer, cuya autenticidad fue puesta en duda por algunas defensas. En paralelo, requirió informes a distintos organismos estatales, declaraciones juradas, balances de las empresas investigadas y registros de causas asociadas, como “Hotesur-Los Sauces”, las pesquisas contra el empresario Lázaro Báez y las comunicaciones del exsecretario José López.

Por otra parte, entre los primeros nombres que figuran para declarar en noviembre se encuentran Hilda Horovitz, exesposa de Centeno; Miriam Quiroga, exsecretaria del expresidente Néstor Kirchner; y Jorge Bacigalupo, un expolicía amigo de Centeno que entregó los cuadernos al periodista.