El Consejo de la Magistratura comienza a trabajar para solucionar un conflicto con una escuela vecina a Comodoro Py

Este jueves, tras casi seis años de controversias, se determinó que la Dirección General de Infraestructura de la Magistratura comenzará a trabajar en darle una respuesta a un reclamo realizado por parte de un grupo de padres de alumnos de una escuela lindante con el edificio Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.

Fue la Cámara Federal de Casación Penal, responsable como superintendencia del edificio, la que dio su aval para que se comiencen esas tareas, tras ratificar que el lugar pertenece al Poder Judicial de la Nación. Lo que se cuestiona desde el lado de la institución educativa es el uso del predio del estacionamiento.

La parte posterior de Comodoro Py 2002 linda con las instalaciones en donde funcionan la Escuela Infantil N° 5 y la Primaria N° 25 Bandera Argentina, sobre la calle Letonia, en la zona conocida como Polo Educativo Mugica.

La cronología del conflicto

En octubre de 2019, un grupo de padres de alumnos de esas escuelas presentaron una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionando la colocación de una reja que, según ellos, bloqueaba el acceso de vehículos de emergencia al establecimiento educativo.

En su reclamo sostuvieron que la colocación de un cerramiento en la vereda lindante a la calle Letonia impide su uso público y obstaculiza el acceso del transporte escolar y de servicios de emergencia, comprometiendo la seguridad de la comunidad educativa. Y reclamaron la nulidad de los actos administrativos que habían autorizado la medida cuestionada.

Días antes de la demanda, el Consejo de la Magistratura –con otra composición- había recibido distintas inquietudes de abogados y representantes gremiales por esta cuestión y se consultó entonces a Casación, en su carácter de tribunal de superintendencia del edificio Comodoro Py.

En su respuesta, Casación informó que el estacionamiento cuestionado se encontraba dentro del inmueble identificado como manzana 97 (Comodoro Py 2002), propiedad del Poder Judicial de la Nación (PJN).

En ese contexto, el Consejo encomendó a la Dirección General de Infraestructura Judicial (DGIJ) la elaboración de diversos informes técnicos y catastrales. Y la DGIJ concluyó que el espacio en cuestión forma parte del predio judicial, lo que fue respaldado por la ficha parcelaria y el plano índice de manzana emitidos por el GCBA (23/12/2019); el informe del Registro de la Propiedad Inmueble (16/12/2019) que confirmó la titularidad del lote bajo dominio del Estado Nacional – Poder Judicial de la Nación; y la escritura pública remitida por la Escribanía General de Gobierno de la Nación (30/12/2019), junto con el plano de mensura particular M-120-2010.

De allí entonces se concluyó que el estacionamiento lindante al Polo Educativo Mugica está íntegramente ubicado dentro del predio judicial y no sobre espacio público.

En marzo del 2020, el Gobierno porteño presentó a la Cámara Federal de Casación Penal un proyecto para mejorar la accesibilidad de vehículos de emergencia, validado por personal del SAME y Bomberos. Y en octubre del mismo año, la Intendencia de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso asignar cinco módulos del estacionamiento del PJN para el uso exclusivo de ambulancias y bomberos.

Además, en mayo de 2021, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del GCBA ratificó mediante un informe técnico que la evacuación del Polo Educativo no requiere ingreso al predio judicial y que se dispuso una dársena de acceso para emergencias equivalente a cinco cocheras, accesible desde Letonia y desde otras arterias (Comodoro Py y Combate de Costa Brava). Y el área de Policía Federal también sustanció una serie de informes señalando que “el portón lindante con la calle Letonia se encuentra custodiado y permanece funcional para el ingreso de emergencias, sin constituir barrera física”.

Mientras estas gestiones se llevaban adelante, en diciembre del 2021, una jueza de primera instancia de la justicia porteña hizo lugar a la medida cautelar, decisión que fue apelada por el Gobierno de la Ciudad Buenos Aires, que pidió integrar al caso al Estado Nacional.

La Cámara hizo lugar al recurso y el Consejo de la Magistratura de la Nación se presentó en el expediente para informar la legitimidad del uso del espacio por parte del Poder Judicial de la Nación y que no se configura afectación alguna al espacio público ni riesgo a la integridad de la comunidad educativa. A la par, el Poder Judicial de la Nación contestó la citación y planteó la incompetencia del fuero contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El caso pasó en abril del 2024 al fuero en lo contencioso administrativo federal. La Sala Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal es la que deberá analizar la resolución dictada por la jueza porteña. Y para ello convocó a una audiencia a todas las partes que tuvo lugar el 5 de junio último, a la que asistieron una madre como actora de la demanda, la defensora pública oficial, representantes del Gobierno porteño y del Estado Nacional. Allí, todos expusieron sus consideraciones y manifestaron su compromiso para encontrar una solución.

La recta final hacia una solución

En pos de dar una solución al conflicto, la vicepresidenta del Consejo, Agustina Díaz Cordero, recibió en los últimos días el dictamen de la Secretaria de Asuntos Jurídicos de la Administración General del Poder Judicial de la Nación con una propuesta que brinde solución al reclamo de los padres de los niños. En ese contexto, Díaz Cordero notificó el informe a todos los consejeros y a la Cámara Federal de Casación.

Durante la sesión del miércoles último, se reunió la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, que encabeza Sebastián Amerio, en donde se analizó la cuestión y todos los integrantes subrayaron la importancia de resolver el problema.

Estuvieron presentes, además de Díaz Cordero y Amerio, los consejeros Álvaro González, Eduardo Vischi, Jimena De la Torre, Guillermo Tamarit, Mariano Recalde, Alejandra Provitola. Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Rodolfo Tailhade y María Inés Pilatti Vergara, junto a César Antonio Grau –quien no integra la comisión-.

Desde Casación, este jueves los jueces Daniel Petrone, Diego Barroeteveña, Angela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky firmaron una resolución en la que resolvieron “estar a las alternativas propuestas por la Dirección General de Infraestructura Judicial, y a lo que en definitiva resuelva el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en la medida en que se preserve la seguridad relativa al funcionamiento y regular circulación de las personas que concurren al edificio”.

También resolvieron “hacer saber que la Intendencia de esta Cámara se pone a disposición para remover cualquier obstáculo al uso del aludido predio que se disponga al respecto, solicitando se garantice la seguridad de los estudiantes, docentes y demás personas vinculadas al establecimiento educativo, como así también de los magistrados, funcionarios, empleados del Poder Judicial, y de los Ministerios Públicos, de los agentes, abogados y público en general que transitan por la traza de las calles”.