Condenaron a prisión perpetua a la enfermera Brenda Agüero por los crímenes de los bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba

(Enviado especial a Córdoba) - Después de seis meses de debate oral y público, la enfermera Brenda Agüero fue declarada culpable por el asesinato en serie de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho recién nacidos a los que atendió apenas llegaron al mundo en el Hospital Neonatal de Córdoba. Así lo decidió este miércoles un jurado popular de ocho ciudadanos y dos jueces. Además, absolvieron a varios funcionarios implicados.

Agüero fue sentenciada a prisión perpetua. Era la única pena posible para un caso como este -que no tiene precedentes en la historia argentina-, de acuerdo a lo que establece el Código Penal.

El veredicto en su contra fue por mayoría. Lo leyó después de las 20 la secretaria de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación, tribunal que llevó adelante el juicio. Antes hizo una apertura la jueza Patricia Soria, que rompió en llanto mientras leía las palabras de agradecimiento que preparó para concluir el proceso.

La deliberación del jurado había comenzado temprano en la mañana y se prolongó durante más de 10 horas, dada la complejidad de la causa. Los fundamentos se conocerán después de la feria judicial de invierno.

La lista de acusados la completaron: Diego Cardozo, ex ministro de Salud; Liliana Asís, ex directora del Hospital Materno Neonatal; Claudia Ringelheim, ex vicedirectora y jefa de Tocoginecología; Julio Escudero Salama, ex subdirector de Gestión Administrativa; Pablo Carvajal, ex secretario de Salud; Alejandro Gauto, ex jefe del Área Legales del Ministerio; Alicia Beatriz Ariza, ex jefa de Enfermería; Marta Gómez Flores, ex jefa de Neonatología; María Alejandra Luján, médica que firmó actas de defunción y habría tenido conocimiento de las muertes y no denunció; y Adriana Luisa Moralez, médica neonatóloga y coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente.

El jurado mixto absolvió a: Ariza, Luján, Ringelheim, Gauto y Cardozo. Los demás imputados fueron declarados culpables.

Las autoridades evitaron “poner en conocimiento de la Justicia los casos que se venían sucediendo”, y desplegaron “conductas encubridoras” para ocultar y desaparecer “rastros y pruebas”, según definió el Ministerio Público Fiscal en su acusación.

Esto favoreció el accionar de la enfermera, incluso cuando ya existía una “fuerte sospecha” sobre ella que “evidentemente les constaba al desplazarla simuladamente de sus funciones mediante licencias”, según se estableció en el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía.

Los ataques seriales se desarrollaron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022. Sin embargo, la cadena de tragedias se denunció ante la Justicia recién un mes después de los últimos fallecimientos. Lo hizo el ingeniero Francisco Luperi, esposo de una médica de guardia, quien decidió presentarse en los tribunales luego de escuchar de su pareja todo lo que estaba pasando.

En el primer día de la cronología hubo dos ataques: V.U.M., una sobreviviente, y Francisco Calderón Cáceres, que murió 11 horas después de su nacimiento.

Aunque a él no le hicieron autopsia, los estudios de laboratorio que le practicaron mientras intentaron salvarle la vida detectaron que tenía niveles algo elevados de potasio en sangre. También encontraron una mancha de sangre en su ropa. Son dos datos que por entonces, en medio del dolor de su familia, no decían mucho. Cobraron relevancia meses después, cuando las muertes y descompensaciones científicamente inexplicables no dejaban de suceder.

Entre los 13 casos que se analizaron en juicio -solo las últimas dos víctimas fatales tuvieron autopsia- hubo varios con uno o más pinchazos sobre su piel, en zonas del cuerpo donde no se realizan inoculaciones. Varios tenían niveles de potasio y/o insulina en sangre incompatibles con la vida, y solo explicables por una inoculación externa. Es decir, no hay manera posible de que el cuerpo haya “fabricado” ese exceso.

Tal como anticipó Infobae al comenzar el juicio, los fiscales sostuvieron que Brenda Agüero actuó motivada por sus aspiraciones laborales: habría atacado a los bebés para ser la primera en notar sus síntomas, dar aviso a sus superiores y destacarse entre sus compañeros para que la “ascendieran” de Obstetricia a Neonatología.

El sector donde se desempeñaba no es un dato menor: Agüero tenía asignado el cuidado de las madres y no le correspondía estar en contacto con los bebés. Según se corroboró, ella es la única persona que estuvo presente en todos los episodios.

Además, tenía una “proximidad exclusiva” con las madres y sus hijos. En muchos momentos quedaba sola con ambos, o incluso cara a cara con los bebés mientras las mujeres pasaban por un período de recuperación post-parto, algo que no ocurría con el resto de los profesionales, que suelen intervenir en grupo.

Según determinó el fiscal Raúl Garzón en su investigación, la enfermera obtenía dosis de potasio e insulina de los “carros de paro”, que prácticamente no tenían control de inventario. Inyectaba a los recién nacidos de forma errática, en lugares aleatorios, algo que la acusación encontró compatible con un acto ilícito que se cometía a escondidas y fugazmente.

El 6 de junio recayeron cuatro bebés en cuestión de horas. Los médicos que declararon en el juicio llegaron a un consenso unánime: ninguno vio más de una descompensación o muerte súbita en recién nacidos en un mismo día. Mucho menos cuatro episodios casi en paralelo.

Ese día la situación en el hospital estalló, y le dieron licencia a decenas de médicos y enfermeros, entre ellos Brenda Agüero. Las muertes de Melody Luz Molina y Angeline Rojas se denunciaron por separado, de forma aislada a todos los acontecimientos. Sus autopsias fueron determinantes para llegar a la verdad.

Una vez que se abrió la causa completa, el fiscal Garzón determinó que correspondía extender la cadena de responsabilidades desde la enfermera hasta el entonces ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo.