Procesaron a un dirigente de Libres del Sur por extorsión con planes sociales en San Nicolás

Un juez federal de San Nicolás procesó por extorsión al dirigente de la agrupación política Movimiento Libres del Sur, Néstor Roque Frangolini, acusado de exigir dinero y participación en marchas y movilizaciones públicas a al menos 26 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, bajo amenaza de suspenderles el plan social.

El magistrado Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de esa ciudad bonaerense, dictó el procesamiento sin prisión preventiva por un total de 26 hechos de extorsión en concurso real. La medida incluyó, además, la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes del imputado.

El procesamiento del referente de la agrupación política se debió a que, “ejerciendo su rol dentro de la organización, solicitó indebidamente dinero en carácter de colaboración, contribución o aporte a los beneficiarios de planes sociales, bajo amenazas de suspender o darle de baja en caso de no entregarlo o no asistir a las marchas y movilizaciones; habiendo percibido el dinero en una cuenta bancaria personal y en mano durante las reuniones que convocaba la organización”, publicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en su página web.

Para este caso, la figura aplicada corresponde al artículo 168 del Código Penal, que establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.

El expediente tuvo su origen en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), encabezada por Guillermo Marijuan, a partir de una nota publicada en el diario Clarín. En ella se revelaban irregularidades en el manejo del programa Potenciar Trabajo en San Nicolás, ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. El artículo citaba publicaciones del periodista Tomás Díaz Cueto, donde se compartían mensajes de WhatsApp atribuidos a Frangolini.

Por motivos de competencia, las actuaciones pasaron a manos del fiscal federal Matías Di Lello, de la sede descentralizada de San Nicolás, quien continuó a cargo de la instrucción. En ese marco, se tomaron declaraciones testimoniales y se ordenaron diligencias que apuntaron a la Asociación Civil Un Futuro para Todos, vinculada a Libres del Sur y encargada de gestionar unidades del programa social.

Entre los testimonios, una de las beneficiarias declaró que realizaba tareas comunitarias dentro de la organización, pero dejó de hacerlo cansada de las amenazas. Además, aportó a la fiscalía comprobantes de seis transferencias bancarias de hasta 13.200 pesos realizadas a la cuenta personal de Frangolini. Otra mujer presentó capturas de pantalla con los datos de la cuenta donde debía enviar el dinero y registros de cuatro pagos.

Según se detectó, las mismas personas que aparecían como titulares de transferencias también figuraban en listas de mensajes intimidatorios presuntamente enviados por Frangolini.

Entre los mensajes relevados por la fiscalía figura uno en el que escribió: “Buen día, hasta las 16 estamos recibiendo aportes. Personas que no aportaron en noviembre... Vamos a proceder a las bajas así no le causa gracia a nadie”. En otro texto, afirmó: “Esto es para todos los que no quieran hacer campaña, los que no aportan y los que no marchan y colaboran con la organización, directamente a partir de hoy los doy de baja, estoy cansado de renegar, si no le interesa la organización váyanse no reniego más (...) Hay personas que nos toman el pelo y de verdad estoy cansado de dar oportunidades”.

Por otra parte, los resúmenes bancarios del ahora procesado dieron cuenta de que el referente de Libres del Sur en San Nicolás recibió en enero de 2024 un total de 110 transferencias por aproximadamente $1.100.000, que luego retiró por caja.

Según publicó el portal del MPF, la declaración indagatoria del sospechoso se concretó el 11 de febrero. Durante ese acto, Frangolini negó haber cometido algún delito, explicó que los pagos en cuestión eran “aportes solidarios y voluntarios” y presentó una planilla con los nombres de los 26 beneficiarios como prueba de que adherían libremente a la organización. Alegó, asimismo, que la denuncia escondía una intencionalidad política para afectarlo.

Al momento de pronunciarse sobre la situación procesal del dirigente, el juez federal Villafuerte Ruzo rechazó su versión de los hechos y expresó: “Se puede afirmar con el grado de certeza que Frangolini les cobró indebidamente a los beneficiarios dinero bajo amenazas intimidatorias”.

Bajo esos parámetros, señaló que el imputado había vulnerado “la libertad de las 26 personas”, y agregó: “Se vislumbra la finalidad patrimonial perseguida, así como también la incidencia ejercida por sus amenazas en el comportamiento de los beneficiarios de los planes que, ante las extorsiones manifiestas, tenían temor de perder el ingreso con el que sustentaban su hogar”.

“Ante el miedo a la pérdida de este ingreso social -reseñó el magistrado-, los afectados realizaron transferencias bancarias y entregaron dinero en mano en reuniones al imputado. Ambas acciones son determinadas coactivamente a las víctimas por Frangolini”.

Luego detalló: “No es posible afirmar que fue destinado a comedores, merenderos o mejoras en viviendas, puesto que la documental aportada por el imputado y sus dichos no alcanzan para acreditarlo”. De todos modos, concluyó, “en el hipotético caso de haberlo destinado a esos fines, la conducta igualmente resulta antijurídica”.