Mientras el Gobierno nacional promete que en poco tiempo habrá novedades, persisten los reclamos de diversos sectores que piden celeridad para cubrir vacantes judiciales que existen desde hace años. Esta semana, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) manifestó su preocupación ante la situación que atraviesa el sistema judicial argentino, marcada por la cantidad de vacantes en el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal.
Según datos recientes, el 42% de las fiscalías y más del 30% de los cargos judiciales permanecen sin cubrir, lo que ha generado un impacto significativo en la operatividad de juzgados y tribunales en todo el país.
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Actualmente, el Poder Ejecutivo tiene en su poder más de 180 pliegos correspondientes a vacantes en juzgados nacionales y federales, pero aún no los ha remitido al Senado para su tratamiento. Durante 2024, el Consejo de la Magistratura presentó 96 ternas al Ejecutivo para cubrir estos cargos, pero hasta ahora no ha enviado ningún pliego para su aprobación.
En Argentina, los jueces de los tribunales federales inferiores son nombrados a partir de ternas confeccionadas por el Consejo de la Magistratura, en el que el Ejecutivo tiene representación, con acuerdo del Senado, el mismo procedimiento que se usa para designar a los fiscales y defensores.
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En noviembre pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, anunciaron el envío al Senado del pliego de 150 jueces y destacaron la importancia de esta medida, calificándola como “inédita” por superar los nombramientos realizados en los primeros años de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.
Según Amerio, el gobierno del presidente Javier Milei recibió un sistema judicial con una vacancia del 30% en jueces y casi el 50% en fiscales, lo que ha provocado una sobrecarga de trabajo en los magistrados y un retraso significativo en la resolución de causas.
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Los reclamos
A través de un comunicado, FORES advirtió sobre las múltiples consecuencias negativas de esta situación, sumado a la situación suscitada a partir del fallo “Levinas”, firmado por la Corte Suprema, que avanza en el proceso de traspaso de la justicia nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires.
“De las 305 vacantes existentes para los juzgados nacionales y federales, 184 están en manos del Poder Ejecutivo, que no ha remitido los pliegos correspondientes al Senado para su tratamiento", señaló el comunicado.
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Según FORES, entre estas consecuencias negativas se encuentran: el retraso en la administración de justicia, afectando el derecho de los ciudadanos a obtener una resolución en tiempo y forma, la sobrecarga de trabajo de los magistrados y fiscales en funciones, y el incremento del sistema de subrogancias, que resultan una solución temporal pero no garantizan la estabilidad ni la independencia necesarias.
Al mismo tiempo, señalaron que “resulta imprescindible que se coordinen acciones conjuntas de trabajo de todos los sectores del derecho para implementar un eficiente traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires".
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También señalaron que “la Comisión creada en el ámbito del Ministerio de Justicia para el estudio y análisis de la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria a la jurisdicción de la Ciudad, debe ser un espacio de diálogo donde se puedan diseñar estrategias y acciones concretas garantizando la participación de magistrados, abogados y representantes de la sociedad civil”.
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