El Tribunal Oral Federal 5 reactivó la causa Los Sauces-Hotesur en el que la principal acusada es la expresidenta Cristina Kirchner con una serie de medidas de pruebas que habían sido solicitadas por la Fiscalía, entre ellas la reanudación de un peritaje contable. Todo para que cuando esa etapa finalice se pueda fijar la fecha de inicio del juicio oral y público.
Se trata de la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte Los Sauces y Hotesur, dos sociedades propiedad de la familia Kirchner, en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con la expresidenta están acusados una treintena de personas, entre ellas su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner, y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
El caso fue enviado a juicio oral y el TOF 5 por mayoría sobreseyó en noviembre de 2021 a todos los acusados. Esa decisión fue revocada en septiembre del año pasado por la Sala I de la Cámara de Casación que ordenó hacer el juicio con la excepción de Florencia Kirchner sobre quien confirmó el sobreseimiento.
Cuando el TOF 5 sobreseyó a los imputados suspendió el trámite de la causa porque estaban todos desvinculados. Pero con el fallo de Casación, el fiscal Diego Velasco pidió retomar las medidas de prueba pendientes y otras nuevas que solicitó para avanzar en el juicio oral. El tribunal no lo aceptó y dispuso esperar a que resuelva la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a donde las defensas habían apelado.
El máximo tribunal confirmó en diciembre pasado que se debía hacer el juicio. Y esta semana el presidente del TOF 5, José Michilini, ordenó que la causa continúe con las medidas de prueba que estaban pendientes. “Atento al estado de los presentes actuados, hágase saber al Colegio Pericial interviniente, que deberá retomar la ejecución de las tareas oportunamente encomendadas e informar el plazo de su finalización”, sostuvo el juez en su resolución. Se trata del peritaje contable sobre toda la información que hay en la causa.
También se ordenaron medidas sobre los departamentos de los edificios “Dique” y “Madero Center”, de Puerto Madero, y sobre el de la calle San José al 1000, en Constitución, que son propiedad de la familia Kirchner.
La Justicia pidió información sobre a nombre de quién estaban los servicios, sus montos y quienes los pagaban; sobre el pago de expensas; y los ingresos de vehículos en los departamentos de Puerto Madero; y quiénes son los titulares del servicio de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).
Hubo también solicitudes de información a organismos de Santa Cruz. Concretamente a las municipales de Río Gallegos y de El Calafate. A esta último se le pidió “con carácter de muy urgente y en el término de diez (10) días” todos “los antecedentes y permisos de construcción que existan respecto del predio ubicado en la intersección de la Avenida Jorge Newbery y la calle Gunther Plüschow; debiendo remitir un plano de catastro de la ciudad donde se indique la ubicación del terreno, se informen los datos catastrales del predio en cuestión, como así también el historial de los sucesivos titulares y sus respectivos datos personales”. Lo mismo a la municipalidad de Ríos Gallegos respecto de una serie de propiedades.
Además se ordenó buscar información sobre servicios que se pagaban en las propiedades de las calles Mariano Moreno 882 y Alvear 391, en Río Gallegos. Se trata de dos viviendas a nombre de la ex presidenta.
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