El abogado y catedrático Manuel García-Mansilla, quien había asumido su puesto en la Corte Suprema de Justicia el pasado 27 de febrero, presentó hoy la renuncia indeclinable a su cargo, apenas 39 días después de haber jurado en el alto tribunal. La decisión llega en un contexto de alta tensión política y jurídica, marcado por el rechazo de su pliego en el Senado y una medida cautelar que le prohibía firmar resoluciones. La renuncia de García-Mansilla deja nuevamente a la Corte con tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
La breve trayectoria de García-Mansilla en el máximo tribunal comenzó con su designación mediante el decreto 137/25, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 25 de febrero. Este decreto también incluyó la designación del juez federal Ariel Lijo, aunque este último no asumió el cargo tras negarse a renunciar a su puesto actual, una condición impuesta por la Corte Suprema para aceptar su incorporación.
La renuncia se hizo efectiva a través de una carta dirigida al presidente Javier Milei que comienza diciendo:
“Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente. Se habían generado dos vacantes en la Corte Suprema, que quedó reducida a solo tres miembros desde el 29 de diciembre de 2024. Sin embargo, una de las vacantes existentes a esa fecha tenía ya más de tres años. Es francamente sorprendente que, a pesar de la importancia y del peso que tiene cada juez en un tribunal con una integración tan reducida, se hubiera naturalizado la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado. A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones”.
La extensa carta plantea básicamente varias cuestiones o ejes relacionados: las razones por las que asumió en comisión, donde aclara que se tergiversó su afirmación de que no lo haría; la dificultad institucional de una Corte Suprema funcionando solo con tres miembros; la demora del Senado en tratar los pliegos; y la validez de la decisión del PEN.
“A partir de la misma convicción -agrega la carta- con la que asumí el nombramiento en comisión con que Usted me honró, considero que, debido a la decisión tomada por el Senado de la Nación de rechazar el pliego oportunamente enviado en el marco del art. 99, inc. 4, de la Constitución Nacional, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para facilitar que se agilice el proceso para que se cubran de una buena vez las vacantes que existen en la Corte Suprema”.
El rechazo a la medida cautelar
El pasado jueves, el Senado rechazó por amplia mayoría los pliegos de García-Mansilla y Lijo, lo que intensificó las presiones sobre el primero para que abandonara su cargo. Poco después de la votación, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, firmó una medida cautelar que ordenaba a García-Mansilla abstenerse de firmar resoluciones o medidas administrativas por un plazo de 90 días, hasta que se resolviera la legalidad del decreto presidencial que lo había designado.
La medida cautelar fue impulsada por una presentación judicial del abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes argumentaron que la designación de García-Mansilla vulneraba la independencia judicial. Ramos Padilla fundamentó su decisión en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que establece que un juez designado en comisión no puede ejercer funciones jurisdiccionales sin el acuerdo del Senado. “La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, afirmó el magistrado.
La defensa del Gobierno
A pesar de la medida cautelar, el Gobierno defendió la validez del decreto presidencial, argumentando que se trataba de una atribución constitucional del Poder Ejecutivo. Este sábado, el Ejecutivo presentó un recurso de “per saltum” ante la Corte Suprema para anular la medida dictada por Ramos Padilla. Sin embargo, los otros tres jueces del tribunal no habrían mostrado disposición a tratar el recurso, lo que dejó a García-Mansilla en una posición cada vez más delicada.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró públicamente que no existía ningún artículo en la Constitución que obligara a García-Mansilla a renunciar en estas condiciones. En la misma línea, el propio García-Mansilla ya había presentado un escrito ante Ramos Padilla defendiendo su nombramiento y argumentando que su remoción solo podría realizarse mediante un juicio político.
Las implicancias políticas y jurídicas
El caso de García-Mansilla ha generado un intenso debate sobre las implicancias políticas y jurídicas de las designaciones en comisión. Según algunas interpretaciones, el rechazo de los pliegos por parte del Senado no invalida automáticamente el decreto presidencial ni implica la remoción inmediata de los jueces designados. En teoría, García-Mansilla podría haber continuado en su cargo hasta el 30 de noviembre, fecha que marca el final del año legislativo siguiente a su designación, salvo que se iniciara un proceso de juicio político.
Sin embargo, la controversia en torno a su nombramiento y la medida cautelar de Ramos Padilla abrieron la puerta a una posible judicialización de las decisiones del tribunal. Los fallos emitidos por García-Mansilla podrían haber sido objeto de impugnaciones, especialmente aquellos firmados después del rechazo de su pliego en el Senado.
Otra vez la Corte de tres
En medio de este conflicto, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se pronunció sobre la situación en una entrevista radial. Lorenzetti afirmó que la decisión del Senado era “respetable” y expresó su rechazo a las designaciones por decreto. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, declaró, aludiendo a la polémica en torno al nombramiento de García-Mansilla.
A pesar de las tensiones, Lorenzetti aseguró que la Corte Suprema continúa funcionando con normalidad. “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”, afirmó.
La renuncia de García-Mansilla no solo deja a la Corte Suprema con tres integrantes, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de las designaciones en comisión y el rol del Senado en el control de estas decisiones. Este caso podría sentar un precedente clave para definir los límites y alcances de las atribuciones del Poder Ejecutivo en la designación de jueces.
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