Casación rechazó un planteo del ex juez Jorge Ferro y avanza la causa por enriquecimiento ilícito

En un nuevo golpe judicial contra el ex juez federal Jorge Ferro, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja presentada por su defensa para revisar una sentencia que descartó la prescripción penal del delito de enriquecimiento ilícito, que se le atribuye al ex magistrado junto al de incumplimiento de los deberes de funcionario público por favorecer a un amigo en una causa de lavado de activos proveniente de un prostíbulo VIP de Mar del Plata.

Con esta decisión de no hacer lugar al planteo de Ferro, la Sala IV del máximo tribunal penal del país ratificó el avance del expediente que lo tiene como imputado por enriquecimiento ilícito, en línea con lo que había resuelto la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata el 25 de octubre del año pasado, donde se confirmó la continuación de las actuaciones en torno a la presunta comisión de aquel delito, cuya prescripción penal -fin de la persecución por el transcurso del tiempo- había invocado el abogado del ex juez.

Ferro renunció a su cargo de juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata el 1 de mayo de 2018 luego de 35 años en el Poder Judicial y tras ser denunciado en el Consejo de la Magistratura por su supuesta relación de amistad con el abogado Alejandro Ferrarello, investigado por el delito de lavado de dinero oriundo de un reconocido cabaret sobre la avenida Leandro N. Alem de la ciudad balnearia, de nombre Madaho’s.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal se apoya en un presunto favorecimiento procesal llevado adelante por el ex juez en beneficio de Ferrarello en un expediente donde se lo señalaba como responsable del delito de trata de personas en el bar Madaho’s. En rigor, postula que Ferro habría incumplido deberes institucionales relativos al correcto desarrollo de la función judicial, en tanto no se inhibió al intervenir en la causa del abogado con motivo de su estrecha relación “de amistad y familiaridad” que tendría con él.

El 15 de noviembre de 2023, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó la decisión de primera instancia que declaró extinguida por el paso del tiempo la acción penal ligada a los nueve hechos que le fueron imputados al ex camarista bajo la figura de “incumplimiento de los deberes de funcionarios público”, que implicarían, además, “ganancias ilícitas” derivadas de un supuesto “enriquecimiento patrimonial” sin causa.

Esa resolución, que implicó el sobreseimiento de Ferro respecto a la violación de los deberes de funcionario, fue revocada en julio del año pasado por la Sala IV de Casación, integrada por los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.

Meses después, como fue dicho, la Cámara Federal de Mar del Plata validó la continuidad de las actuaciones que investigan a Ferro por enriquecimiento ilegal. Contra ese fallo, la asistencia letrada del ex juez, en manos del codefensor Mariano Fragueiro Frías, presentó un recurso de casación que fue denegado, lo que generó que recurriera en queja hasta dicha instancia.

Así las cosas, llegado el momento de resolver el planteo, los camaristas de la Sala IV expresaron: “Que la decisión recurrida en casación no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el art. 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.

“Tampoco se vislumbra, ni la defensa alcanzó a demostrar -añadieron en un fallo al que tuvo acceso Infobae- que la resolución impugnada produzca al impugnante un agravio de tardía o imposible reparación ulterior o que involucre el debate de una cuestión federal, a efectos de equipararla a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así la intervención de esta Cámara”.

Luego, para desestimar la supuesta “arbitrariedad” alegada en la impugnación, los jueces precisaron: “Tal como lo señaló el tribunal colegiado, ´la Defensa ha omitido valorar la expresa disposición normativa contenida en el artículo 268 CP que refiere a que la conducta -delictiva- puede cometerse hasta dos años con posterioridad al cese en el cargo, como así también el llamado a indagatoria de fecha 29/04/20, como acto interruptivo de la prescripción‘”.

Y concluyeron: “Por lo demás, en el caso de autos se cuestiona un criterio que fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, por lo que han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara respectiva".