La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso que el congelamiento de los bienes de los acusados del atentado a la AMIA y de los integrantes del grupo terrorista Hezbollah sea permanente. Hasta ahora esa decisión debía renovarse de manera anual.
La decisión fue firmada por el titular de la UIF, Ignacio Yacobucci, a pedido de Sebastián Basso, a cargo de la Fiscalía federal que investiga el atentado a la AMIA. El congelamiento de bienes alcanza a Alí Akbar Velayati, Hadi Soleimanpour, Alí Fallahijan, Ahmad Vahidi, Moshen Rezai, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Hussein Mounir Mouzannar, Abdallah Salman y Farouk Abdul Hay Omairi.
La UIF sostuvo en la resolución 198 a la que accedió Infobae que Argentina “ha asumido un fuerte e inquebrantable compromiso de prevenir y reprimir la financiación de todo acto terrorista así como de abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos terroristas, incluso reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y eliminando el suministro de armas a los terroristas”.
Y también “a aplicar con eficacia los mecanismos de congelamiento de activos ante sospechas de financiación del terrorismo, incluido el examen de solicitudes de terceros que presenten otros Estados, y a poner a disposición del público sus listas nacionales de congelamiento de activos”.
En esa línea, el organismo recordó que como miembro de Naciones Unidas y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debe cumplir una serie de pautas internacionales en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
“Cualquier operación financiera que las personas humanas detalladas en la presente e inscriptas en el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET) puedan llevar a cabo, afectaría el orden económico y financiero de la República Argentina, y constituiría una grave amenaza para la paz y la seguridad nacional e internacional, por lo que en esta instancia es oportuno mitigar riesgos actuales y potenciales de actos de financiamiento de terrorismo y con ello la comisión de atentados terroristas en el país y en el extranjero”, agregó.
Todas las personas incluidas en el congelamiento de bienes están con pedidos de captura internacional de Interpol por su presunta participación en el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 cuando un coche bomba explotó en la sede y mató a 85 personas.
Los últimos cuatro acusados son libanes sobre quienes el juez federal Daniel Rafecas solicitó el año pasado su detención.
La Fiscalía los imputó por asociación ilícita armada, agravada por su finalidad discriminatoria, y requirió que se convoque al proceso a Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah, Abdallah Salman (a) José El Reda y Farouk Abdul Hay Omairi, al considerar “suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal que denominaré brazo armado del ‘Hezbollah’”. La fiscalía sostuvo que debían responder penalmente como “coautores” del atentado “por su pertenencia y colaboración con una banda armada, agravada por su finalidad discriminatoria”.
El nombre de los prófugos fue incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento y se dictaron los congelamientos. Cualquier operación que quieran hacer queda bajo la lupa de los organismos que luchan contra el terrorismo.
Los otros prófugos en la causa AMIA también están incluidos en esta nómina: Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani (a la época de los hechos presidente de la República Islámica de Irán), Alí Fallahijan (por entonces Ministro de Información iraní), Alí Akbar Velayati (en aquel tiempo Ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa) y Mohsen Rezai (por entonces a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran”).
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