La Corte resolvió en causas de corrupción de menores, abuso sexual, gatillo fácil y el homicidio de dos ancianos

Con el rechazo de distintos planteos, la Corte Suprema de Justicia intervino este jueves en cuatro expedientes donde se ventilaron delitos de corrupción de menores, abuso sexual, gatillo fácil y homicidio. Estas causas incluyeron penas de prisión que oscilaron entre los tres años y la sanción máxima a perpetua. Ahora, con la desestimación del Máximo Tribunal, todas las condenas quedaron firmes.

En uno de los fallos, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimaron un recurso de queja presentado por el ex juez de Ituzaingó -Corrientes- Walter Turraca Schou, que había sido condenado en noviembre de 2020 por promoción a la corrupción de menores.

En rigor, el ex magistrado en lo Civil, Comercial, Laboral, de Menores y Familia de esa localidad correntina resultó penalmente responsable de abusar de niños en situación de vulnerabilidad a cambio de dinero. De acuerdo a los testimonios de las víctimas, el condenado solía abordar a los menores en la calle o en lugares públicos desde su auto para ofrecerles plata, sustancias, regalos o favores a cambio de sexo. Algunos de ellos lo conocían, ya que estaban involucrados en causas judiciales que tramitaban ante su juzgado.

Tras la sentencia dictada en 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes se expidió en diciembre de 2022 ratificando la condena contra Turraca Schou. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal que, una vez rechazado, motivó la presentación de un recurso directo ante el Máximo Tribunal, cuyos integrantes declararon “inadmisible” conforme al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El segundo fallo de este jueves también desestimó un planteo y dejó firmes las condenas a 12 años de prisión contra Diego Báez y Maximiliano Sánchez, hallados responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado en perjuicio de una adolescente. El episodio en cuestión ocurrió el 17 de febrero de 2018 a la madrugada en la ciudad de Los Molles, provincia de San Luis.

La Cámara Penal de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Concaran dictó sentencia contra los imputados el 17 de diciembre de 2020. Ambas condenas fueron impugnadas hasta llegar a la Corte a través de un recurso directo, que quedó desestimado unánimemente por incumplir con “los requisitos previstos en el artículo 7°, incisos b y c, del reglamento aprobado por la acordada 4/2007″.

En un caso que provocó conmoción en la localidad de Morteros, Córdoba, el Máximo Tribunal intervino para rechazar un recurso presentado por la defensa de tres policías con sede en esa ciudad, por lo cual quedaron firmes sus condenas de tres años de prisión por balear por la espalda a un hombre en el marco de un operativo antidrogas.

El hecho que llegó a juicio oral tuvo lugar el 30 de marzo de 2012, alrededor de las 21:10, en una vivienda ubicada en la periferia de Morteros. Esa jornada la policía local llevó adelante distintos allanamientos simultáneos por sospechas de venta de drogas. En uno de esos domicilios allanados vivía un hombre identificado como Marcelo Omar Gauna, a quien le dispararon cuando trató de escapar al notar la presencia policial.

Según se corroboró, en el procedimiento participaron los suboficiales Nicolás Colombo y Cristian Taborda y la cabo Ingrid Casas. El primero en tirar fue Colombo, quien después de gritar la voz de alto, disparó dos veces. Ninguno de sus disparos alcanzó a Gauna. En ese momento, el hombre intentó escapar en dirección contraria hasta que la agente Casas utilizó su arma reglamentaria. Una bala impactó sobre la espalda de la víctima, dejándole una herida de entrada y de salida.

El 30 de abril de 2022, los tres efectivos fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba a tres años de prisión de ejecución condicional. La cabo fue hallada autora del delito de lesiones graves calificadas por ser funcionaria de una fuerza de seguridad, mientras que los suboficiales resultaron sentenciados por encubrimiento agravado y, en el caso de Colombo, abuso de arma de fuego.

La defensa impugnó esa decisión hasta llegar a la Corte que, con la firma de los jueces Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, rechazó el planteo.

Por otro lado, el Máximo Tribunal también desestimó un recurso elevado por la defensa de Marcos David Romero, condenado a prisión perpetua por un doble homicidio ocurrido el 23 de junio de 2015 en la capital de Salta. Las víctimas, identificadas como Juan Romero y Vicenta Sarapura, de 73 y 88 años, fueron asesinadas con un arma blanca en su domicilio, adonde el acusado había ingresado a robar junto a Carlos Alejandro Pérez Anze -también condenado a perpetua-.

La Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito judicial centro de Salta culpó a Pérez Anze y a Romero por el homicidio criminis causa en dos hechos y en concurso real. El abogado de Romero presentó múltiples apelaciones para revertir la sentencia, pero ninguno prosperó. Así, llegado el caso hasta la máxima instancia federal, los ministros de la Corte, por unanimidad, declararon “inadmisible” la presentación y dejaron firme la sentencia.