
Los días 13 no fueron los mejores para Cristina Kirchner. Un 13 de abril de 2016 pisó por primera vez los tribunales de Retiro para ir a su primera indagatoria. Era en la causa dólar futuro. Un mes después, el 13 de mayo, quedó procesada. Pero en 2016 también se presentó en Tribunales el entonces director de Vialidad para denunciar irregularidades en las obras adjudicadas a Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista tras una auditoría. Ahora, ocho años después, otro 13 quedará en el registro de las causas de CFK en Comodoro Py: hoy la Cámara Federal de Casación Penal decidirá si confirma la condena de la ex presidenta a seis años de prisión y su inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
La cita es a las 11 en la Sala B de la Planta Baja del edificio. Afuera, un rato antes, habrá una clase pública encabezada por el dirigente Juan Grabois y el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena para denunciar “lawfare”. Si, como se supone, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ratifican la condena, sólo le quedará recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Recién cuando el fallo quede firme, la flamante jefa del Partido Justicialista, de 71 años, deberá cumplir la sentencia.
En un comunicado titulado “la banda de los copitos de Comodoro Py”, la ex jefa de Estado insistió, como en cada una de sus declaraciones en la causa, que la acusan “por un delito que como Presidenta nunca pudo haber cometido” y dio por hecho que será condenada. “¿Cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol”, remarcó.
No es habitual que la Cámara de Casación haga pública su sentencia en una audiencia. Normalmente, las notificaciones le llegan a los abogados y fiscales a través del sistema informático del Poder Judicial. Pero esta vez, en medio de rumores sobre cómo iba a salir el fallo, los jueces decidieron convocar a una audiencia pública. Ya lo habían hecho en otros expedientes de relevancia pública, como la causa Cromañon, la tragedia de LAPA o la recusación del juez Claudio Bonadio en el expediente Hotesur. Además, es una de las prerrogativas fijadas por el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que ya se aplica en distintos puntos del país.
Lo que resuelva Casación no será lo definitivo. Todas las partes pueden apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El 6 de diciembre del 2022, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad y fue absuelta por mayoría por el delito de asociación ilícita. Se trata de la primera vicepresidenta en ser condenada por corrupción mientras ejercía su cargo. Aunque la sentencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión, el fallo no está firme.
La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde el Tribunal Oral Federal 2. Los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio, por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delito. Los otros jueces dijeron que no hubo la pluralidad de delitos que reclama esa figura penal.
El tribunal también instó al decomiso de 84 mil millones de pesos: puntualmente, $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado.
“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, sostuvo el tribunal.

Según argumentaron, la maniobra buscó “asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso: Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez”. Y el tribunal añadió: ”La comprobación de las circunstancias descritas ha guiado las condenas dictadas en el marco de esta causa respecto de personas en ejercicio de la función pública nacional y provincial quienes, violando sus deberes sobre el manejo, la administración o el cuidado del patrimonio lesionado, y con el fin de procurar un lucro indebido, perjudicaron los intereses confiados y obligaron abusivamente al Estado Nacional”.
CFK no fue la única condenada. También recibieron seis años de prisión el empresario Lázaro Báez; José López, ex secretario de Obras Públicas; y Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad. A Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), le dieron cinco años de cárcel. A Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP, lo sentenciaron a cuatro años y medio. Mientras que Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la DNV, y José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP, les impartieron cuatro años. A Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, le dieron a tres años y medio.
Para sorpresa de muchos, hubo absoluciones. El tribunal entendió que no había pruebas contra Julio de Vido, ex ministro de Planificación; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; y Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad Provincia de Santa Cruz. En tanto, Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex secretario de Coordinación de Planificación, también fue desafectado de la causa. En su caso fue por un sobreseimiento por prescripción. Fue al único al que el fiscal no había incluido en la asociación ilícita.
Apelaciones mediante, ahora el fallo quedó a revisión de los jueces Hornos, Borinsky y Barroetaveña. A las 11, en audiencia pública, develarán si las condena queda ratificada en esta instancia.
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