La Cámara de Casación tratará un pedido para reactivar la prueba en la causa “Los Sauces-Hotesur” que involucra a Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal analizará un pedido para se reactive la causa contra la ex presidenta Cristina Kirchner, su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner, y otra veintena de imputados por el caso “Los Sauces-Hotesur”. Concretamente para que, mientras se espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre si dicta los sobreseimientos de los acusados o si ordena que se avance con el juicio oral, el Tribunal Oral haga la prueba que está pendiente en el expediente.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal de Casación Mario Villar mantuvo la apelación de su par del tribunal oral Diego Velasco, quien reclama que se avance con el juicio oral. Esa decisión es que la que hace que la Sala I de Casación tenga que intervenir. Si la apelación no se mantenía, se caía.

Ahora, los jueces de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar -este último sorteado para intervenir en esta causa- deberán fijar fecha para que el fiscal Villar presente lo que se conoce como breves notas para fundamentar su decisión de continuar haciendo las medidas de prueba. Luego de eso, los magistrados quedarán en condiciones de resolver.

Lo que se discute es si el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de Comodoro Py debe avanzar en las medidas de prueba pendientes en el caso, o esperar a que la Corte Suprema de Justicia resuelva cómo sigue la causa. La primera postura es la que sostiene Velasco mientras que la segunda es la que ya resolvió el TOF 5.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte Los Sauces y Hotesur, dos sociedades propiedad de la familia Kirchner, en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con la ex presidenta y su hijo están acusados los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.

El caso fue enviado a juicio oral y el TOF 5 por mayoría sobreseyó en noviembre de 2021 a todos los acusados. Esa decisión fue revocada en septiembre del año pasado por la Sala I de la Cámara de Casación, que ordenó hacer el juicio con la excepción de Florencia Kirchner sobre quien confirmó el sobreseimiento.

Cuando el TOF 5 sobreseyó a los imputados, suspendió el trámite de la causa porque estaban todos desvinculados. Pero con el fallo de Casación, el fiscal Velasco pidió retomar las medidas de prueba pendientes y otras nuevas que solicitó para avanzar en el juicio oral; entre ellas, el entrecruzamiento de llamadas de Cristina Kirchner y sus allegados con Báez que se hizo en la causa de la “ruta del dinero K”. También el contenido del celular del ex secretario de Obras Públicas José López, que fue clave en lo que se llamó el “Plan limpiar todo” en el juicio a Cristina Kirchner por la obra pública en Santa Cruz en la que fue condenada a seis años de prisión junto con López, Báez y otros ex funcionarios. Esas mensajes revelaron comunicaciones entre la entonces presidenta, López, Báez y otros funcionarios sobre cómo actuar con las obras que el empresario recibía para Santa Cruz.

La Fiscalía también reclamó que se realicen una serie de operativos en la municipalidad de Río Gallegos, en busca de información de propiedades, y que se concluyan con los peritajes ordenados en la causa. Pero también las defensas de los acusados apelaron el fallo de Casación a la Corte Suprema de Justicia. En el máximo tribunal reclamaron que se les dicte el sobreseimiento.

El TOF 5 rechazó el planteo de la Fiscalía. Los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli ratificaron la suspensión del trámite de la causa hasta tanto la Corte Suprema resuelva las apelaciones que presentaron los acusados. Los magistrados señalaron que el Código Procesal Penal de la Nación “establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”. Así señalaron que avanzar con las medidas de prueba de la Fiscalía, “en miras a dar inicio a la eventual audiencia de debate oral y público que se lleve a cabo en el marco de los presentes actuados, colisiona con la postura antes referida” y agregaron que el fallo de Casación no está firme.

El fiscal Velasco apeló esa decisión. Sostuvo que el Código Procesal Penal también establece que “mientras la Corte no haga lugar a la queja, no se suspenderá el curso del proceso”, por lo que nada impide avanzar con las medidas de prueba pendientes.

Seguir con el criterio de la resolución del Tribunal nos colocaba en una situación de gravedad institucional”, señaló la Fiscalía en su presentación y agregó que se da “un escenario donde se prolongaron en exceso los tiempos del proceso, generando una situación de incertidumbre, pudiendo ello poner en peligro la vigencia misma de la acción penal”.

Esa postura fue ratificada por la Fiscalía de Casación, que ahora deberá fundar su postura y luego resolverá el tribunal.