El Gobierno pidió un habeas corpus para garantizar la libertad de Milei, Bullrich y los jueces argentinos que intervinieron en causas contra Maduro

El gobierno argentino promovió este jueves una acción de habeas corpus preventivo “frente a la amenaza actual, inminente y cierta a la libertad personal” del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y un grupo de jueces y fiscales que promovieron o intervinieron en causas sobre Venezuela y que sobre las que ahora pesa un pedido de captura librado por funcionarios judiciales del régimen del dictador Nicolás Maduro, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

La presentación fue radicada esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py por el procurador del Tesoro Rodolfo Barra y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, como representantes del Estado Nacional. Por sorteo recayó en el juzgado de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Carlos Rívolo.

El habeas corpus es un procedimiento que protege la libertad de una persona cuando es amenazada de forma ilegal por una autoridad. Según la documentación a la que accedió Infobae, la presentación del Estado argentino sostiene que la orden de captura internacional que emitió el Poder Judicial de Venezuela amenaza la libertad de los involucrados.

En concreto, esas órdenes están dirigidas contra el presidente Javier Milei, la ministra Bullrich, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y miembros del Poder Judicial como los jueces Federico Villena, Carlos Vallefin, Roberto Lemos Arias, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens y los fiscales Carlos Stornelli, Cecilia Incardona, José Luis Agüero Iturbe y Diego Iglesias. También hay miembros del Poder Legislativo como Ricardo López Murphy y Gerardo Milman. También se incluye a Waldo Wolff, Yamil Santoro, María Eugenia Talerico, Franco Rinaldi y Leonardo Camicer.

“Indudablemente la existencia de un periodo de captura contra los beneficiarios de esta acción constituye una amenaza ilegal a su derecho a la libertad personal” se trata claramente de un peligro al derecho constitucional fundado con fines exclusivamente políticos emanada de un estado que no respeta la imparcialidad judicial y por tanto resulta arbitraria y contraria a los principios legales que rigen en un sistema democrático de derecho”, sostiene la presentación del Ejecutivo a la que accedió Infobae. Y subraya que la medida “expone a los funcionarios a ser detenidos en el ejercicio de sus funciones o en su vida privada en especial en el extranjero de modo injusto y arbitrario por cuestiones de índole exclusivamente políticas”.

Según surge de las declaraciones públicas del jefe de los fiscales de Venezuela y un juez del Tribunal Superior, los buscados son acusados de “robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir”.

Los funcionarios judiciales en la mira intervinieron en dos causas claves para Maduro: el decomiso de un avión venezolano-iraní, cuyos tripulantes eran sospechosos de espionaje y que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 hasta que fue enviado a Estados Unidos a comienzos de este año, tras la llegada de Milei a la Presidencia y por pedido de Washington. Pero además también se promovió la captura de Maduro y su mano derecha Diosdado Cabello por las graves denuncias de lesa humanidad que ocurrieron en ese país y son investigadas aquí bajo el principio de justicia universal.

Barra y Cúneo Libarona remarcaron que “la orden de detención que pesa sobre los funcionarios cuya protección jurisdiccional se pretende se fundaría en una supuesta intervención en un proceso judicial que tramita ante el Poder Judicial de la Nación pese a que no tuvieron absolutamente ninguna actuación funcional en su instrucción”. Allí se resaltó: “para ser claros ni el titular del Ejecutivo Javier Milei, ni la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ni la secretaria general de la presidencia tomaron intervención funcional alguna en el trámite del expediente judicial y fueron completamente ajenos al tema. Por ese motivo es claro que la orden de detención se vincula exclusivamente con fines políticos”.

La presentación del Ejecutivo a la que accedió Infobae sostuvo que “pese a lo ilegal del proceder de los funcionarios de Venezuela, el riego de la libertad ambulatoria que enfrentan los funcionarios en curso favor se interpone esta acción se vincula directamente con el trabajo público que desempeñan como representantes del Estado Nacional y por ende afecta el ejercicio de su mandato al exponerlos en forma injusta y arbitraria a un riesgo de privación de la libertad” fundamentalmente en el extranjero.

“Amén de que se cuestiona la legalidad de una presunta órden de arresto emanada por una potencia extranjera que tiene por único objeto perjudicar a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y a integrantes de otros poderes del Estado federal y local”, la presentación se radica con fines preventivos. “Nos resulta oportuno aclarar que si bien ignoramos el trámite de los pedidos de captura internacional y dudamos que un estado democrático les dé curso, la evidencia de estas medidas restrictivas de la libertad en el ámbito internacional” implican un riesgo cierto, máxime cuando muchos de los buscados no gozan de inmunidades diplomáticas o que, eventualmente, por razones funcionales o personales, tengan que desembarcar en un país afín a Venezuela como “Nicaragua, Cuba, etc”.

El pedido habeas corpus preventivo también destacó que tal como lo han reconocido numerosos organismos de derechos humanos del continente y el mundo, “el Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela no cumple con la garantía de imparcialidad”.

Y en ese contexto el Ejecutivo solicitó “de inmediato se haga lugar a la acción peticionada y se comunique a la resolución que se adopte a la organización Interpol y a la secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

Esta semana, el Gobierno ya había hecho saber su preocupación en el Consejo de la Magistratura por los pedidos de detención que hizo Venezuela contra jueces argentinos. Lo hizo formalmente el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio, a través de una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, en donde se remarcó que la manipulación del régimen de Maduro en procesos judiciales tiene el objetivo de perseguir opositores y funcionarios extranjeros, y demuestra la falta de democracia en el país caribeño. Distintas asociaciones de jueces y fiscales también habían manifestado su repudio a las órdenes de captura dispuestas desde Venezuela.