La semana que viene comienza el juicio oral que corresponde al segundo tramo de la causa Vialidad, que analiza el presunto direccionamiento de casi el 80% de las obras que se contrataron para las rutas de esa provincia entre el 2003 y el 2015, por más de $46.000 millones, según valores actualizados en agosto de 2016.
El Tribunal Oral Federal 2, con la intervención del fiscal Diego Luciani, está a cargo del proceso que se reconoce en el ámbito judicial como Vialidad III, teniendo en cuenta que este extracto del expediente pasó antes por el debate de juicio abreviado, una vía que permitió a la mayoría de los imputados un acuerdo para evitar el juicio oral.
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Los hechos que se evaluarán desde el próximo jueves 16 de julio se vinculan con los que formaron parte de la causa Vialidad I, por la que Cristina Kirchner cumple su pena de 6 años, bajo la modalidad de arresto domiciliario. Junto con ella fueron condenados José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez, mientras que Julio De Vido resultó absuelto.
De los 10 acusados que fueron enviados a juicio originalmente, en el segundo tramo del expediente, llegan a esta instancia oral tres: los ex funcionarios de Vialidad Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Abrate. Están procesados como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
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En tanto, los otros 7 lograron la suspensión de juicio a prueba o la probation en el segmento que se recordará como Vialidad II. En algunos casos, sus acuerdos fueron avalados por el Ministerio Público Fiscal, y en otros avanzaron tras obtener el aval de la Cámara de Casación.
En ese grupo resultaron beneficiados los ex funcionarios Sergio Hernán Passacantando, Jorge Eduardo Gregorutti, Carlos Joaquín Alonso, y los empresarios Julio Enrique Mendoza, Fernando Javier Butti, Martín Antonio Báez y Myriam Elizabeth Costilla.
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La hipótesis del delito
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio que elaboró durante la instrucción el fiscal federal Gerardo Pollicita, Santa Cruz fue “la provincia más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales, con un 11% del presupuesto total, equivalente a lo que en conjunto se asignó para ocho provincias”.
En esta etapa de la investigación, el foco está puesto en un presunto esquema sistemático destinado a direccionar fondos estatales hacia el Grupo Báez, que fundó Austral Construcciones poco antes de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y luego absorbió otras constructoras en la provincia.
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Según las sospechas, la maniobra habría exigido modificación de leyes, ministerios y secretarías clave, más la designación de personas de confianza en puestos estratégicos del Ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad, para acceder al supuesto control total sobre la adjudicación, ejecución y pago de las obras.
La pesquisa detectó ampliaciones presupuestarias, reasignaciones de partidas y el uso discrecional de fideicomisos, que le otorgó a las empresas de Báez pagos anticipados, cobro de sobreprecios y trato privilegiado frente a otros contratistas.
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Este mecanismo habría incluido la simulación de competencia en licitaciones, adjudicación de contratos a pesar de incumplimientos y ausencia de controles efectivos. La hipótesis sostiene que los fondos desviados retornaban a los jefes políticos mediante maniobras de lavado de dinero, principalmente en actividades hoteleras e inmobiliarias.
El rol de los imputados
El ex gerente de Planeamiento, Investigación y Control de la Dirección Nacional de Vialidad entre 2004 y 2008, Gustavo Marcelo Gentili, fue considerado como el posible responsable de orientar los fondos públicos hacia el Grupo de Lázaro Báez, homologando al menos 22 licitaciones “pese a las graves y numerosas irregularidades que presentaban”.
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También habría omitido “los controles que le correspondían por su competencia funcional, permitiendo así la generación de un perjuicio millonario a las arcas públicas y que la defraudación al Estado se desarrollara y perpetuara en el tiempo”.
En cuanto al ex gerente de Obras y Servicios Viales de la Dirección Nacional de Vialidad entre 2004 y 2007, Sandro Férgola, está imputado por convalidar al menos 26 concursos supuestamente irregulares, con defectos que impedían su selección.
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Por otro lado, habría omitido deliberadamente ejercer su deber de control sobre el proceso constructivo de las obras atribuidas al Grupo Báez, lo que significó para la empresa “un beneficio económico indebido en perjuicio del Estado Nacional, que debió desembolsar sumas dinerarias por encima de los montos contratados”.
Sobre la situación del ex gerente de Planeamiento, Investigación y Control de la Dirección Nacional de Vialidad, que sucedió a Gentili hasta 2015, Fernando Norberto Abrate, fue indicado como el supuesto responsable de intervenir en al menos 13 expedientes de licitación.
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Además, habría evitado realizar el seguimiento de los convenios lo que favoreció a las empresas de Báez y derivó en el perjuicio del Estado Nacional que debió desembolsar sumas dinerarias por encima de los montos contratados para hacer frente a sus incumplimientos.
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