Procesaron con prisión preventiva a 10 personas acusadas de contrabando de armas y bienes truchos

Un juez federal de la jurisdicción de Gualeguaychú, Entre Ríos, procesó con prisión preventiva a diez personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al contrabando de armas, municiones y diversos productos falsificados con destino a Uruguay. El fallo en cuestión incluyó embargos de entre 50 y 200 mil pesos para cada uno de los implicados y la incautación de toda la mercadería apócrifa hallada en una investigación penal que se inició hace dos años.

La resolución estuvo a cargo del magistrado Hernán Viri, quien determinó la prisión preventiva de los diez detenidos por conformar una banda vinculada al tráfico ilegal de armas, municiones, relojes, cigarrillos, calzado y ropa con marcas falsificadas desde Villa Paranacito, Entre Ríos, hacia la Banda Oriental. La decisión estuvo en línea con el fiscal federal Pedro Mariano Rebollo y el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich.

Los cargos que enfrentan los imputados contemplan la figura del contrabando cuatro veces calificado por la cantidad de personas involucradas, el potencial daño a la salud pública, el valor de la mercancía y el uso de armas y municiones. Además, a dos de los integrantes de la organización se les imputa la comercialización de productos con marcas registradas falsificadas en grado de tentativa, según publicó este lunes en su sitio el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La pesquisa reveló que la banda transportaba los cargamentos desde Gualeguaychú y Buenos Aires hasta Villa Paranacito a través de rutas clandestinas y horarios nocturnos con el fin ulterior de transportarlos hasta el país vecino. La actividad ilícita, en tanto, se extendió desde agosto de 2022 hasta junio de este año, cuando la Prefectura Naval Argentina llevó adelante una serie de operativos que derivaron en múltiples detenciones y el secuestro de un arsenal de armas y toda clase de bienes.

El proceso judicial comenzó en 2022 liderado por el fiscal Rebollo, quien investigó los procedimientos de este grupo ilegal con conexiones en Uruguay y distintas partes del país. Durante dos años de tareas de campo, se consolidaron pruebas por medio de escuchas telefónicas, registros fílmicos y la confiscación de mercancías por medio de casi 20 allanamientos en las ciudades entrerrianas de Gualeguaychú y Villa Paranacito y en el partido bonaerense de Lomas de Zamora. Estas diligencias confirmaron la participación de once personas con “roles definidos” en las gestiones de contrabando. Uno de los implicados, de nacionalidad uruguaya, aún permanece prófugo.

En ese marco, los allanamientos pedidos por el fiscal Rebollo y la UFECO, autorizados el pasado 25 de junio por el juez Viri, produjeron la incautación de 19 armas de fuego y 789 municiones, junto a 45 bultos con 2.239 cartones de cigarrillos falsificados de la marca “Nevada” de origen uruguayo, 705 relojes pulsera de origen chino, 800 prendas de vestir de marcas falsificadas y 1.300 metros de redes de pesca. También se hallaron fajos de dólares y pesos argentinos, electrodomésticos de origen chino, siete embarcaciones, seis motores fuera de borda de distintas potencias y varios vehículos utilizados para el traslado y tráfico de estos productos.

Al momento de resolver la situación procesal de los miembros de la banda, el juez consideró que había prueba “abundante y sólida” para dictar los distintos procesamientos como integrantes de una “organización criminal cuyo objeto fue el contrabando de mercaderías varias”. “Así ha quedado demostrado -aseveró-, conforme los diversos elementos probatorios (...), como son las conversaciones telefónicas con diferentes acopiadores de pescado de la República Oriental del Uruguay, así como también las mantenidas con integrantes de la organización delictiva”.

Luego explicó: “A la sazón de lo invocado, resulta palmaria la afectación al bien jurídico protegido salud pública por parte de las maniobras desplegadas por la organización criminal investigada. Ello toda vez que, por la sensibilidad del producto alimentario y otros -como cigarrillos- contrabandeado de forma clandestina, sin contar con el más mínimo control sanitario y bromatológico, contraviene de manera tajante los rigurosos controles establecidos por la normativa local e internacional para la extracción, procesamiento, transporte y posterior consumo humano”.

“Las conductas traídas a estudio tienen la entidad suficiente para provocar un daño irreparable a las personas que eventualmente consuman dichos productos, los cuales, desde su extracción, manipulación y transporte, evadieron todo tipo de control bromatológico y sanitario”, añadió el juez Viri en su resolución.

Para el magistrado, existió un “acuerdo de voluntades” entre los ahora procesados con el fin de llevar adelante “un accionar mancomunado y sistematizado vinculado al contrabando de exportación de variados productos desde la República Argentina hacia la República Oriental del Uruguay”. Estas maniobras, cerró, se venían realizando desde “hace aproximadamente dos años” y fueron advertidas por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval.