
A poco de cumplirse un nuevo aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Ricardo Gil Lavedra expresó su preocupación por la falta de consecuencias legales para los responsables de llevar adelante el ataque, que lleva treinta años sin resolución. “La ausencia de consecuencias a la violación de la ley implica no solo una defección moral frente a las víctimas, que se ven privadas de la reparación que significa la aplicación de la ley, sino que también implica el riesgo de repetición de los hechos”, afirmó.
En una declaración realizada este miércoles, a un día de que se lleve a cabo el acto conmemorativo, Gil Lavedra subrayó que “el criminal atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina lleva treinta años sin verdad y sin justicia”, y luego agregó: “Nos envuelve el manto de la impunidad y de la vergüenza”.
A su vez, recordó que fue el propio Estado argentino el que reconoció su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de acceso a la justicia, a la información y a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas del ataque perpetrado con un coche bomba y ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó un saldo de 85 víctimas fatales y más de 300 heridos en la sede de la calle Pasteur 633.
El recientemente reelecto titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal señaló que la institución le solicita al Estado Nacional “el cumplimiento íntegro de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la Argentina, especialmente en lo que hace a la remoción de todos los obstáculos para poder establecer la verdad y castigar a los responsables, regular las condiciones de ingreso de la información de inteligencia a las causas judiciales, desclasificar la información de inteligencia, informes o legajos vinculados directa o indirectamente con el atentado, y asegurar el pleno acceso a toda esta información a las víctimas, representantes o querellantes”.

Además, Gil Lavedra consideró que otro de los aspectos que contribuirían a avance de la verdad y la justicia es “la posibilidad de regular, en condiciones de estricta excepcionalidad y resguardando el derecho de defensa, el juicio en ausencia para los delitos mencionados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional”.
“Es hora de hechos concretos, no de declaraciones ni de declamaciones políticas oportunidades”, expresó el excamarista que participó del Juicio a las Juntas, y añadió: “La memoria de las víctimas del más grave acto terrorista sufrido por la Argentina nos interpela a no decaer en la búsqueda de la justicia”.
La investigación judicial del caso AMIA estuvo macado por una serie de irregularidades, encubrimientos y faltas de avances significativos en la averiguación de los hechos. En ese marco, en abril de este año la Cámara Federal de Casación Penal concluyó que el atentado al emblemático centro comunitario de la colectividad judía argentina, y el cometido dos años antes en la Embajada de Israel -que provocó 20 muertos y más de 200 heridos-, fueron ordenados por Irán y ejecutados por la organización chiita libanesa Hezbollah.
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