La jueza María Servini ordenó esta noche la libertad de 17 imputados por los destrozos ocurridos en los alrededores del Congreso el miércoles pasado durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado y resolvió mantener detenidos a otras 16 personas. La decisión se tomó luego de escuchar a todos los imputados en indagatoria y evaluar las imágenes de las filmaciones que se incorporaron a la causa, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
La jueza Servini resolvía esta noche los planteos de excarcelación en su despacho del tercer piso de Comodoro Py 2002, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Afuera del edificio, distintas agrupaciones pedían por la libertad de los detenidos. Los abogados defensores se habían quedado sin poder volver acceder al edificio tras dar una conferencia de prensa a mitad de la tarde. Adentro, en el hall del edificio de los tribunales, se había montado dos filas de agentes por protocolo.
Según pudo saber Infobae, la jueza resolvió mantener tras las rejas a Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Valiente, Facundo Exequiel Gómez, Roberto María de la Cruz Gómez y Gabriel Famulari. Allí había imputaciones que iban desde tirar piedras hasta atacar a la policía o saltar la valla. En el caso de Valiente, tenia una granada
Las excarcelaciones en tanto alcanzaron a Sofia Belén Ottogali, Gonzalo Duro, Martín Di Roco, Mateo Latorre, Germán Moyano, Facundo Klaus Leone, Ricardo Shariff Sleme, Diego Ignacio Iturburu, Román Esteban Méndez, Santiago Lautaro Adano, Brien Ezequiel Ortiz, Matías Leonel Ramírez, Nora Edith Longo, Remigio Ramón Ocampo, Mía Pilar Ocampo y Belén Yanina Ocampo,
Los destrozos ocurrieron el miércoles, mientras se analizaba en el Senado la Ley Bases. Con el correr de las horas, todos los arrestados -33 en total- quedaron a disposición de la justicia federal. El fiscal Carlos Stornelli dictaminó investigar a los sospechosos por “lesiones, daño simples como agravados, incendio u estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con el posible agravante del articulo 41 quinquies del Código Penal de la Nación”. Es decir, acciones terroristas.
“Ante la gravedad de los hechos en consideración del estado incipiente de la investigación la gran cantidad de diligencias que se hallan actualmente en curso -tendientes a determinar eventuales roles de cada uno de los intervinientes y posibles vinculaciones entre sí- sumado a que no se advierten otras medidas de coerción menos gravosas que permitan avanzar adecuadamente la investigación, solicitará a VS que se orden sus prisiones preventivas”, dijo Stornelli en su dictamen ante la jueza.
Los detenidos fueron indagados. Algunos por consejo de sus abogados se negaron a declarar. Otros dijeron que no tenían ninguna relación con los destrozos. Durante todo el día, el personal del juzgado de Servini y la fiscalía fue y vino para intentar verificar el rol de cada uno de los involucrados con filmaciones.
En la noche del viernes, se conoció la decisión de la magistrada: 16 personas seguirán presas por los desmanes y otras 17 fueron excarceladas. Ahora la jueza analizará en qué situación procesal queda cada uno de los involucrados. Se descuenta que los detenidos apelarán a la Cámara Federal la decisión de la jueza.
Mientras tanto, otra de las cuestiones que deberá analizar la jueza es si acepta el planteo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en nombre del Senado, para convertirse en querellante.
“Los hechos acontecidos el día 12 de junio de 2024 han significado un exceso más allá de los límites del derecho a la protesta y constituiría, directamente, un atentado contra la democracia. Por lo expuesto, es imperioso acceder a un proceso que permita la averiguación de la verdad que identifique hechos y motivaciones detrás de los actos de vandalismo, que atentaron con el ejercicio democrático de gobierno y se individualice a cada uno de los responsables de lo acontecido”, afirmó en su presentación. Y reclamó “la individualización de las personas humanas involucradas a efectos de merituar la participación y responsabilidad, penal y civil, en los hechos denunciados y si las mismas forman parte de agrupaciones sociales, municipales, gremiales, así como también políticas que pudieran relacionarse con los opositores a la ley finalmente tratada, cuyo objetivo a través de acciones violentas contra las cosas y las personas fue claramente impedir el desarrollo normal de la actividad legislativa.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, había anunciado su intención de también convertirse en querellante, pero un rato después desistió de la iniciativa. Sí reclamará por los destrozos.
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