Naciones Unidas le pidió información al Estado argentino por la desaparición de un policía porteño

A cinco años de la desaparición de Arshak Karhanyan, un joven que trabajaba como policía de la Ciudad, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas hizo lugar a un pedido de la querella encabezada por su madre y le solicitó al Estado argentino un informe sobre las acciones tomadas para su búsqueda.

Puntualmente, el organismo de Naciones Unidas le pidió al Estado argentino que “establezca de forma urgente una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata del Sr. Karhanyan, y para la investigación exhaustiva e imparcial de su alegada desaparición forzadas, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto de ocurrencia de los hechos”.

Asimismo, el Comité puso la lupa sobre la Policía de la Ciudad y puntualmente sobre Leonel Herba, la última persona que habló con Arshak antes de que desapareciera: “Se deberá asegurar que la estrategia adoptada explore todas las hipótesis investigativas existentes en el caso, incluso el alegado involucramiento del Sr. Herba y de otros agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la desaparición del Sr. Karhanyan y en alegados actos de entorpecimiento de los procesos de búsqueda e investigación relacionados”.

Herba es un policía con el que Arshak había trabajado en el área de Investigaciones de la Policía de la Ciudad. El 24 de febrero de 2019, se presentó en su domicilio. Las cámaras de seguridad confirmaron que tuvieron una conversación tensa en la puerta del edificio. Luego de eso, Arshak subió a su departamento, navegó en internet y hasta buscó un juego. Una hora después fue hasta un cajero automático y compró una pala en una sucursal de Easy. Fue la última imagen.

Al comienzo, la investigación judicial estuvo a cargo del fiscal Santiago Vismara, pero en 2021 fue retomada por el ex juez Alberto Baños, que fue nombrado por este gobierno como secretario de Derechos Humanos.

La investigación penal siguió adelante, pero todavía no tiene imputados. Por ese motivo, el Comité requirió “adoptar todas las medidas que sean necesarias para identificar a las personas perpetradoras de la alegada desaparición forzada del Sr. Karhanyan”. Y agregó que es necesario “investigar y sancionar cualquier alegación de actividad o intervención de las autoridades o instituciones nacionales que tendrían por objeto entorpecer la efectividad de los procesos de búsqueda del Sr. Karhanyan y de la investigación de su alegada desaparición forzada, incluso investigando las alegaciones según las cuales los agentes de la Policía de la Ciudad habrían causado la perdida de los datos conservados en el teléfono del Sr. Karhanyan, habrían descartado la mayoría de las filmaciones de las cámaras de seguridad, habrían ocultado información en el informe remitido al Juzgado, y habrían hecho presión para detener el allanamiento de varios sitios de la policía”.

La madre de Arshak en su momento ya había recusado al ex juez Baños por las irregularidades en la investigación a las que alude Naciones Unidas. Ahora, la mujer es representada por La Red Federal de Derechos Humanos, una asociación civil presidida por el ex secretario de derechos humanos, Horacio Pietragalla Corti.

“Fueron cinco años de una impunidad absoluta por parte de los funcionarios que intervinieron. Celebro que Naciones Unidas se haya pronunciado y que inste al Gobierno nacional a poner luz sobre la desaparición forzada de un agente de la Policía de la Ciudad, con la sospecha de la participación de la fuerza en esa desaparición”, opinó la legisladora porteña Victoria Montenegro, cercana a la familia.

Y agregó: “Lo celebro por su madre, que cinco años después sigue buscando la verdad y lo celebro también por la democracia porque no se puede naturalizar que entre los agentes de nuestra fuerza haya desaparecedores”.

Las sospechas de la familia sobre la Policía se basan en un hecho concreto: el celular de Arshak fue borrado durante las pericias de manera inexplicable.

Una junta de peritos, integrada por expertos de distintas fuerzas, disparó todas las especulaciones. “No se han respetado las buenas prácticas de la informática forense”, dice ese informe técnico sobre el teléfono celular del policía. Y agrega: “Más allá que las explicaciones puedan ser convincentes, hubiera sido correcto realizar una extracción forense del dispositivo móvil con el WhatsApp restablecido, almacenando en algún medio el resultado para su posterior consulta”.

También hay escuchas sospechosas entre miembros del área de Cibercrimen.

Ahora, el Comité le pidió al Estado argentino que informe sobre las acciones tomadas para implementar cada una de las recomendaciones y sus resultados antes del próximo 28 de marzo.