Solicitaron medidas para controlar la prisión domiciliaria de Jorge Olivera, condenado por delitos de lesa humanidad

El fiscal general Dante Vega solicitó implementar nuevas medidas para controlar la prisión domiciliaria dictada por cuestiones de salud al exmilitar Jorge Olivera, condenado por crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan y puesto bajo la lupa luego de que se difundieran en redes sociales distintas imágenes de una megafiesta privada donde celebró su 50 aniversario de matrimonio con su esposa.

El pedido de Vega, titular de la Oficina de Asistencia en causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado en Mendoza, estuvo dirigido al tribunal sanjuanino que tiene a su cargo la situación procesal del condenado a prisión perpetua en tres procesos por delitos cometidos durante la última dictadura militar.

En efecto, Olivera, que en el Ejército alcanzó la jerarquía de Mayor, fue hallado culpable del secuestro y desaparición de la modelo y militante de Montoneros Marie Anne Erize, en 1976. En 2000 lo detuvieron en Italia, en un viaje que realizó con su esposa por su 25 aniversario de casado, pero se escapó presentando un certificado de defunción falso de la joven de 24 años.

Recién fue capturado en 2008 en Vicente López. Pero en 2013 volvió a escapar: el 25 de julio de ese año se fugó del Hospital Militar porteño cuando fue a un control autorizado por los tribunales junto a su compañero de armas Gustavo Ramón De Marchi. Lo atraparon en 2017. En 2018, fue uno de los condenados a perpetua por los crímenes perpetrados contra más de 200 víctimas en el ámbito del área 332, dependiente del III Cuerpo del Ejército.

Contaba con el beneficio de la prisión domiciliaria por alegar supuestos problemas de salud. Ese antecedente llevó al fiscal Vega y al fiscal general de San Juan, Francisco Maldonado, a solicitar a principios de febrero una serie de medidas de prueba al TOCF sanjuanino para determinar las circunstancias en que se había llevado a cabo el festejo por las bodas de oro del ex militar, registrado en publicaciones de la red social X.

De las distintas imágenes de esa celebración, publicadas por familiares de Olivera que asistieron esa noche, se observa la presencia de un gran número de concurrentes, instrumentos musicales, micrófonos y estructuras con luces. Incluso se llevaron a cabo presentaciones artísticas con músicos de renombre, como Ramón Palito Ortega, que cantó en la fiesta.

También estaba Cecilia Pando, esposa de un militar que se hizo conocida por defender al obispo castrense Antonio Baseotto, entonces desplazado por el ex presidente Néstor Kirchner, y que es presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina.

Así las cosas, el fiscal Vega volvió a formular una presentación ante el TOF de San Juan por el caso de Olivera, según informó el Ministerio Público Fiscal. En ese escrito requirió que se ordene la “realización de controles sorpresivos y periódicos semanales, en diferentes horarios, diurnos y nocturnos” con el fin de custodiar la prisión domiciliaria del exmilitar.

También solicitó que se le comunique al encausado que el incumplimiento de la restricción de “abstenerse de realizar eventos sociales que supongan la concurrencia de un número considerable de personas ajenas al entorno familiar, la contratación de servicios de música, mobiliario, catering, o cualquier otra actividad que, en definitiva, desnaturalice el alcance y sentido de la pena impuesta, y ponga en crisis la motivación estrictamente humanitaria que justifica dicho régimen de excepción” llevará la revocación del beneficio domiciliario.

Además, el titular de la Oficina de Asistencia mendocina le pidió al tribunal que se le imponga al condenado “la prohibición de que ingrese a su domicilio cualquier persona imputada, procesada, o condenada por crímenes contra la humanidad”.

Este último pedido vino a cuenta de una de las fotografías difundidas de la celebración de Olivera y su esposa, donde se captó la participación del ex militar Gustavo Demarchi, cuya ejecución de sus dos condenas por delitos de lesa humanidad había sido suspendida también por razones de salud.

Como consecuencia de las imágenes, el fiscal general Maldonado solicitó a la Justicia en las últimas horas su inmediata detención.