Los jueces quieren ir al Congreso para rechazar el traspaso de la justicia nacional al ámbito porteño propuesto por Milei

En el marco del tratamiento de la ley “ómnibus” en el plenario de comisiones de la Cámara Baja del Congreso, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) le solicitó a la Cámara de Diputados ser convocada para exponer su posición respecto al artículo 439 del megaproyecto enviado por Javier Milei, vinculado al traspaso de la justicia nacional a la órbita porteña.

La AMFJN, presidida por el juez Andrés Basso, emitió un comunicado para sus asociados donde dejó constancia de las “medidas adoptadas en el marco del estado de alerta” declarado por la entidad judicial hace unas semanas para oponerse al Capítulo X del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que en rigor dispone: “Instrúyese al PODER EJECUTIVO NACIONAL a impulsar todos los actos y suscribir los Acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la JUSTICIA NACIONAL a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en un plazo máximo de TRES (3) años”.

Además de la solicitud dirigida a Diputados para expresar su “postura institucional”, la entidad convocó a todos los presidentes de las Cámaras Nacionales a fin de realizar una “reunión extraordinaria” que se llevará a cabo el próximo lunes 22 de enero en la sede de la Asociación, en Lavalle al 1334, para “continuar con el trabajo conjunto sobre la situación”.

“Las medidas referidas siguen la postura histórica de la Asociación, reiterada firmemente en el discurso del presidente en la cena de camaradería del 14 de diciembre pasado, y cuya continuidad se vio reflejada de inmediato en el estado de alerta anunciado en el comunicado de fecha 28 de diciembre, cuyo contenido evidencia cabalmente la posición que, de manera inalterable, ha sido sostenida y que consiste en el enérgico rechazo de todo intento de avasallamiento constitucional en esta materia”, afirmó el comunicado que llevó las firmas de su titular Andrés Basso y la secretaria General Paula Andrea Castro.

En efecto, durante la exposición en la cena anual de la entidad judicial, con la presencia -entre otros- de los jueces de la Corte y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, su flamante presidente subrayó que el traslado de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires planteado por el Poder Ejecutivo no es “una demanda social” y, en esa línea, instó a las autoridades a “abandonar la idea”.

En el mismo sentido, a través de una comunicación institucional, la AMFJN había manifestado tiempo atrás que su negativa al traspaso “no es un capricho, sino que es una manifestación más de nuestra responsabilidad por el respeto institucional. La Justicia Nacional no puede pasar a la Ciudad de Buenos Aires porque violaría la Constitución Nacional y nosotros orgánicamente no podemos permitir un hecho de tales características”.

La propuesta de la Libertad Avanza no es novedosa para el mundo judicial, ya que echa raíces en la reforma de la Constitución de 1994, donde por medio del artículo 129 se estableció que “la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción”. Desde entonces comenzó un lento proceso de transferencia de la justicia nacional ordinaria al fuero local, que hoy sigue pendiente en la medida en que la Capital Federal alberga tres sistemas paralelos: el federal, el local y el nacional.

Pero esta transferencia de competencias resulta conflictiva en términos jurídicos. Y es que para los jueces y empleados nacionales que se oponen al traspaso aparece el principio constitucional de inamovilidad de los magistrados en sus cargos como una de las causas que impediría la transferencia forzada de una jurisdicción a otra, con su correspondiente sometimiento a un régimen distinto respecto a las remuneraciones, jubilación, sistema disciplinario y de remoción o facultades de superintendencia. Eso avanzaría sobre la independencia judicial.

En ese marco, a fines del año pasado, cuando el tema estaba nuevamente en la discusión pública, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales firmó un extenso comunicado donde rechazó la propuesta oficialista y, tras realizar un detallado análisis sobre los temas sobre los que resuelven, expresaron: “los fundamentos que hoy permiten oponerse a toda forma de traspaso de la justicia nacional a la local no son solo de soporte constitucional, normativo, estructural o presupuestario”.

“Incluso si se soslayara la naturaleza federal de varias de las competencias que ejercen los fueros nacionales, el hecho de que sus decisiones se proyecten en todo el territorio de la República, y tengan un efecto muy concreto para los habitantes de las diversas provincias que la componen, justifica ampliamente que los magistrados que los integran sigan perteneciendo a la Justicia Nacional, sean nombrados con la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación, a instancias del Poder Ejecutivo Nacional, y con acuerdo del Senado”, aseveraron desde la institución que encabeza el juez Javier Leal de Ibarra.

Según sostuvieron, “si la selección y el enjuiciamiento de esos magistrados dependiese únicamente de la Ciudad de Buenos Aires, se consagraría en la práctica un notable retroceso del federalismo, pues las Provincias –y sus habitantes- se verían afectadas en aspectos esenciales de su actividad económica y social por decisiones de jueces en cuya designación y contralor no habrían tenido ninguna participación –situación esta que, ciertamente, también ocurriría si se reconociera injerencia a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires en la revisión de decisiones emanadas de los tribunales nacionales”.

“Los magistrados integrantes de la Justicia Nacional -afirmaron desde la Junta de Presidentes de Cámaras- han sido designados con arreglo al procedimiento formal previsto por la Constitución Nacional y se les ha tomado juramento como jueces de la Nación, por lo que su investidura no puede ser alterada sin su consentimiento”.

Por otra parte, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo también manifestó su rechazo al traspaso de la Justicia Nacional a la CABA en tanto “muchas de las decisiones del fuero laboral se proyectan sobre todo el territorio de la República Argentina y tienen efectos concretos para los habitantes de las distintas provincias”.

A pesar de estas posturas, la Corte Suprema de Justicia volvió a remarcar en su último acuerdo -firmado el 21 de diciembre pasado- su posición respecto a este tema. Fue a través de la causa “Barbato, Juan Carlos c/ Obra Social del Personal Marítimo s/amparo”, donde ratificó lo resuelto en “Corrales”, “Nisman” y “José Mármol”, cuya mayoría alcanzada por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti puso énfasis en el reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo status jurídico sería similar al de una provincia. Por ello, reiteraron que no corresponde equiparar a los “tribunales nacionales” de CABA con los tribunales federales, que tienen asiento también en la Capital Federal.