
La historia comenzó un Día del Inocente. El 28 de diciembre pasado, un persona de seguridad de la Embajada de Israel llamó al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (DUIA). Desde ahí, un agente llamó a Comodoro Py 2002: el alerta decía que en la Embajada habían recibido información sensible. Un agente de una fuerza de seguridad quería avisarles que un sirio con pasaporte colombiano iba a llegar a la Argentina y se “iba a mandar una cagada”. No decía la palabra bomba o atentado, ni apuntaba directamente a la comunidad judía. El dato, explicaba, le había llegado de un policía colombiano, del que nunca aportó su identidad.
De ese alerta, nació una causa en donde quedó detenido Naem Chatay Chassan, el sirio-colombiano que efectivamente llegó al país el 30 de diciembre para invertir en una escuela de tenis de mesa, el deporte al que se dedica desde los 12 años primero jugando y ahora, a sus 68 años, enseñando. En la causa también quedó involucrado un peluquero del microcentro y uno de sus ex clientes: un supuesto investigador que, según su declaración indagatoria a la que accedió Infobae, “armó mentalmente” la conexión ante el supuesto ataque.
La jueza Maria Servini, a cargo del turno federal con policía, ordenó tres detenciones: la de Naem Chatay Chassan, quien fue arrestado en el aeropuerto; la de Ramón Alberto Domínguez, un peluquero que dos meses antes había denunciado un intento de estafa; y la de Juan Manuel Ledesma, un misterioso personaje apodado El Rubio que decía ser un agente inorgánico de la Embajada de Estados Unidos, algo que se desvirtuó a los pocos minutos.
Ledesma es la pieza clave de esta historia. Habló como un calco de la información que reveló ese llamado a la Embajada, pero le agregó detalles y personajes. Ledesma detalló que Chasaan iba a ingresar una encomienda de 35 kilos desde Yemen que iba a ser entregada en una peluquería de la calle Rivadavia al 900. ¿Cómo lo sabía? El mismo se atendía en esa peluquería y sabía que Domínguez había pedido que dejaran ahí el paquete, pero que si preguntaban por él encargó que negaran conocerlo.
Según contó él mismo Ledesma en su indagatoria, junto a un gendarme y un policía buscaron insistentemente acercar el dato a las fuerzas de seguridad. “Pero nadie quería investigar”, se lamentó. Entonces, hubo un llamado a la Embajada de Israel y después otro al 911. Por último, el propio Ledesma apareció dando detalles del supuesto ataque. En su declaración, Ledesma también contó cómo hizo el rescate de niñas secuestradas en Africa y cómo trabajó para la Marina, la Policía Bonaerense y la Legión Extranjera Francesa. En su whatsapp se definía como “paria” y “mercenario”.

La jueza Servini acusó a Ledesma, al peluquero y al sirio que llegó a la Argentina de “integrar una asociación criminal trasnacional de existencia ininterrumpida en el tiempo que se dedica a la organización y perpetración de atentados terroristas. Esta organización registraría actividades en distintos países de la región, en particular en Colombia, desde donde se habría organizado la perpetración de un ataque -presumiblemente con explosivos- a un inmueble (…) vinculado a la comunidad judía”.
De acuerdo a la descripción hecha en la indagatoria que se tomó el 3 de enero, “el 28 de diciembre de 2023 personal de seguridad de la Embajada de Israel recibió un llamado -de quien luego fue escuchada en forma testimonial- que expresó haber recibido información de la Policía de Colombia, afirmando que una persona de nombre ‘Naem Chatay Chassan’ junto a otra de nombre ‘Mohammed Hassam’ y un tercero de nacionalidad libanesa, ingresarían al país en los días siguientes y que se dedicarían a organizar actividades terroristas”.
Según la imputación, “al día siguiente, quien a la postre resulta ser Juan Manuel Ledesma, presentándose a si mismo como ‘el Rubio’, indicó falsamente ser un agente inorgánico de la Embajada de Estados Unidos de América, y concretó una entrevista personal del Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina donde manifestó que ingresaría al país una personal de nombre ‘Chasan’ que sería de origen sirio con nacionalidad colombiana e ingresaría una encomienda de 35 kilogramos provenientes de Yemen y despachada por otro medio, la cual sería entregada en Avenida Rivadavia 919 de CABA, por Ramón Alberto Domínguez quien trabajaba en una peluquería ubicada en dicho domicilio”.

“Cabe remarcar -dice la descripción de los hechos- que se realizó un allanamiento a la mencionada peluquería, durante el cual reveló que Domínguez ya no trabajaba allí y que Ledesma era un cliente regular de la misma y que allí Domínguez solicitó recibir una encomienda y que, si preguntaban por él, que nieguen conocerlo. En esa misma jornada en horas de la noche, se recibió un llamado anónimo a la línea 911 dando cuenta de información similar -que una persona llamada Chasan, que sería muy peligrosa, estaría preparando un atentado terrorista, para lo cual se habría hecho mandar un paquete de 35 kilos de explosivos desde Yemen...”.
Tal como detalla en su edición de hoy Infobae, tanto Chasan como Domínguez negaron las acusaciones en sus indagatorias y dijeron que no entendían por qué los acusaban. Ledesma, en tanto, admitió que él “armó mentalmente” la conexión entre el dato que le habían pasado del sirio-colombiano que vendría a la Argentina, y el peluquero que iba a recibir el paquete de Yemen.
Los tres quedaron representados por la defensoría oficial. Solo para Domínguez se pidió la excarcelación. El mismo reclamó su libertad en la indagatoria. La fiscalía de Franco Picardi acompañó el pedido. La jueza Servini lo rechazó. En el interín, Servini ganó una pulseada y logró que el caso pasara a otro juzgado, el de María Eugenia Capuchetti, porque ella solo había actuado preventivamente de turno con policía y el caso tenía que ir por sorteo a otra repartición. Con eso, también cambió la fiscalía a manos de Ramiro González.
El jueves pasado, cuando los detalles sobre quiénes eran los detenidos se habían hecho públicos, la Cámara Federal confirmó el rechazo a la excarcelación de Domínguez, en base a las palabras de la dueña de peluquería que en sede policial y la expectativa sobre el contenido de los celulares. Como aún quedaban medidas pendientes, la Cámara Federal se basó en la calificación de los hechos que había hecho el juzgado, sin adentrarse en el análisis de la causa, algo que probablemente vea cuando se defina la situación procesal que defina la jueza en base a todos los elementos reunidos y lleguen las posibles apelaciones.

Al mismo tiempo, la oposición puso el foco en la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien había dado una conferencia anunciado la detención de estos sospechosos. “Pregúntenle a la señora Servini de Cubría, que ordenó las detenciones. Yo no ordeno las detenciones, las ordena un juez de la Nación”, dijo Bullrich cuando esta semana, al ir a exponer sobre el proyecto de ley Omnibus, le pidieron explicaciones del tema.
Durante todo los últimos días, Capuchetti ordenó tomar declaración testimonial a todas las personas que los implicados había mencionado en sus indagatorias -que se continuaron este fin de semana-. Como se sabe, los acusados en una indagatoria pueden mentir, pero hay hechos objetivos que pueden ser verificados y testimoniales que pueden prestar las personas que mencionen en el marco de su defensa. También pidió distintos informes sobre la denuncia por estafa que había hecho el peluquero o los viajes anteriores que hizo el sirio-colombiano, que también tenía pasaporte de Venezuela porque cuando salió de Siria hace varias décadas vivió primero en ese país.
El objetivo, no obstante, es acelerar el análisis de los equipos telefónicos de todos los detenidos, indicaron a Infobae fuentes judiciales. No es un análisis que pueda hacerse rápidamente, pero al menos saber si en una primera búsqueda aparece, a través de palabras claves, algún mensaje puede aparecer ligado a un supuesto atentado o una conexión con sospechosos de terrorismo. De eso dependerá la libertad de los sospechosos.
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