Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el exasesor de Mauricio Macri que pidió ser considerado refugiado político en Uruguay, sigue prófugo para la Justicia argentina.
Si bien se dictó su sobreseimiento y de otros funcionarios en la llamada causa “mesa judicial”, Pepín está siendo buscado por la jueza María Servini, en el marco de la investigación por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el gobierno de Cambiemos.
El abogado argentino había pedido a la Justicia uruguaya ser considerado un refugiado político. Versiones indicaban que, con el cambio del gobierno, podría planear su regreso al país.
Los problemas judiciales para Rodríguez Simón comenzaron en marzo de 2021. Para ese entonces, Servini había avanzado con una investigación en su contra en la que se lo acusaba de haber integrado una presunta asociación ilícita. Se trata de la denuncia que radicó el empresario De Sousa diciendo que se conformó una banda para sacarle el Grupo Indalo y en la que operó en conjunto con la AFIP y la prensa.
Servini llamó a indagatoria a “Pepín” pero el exasesor no se presentó a la cita. Fue entonces cuando la jueza lo declaró en rebeldía en mayo de 2021 y dictó una orden de captura. Previo al pedido a Interpol para su detención y extradición en Argentina, “Pepín” inició el trámite ante la CORE (Comisión de Refugiados) para obtener la condición de refugiado en ese país.
En marzo pasado, la Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por el exasesor presidencial, pero el fallo no tuvo efectos inmediatos porque la defensa del exasesor presentó un segundo pedido de refugio en diciembre pasado de 2022.
La extradición de “Pepín” continúa en suspenso. Durante 2019 y 2023, Rodríguez Simón no perdió su condición de diputado del Parlasur. Desde allí, cuando se quiso tratar su expulsión, el abogado mostró un video que compilaba intervenciones de dirigentes argentinos hablando en su contra. Además, sostuvo que existe una “campaña de desprestigio de los medios K”. Apuntó especialmente contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que ambos hablaron públicamente de la posibilidad de que él fuera preso, con lo cual se consideró un “perseguido político” en Argentina.
“El abogado [Carlos] Beraldi pidió mi indagatoria el mismo día que asumió como ministro de Justicia Martín Soria”, explicó el exasesor jurídico de Macri en una entrevista con La Nación. “Desde ese día empezó una campaña en mi contra y todos los alcahuetes del Gobierno empezaron a repetir ‘Pepín va a ir preso’. Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección a las personas. La verdad es que no es nada grato. Me preocupa lo que está pasando en el país, un país al que no puedo volver”, dijo.
El exasesor había anticipado que no regresaría al país “hasta que no cese la persecución”. En ese contexto, es que con el cambio de Gobierno a manos de Javier Milei podría decidir su regreso al país para ponerse a disposición de la Justicia y esclarecer su situación. En esas versiones se especulaba con que su regreso podría concretarse en marzo. De ser así, todo tramitaría en la causa que lleva adelante Servini, que tiene vigente su orden de detención.
En otro juzgado, el de María Eugenia Capuchetti, dictaron su sobreseimiento junto al de Mauricio Macri, Germán Garavano y otros exfuncionarios, en la causa conocida como mesa judicial, en donde se analizaba si se había presionado a jueces durante el gobierno de Macri. El fallo, que hoy revela Infobae, fue dictado a fines del año pasado: según se determinó, el delito no existió. Los jueces, además, estaban obligados a denunciar y, sin embargo, recién hablaron de esas supuestas presiones cuando el gobierno había terminado. El fiscal Franco Picardi apeló la resolución.
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