La Cámara de Casación Penal confirmó las condenas del ex intendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, y del empresario Juan Carlos Lascurain, a raíz del desvío de fondos destinados a construir una ruta de acceso a Yacimientos Carboníferos, a fines del 2015.
El máximo tribunal penal federal del país rechazó las apelaciones de Pérez Osuna y de Lascurain, quienes fueron condenados a cuatro años de prisión en 2019.
En ese juicio oral también habían sido condenados el ex coordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina, que ahora logró revocar el fallo en su contra, el diputado provincial Horacio Mazú y el ex asesor Juan Vargas.
El Tribunal Oral Federal 7 los condenó por el delito de peculado. En ese entonces, los jueces Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero ordenaron que todos los acusados sean detenidos una vez que la condena quede firme y que restituyan el dinero más los intereses.
Lascurain ya estuvo preso cuatro meses en la causa por los cuadernos de la corrupción, en la que fue elevado a juicio oral.
”La conclusión condenatoria a la que arribaron los sentenciantes, aparece sustentada en una adecuada valoración de los elementos probatorios”, dijo ahora la Cámara de Casación.
Para el tribunal se encuentra “suficientemente fundada la comprobación de la materialidad de los hechos y la responsabilidad que en estos le cupo a cada uno de los encartados”. Sin embargo, decidió revocar la condena a Larregina.
En el caso se juzgó el cobro como anticipo de 50 millones de pesos para realizar 7 kilómetros de una calle que uniera Río Turbio con la localidad de 28 de Noviembre. La calle se llamaba Avenida de los Mineros. La empresa era Fainser, de Lascurain y presidida por Romina Mercado, sobrina de la ex presidenta Cristina Kirchner.
“Tengo por cierto y probado que Atanacio Pérez Osuna -en su calidad de interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio-, Miguel Ángel Larregina -coordinador general de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio-, Juan Marcelo Vargas -asesor de la Intervención- Horacio Matías Mazu -intendente de la Municipalidad de Río Turbio- y Juan Carlos Lascurain -presidente de la firma FAINSER S.A.- tomaron parte, respectivamente, en la substracción de fondos públicos de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos, concretamente al desviar cincuenta millones de pesos ($50.000.000), sin justificación o causa jurídica alguna, a la empresa FAINSER S.A., a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015″, sostuvo la fiscal Fabiana León durante el juicio oral.
Fue el primer juicio oral por presuntas irregularidades en Río Turbio. El otro juicio es por el desvío de fondos destinados a realizar obras en la mina de carbón de Río Turbio por al menos 264 millones de pesos. En esa causa serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex funcionario de ese ministro Roberto Baratta, ambos detenidos.
“Este es un gran paso para la lucha contra la corrupción. En Santa Cruz la corrupción no fue un hecho aislado sino que formó parte del modelo impuesto desde el Gobierno y alcanzó niveles descomunales”, dijo la diputada y miembro del Consejo de la Magistratura Roxana Reyes. Y agregó: “Esta nueva sentencia ratifica lo que hemos denunciado y reafirma la lucha que llevamos adelante contra el saqueo de la obra pública y el desfalco del Estado”.
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Además, ingresaron 35 nuevos expedientes que se suman a los 109 que habían empezado a tramitarse la semana anterior. Entre las causas más relevantes se trató el reclamo de un juez federal investigado por corrupción para irse de vacaciones a Europa
