El fiscal federal Sergio Mola rechazó hoy la recusación en su contra presentada por los abogados defensores del ex jefe de Gabinete de la Provincia, Martín Insaurralde, en la causa en la que está imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Ahora, la definición quedó en manos del juez federal Ernesto Kreplak.
En un escrito de 19 carillas, Mola sostuvo que no tiene enemistad con Insaurralde y que la recusación responde “a prejuicios personales, a inexactitudes, falta de información o mala lectura de la causa”. Durante su argumentación, el fiscal responde cada uno de los motivos de recusación y argumenta que la defensa podría haber objetado las medidas que se tomaron hasta ahora en la investigación. “Es claro que la recusación no constituye el medio idóneo, apto o predispuesto para atacar actos procesales concretos producidos al margen de la ley o en violación de garantías constitucionales”, sostuvo.
Entre otras cosas, la defensa de Insaurralde acusó al fiscal de interponer “intereses personales y ajenos”. Mola rechazó ese argumento y defendió su actuación en la causa. “Lo que resulta completamente desacertado es que me tilde como enemigo, puesto que no lo soy, o que sostenga que actué como tal, circunstancia que tampoco aconteció en ningún momento del proceso, siempre he actuado cumpliendo mis obligaciones como Fiscal y en el marco de las facultades legales con las que me encuentro investido”.
Otro de los motivos para intentar apartar al fiscal fue la supuesta filtración a los medios sobre los movimientos migratorios del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia. Mola lo catalogó como “una canallada”. “Inmediatamente a que tomé conocimiento de esas publicaciones, como también de mi requerimiento de instrucción, le pedí al Sr. Juez que se extremaran los recaudos para mantener esas actuaciones en el marco de lo dispuesto en el art. 204 del CPPN”, sostuvo.
El último de los motivos de recusación apunta a la participación de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la jura de Mola. El fiscal respondió con una ironía: “Cuando juré como Fiscal de la Nación, todas las personas que me honraron acompañádome en ese hito tan importante de mi carrera profesional y de mi vida, familiares, amigos, colegas, funcionarios –no solo los que allí se mencionan, pues había muchos otros-, aplaudieron. Extraño y sobre todo preocupante para mí, hubiese sido, por ejemplo que me abuchearan. Pero, por suerte, eso no me ocurrió”.
La definición sobre la recusación ahora quedó en manos del juez Kreplak.
La Investigación, ahora sin secreto de sumario, sigue recolectando información. La semana pasada, el juez Ernesto Kreplak envió exhortos a España para determinar quién es el dueño del yate “Bandido”, utilizado por Insaurralde y la modelo para su recorrida por las costas del Mediterráneo, y cómo se pagó la estadía en el lujoso hotel Marbella Club, entre otros datos.
Según un sitio especializado, en el mes de septiembre el costo del alquiler del lujoso yate rondaba los 8.400 euros por una jornada de ocho horas. Según dejó trascender la pareja, solo se alquiló por unas horas. Pero el dato todavía no figura en el expediente.
Además del alquiler del yate, el juez quiere saber quién pagó la estadía en el Hotel Marbella Club, que aparece en las fotos publicadas por Clerici en su cuenta de Instagram. Dentro de ese complejo, la pareja habría elegido la villa “Casabel”, una casa exclusiva, de 550 m2, con capacidad limitada para seis personas.
Otro de los datos que pidió el juez apunta a los movimientos internos de Insaurralde y Clerici dentro de España. Hasta ahora se sabe que la modelo viajó a Madrid el 7 de septiembre por AirEuropa mientras que el ex jefe de Gabinete bonaerense lo hizo el 15 de septiembre, en un avión de Iberia, y aterrizó en la capital española el 16 de septiembre a la madrugada. ¿Cómo llegó a Marbella? La Justicia quiere saber si tomó un vuelo de conexión al aeropuerto de Málaga (hay varios vuelos durante la mañana) o si abordó un vuelo privado.
El juez también mandó exhortos a Estados Unidos, para saber quién es el dueño de un departamento ubicado en Miami, y a Uruguay, donde se habrían canalizado fondos derivados de la separación de Insaurralde y Jesica Cirio, según denunció la ex titular de la UIF María Eugenia Talerico.
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