
El juez federal Walter Bento, suspendido de su cargo en el Juzgado Federal 1 de Mendoza, recusó a dos legisladores de Juntos por el Cambio que integran el Jurado de enjuiciamiento que está llevando adelante el juicio político en su contra por “mal desempeño”, donde de ser hallado culpable quedará destituido de sus funciones.
La recusación que presentó el juez suspendido apuntó contra el senador José María Torello y la diputada Ana Clara Romero, y se centró puntualmente en un “temor de parcialidad”, ya que, según afirma Bento en su escrito, “recientemente pude conocer que Patricia Bullrich, candidata a Presidenta por el bloque Juntos por el Cambio, promovió un juicio político en mi contra -en 2011-, merced a mi intervención en carácter de Magistrado en un proceso en el que me achaca haber perjudicado los intereses del grupo Clarín, toda vez que en ese marco dispuse la intervención y el allanamiento de la empresa Cablevisión S.A”. También dio cuenta de que la ex ministra de Seguridad lo vinculó con el “narcotráfico internacional”.
“A la luz de las manifestaciones efectuadas por la líder política del espacio, permanece latente y enraizado en el seno de esa facción política, un sentimiento de animadversión hacia mi persona, al punto tal que despierta en esta parte un fundado temor de parcialidad respecto a la intervención de los representantes de aquel bloque en este proceso”, expuso el juez con competencia electoral suspendido.
Luego preciso: “nadie puede lógicamente sostener que alguno de estos representantes del bloque pueda votar en contra de mi remoción, cuando su propia jefa política me ha vinculado en cadena nacional con los delincuentes más peligrosos de la historia”, dijo en referencia al otrora líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El Jury de Enjuiciamiento tiene la función de analizar las pruebas que postula el abogado Miguel Piedecasas, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, quien actúa como fiscal del juicio político de Bento junto con los legisladores de la UCR Eduardo Vischi y Roxana Reyes. De ser hallado culpable de los cargos que se le imputan (mal desempeño en sus funciones), podrá ser destituido del Juzgado de Mendoza. La decisión del Jurado se conocerá el 8 de noviembre a las 12 horas.

La resolución será de los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (del PRO y exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri); las diputadas Anahí Costa (del Frente de Todos) y Ana Romero (del PRO); y el abogado Alfredo Barrau. Para remover a un juez se necesitan cinco de los siete votos.
La solución a la que llegue el Jury será clave no solo porque definirá si Bento sigue siendo juez o no, sino porque podría definir si va a la cárcel. Por los hechos por los que está acusado, el magistrado también enfrenta una causa penal que está en juicio oral. En ese expediente tiene ocho procesamientos con prisión preventiva. Pero la detención no se puede cumplir porque tiene fueros de arresto. Si es destituido, los perderá y esa detención se podrá efectuar.
En sede penal el magistrado está acusado de cobrar coimas para beneficiar a acusados en causas penales, de ser el jefe de una asociación ilícita, de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero y de falsedad ideológica por insertar datos falsos en sus declaraciones juradas para inscribirse en un concurso para ser juez de la Cámara Federal de Casación Penal cuando no podía.
Bento fue suspendido por el Consejo de la Magistratura de la Nación el pasado 31 de mayo. Desde entonces se preparó el proceso para llegar hasta el juicio político que determinará su suerte.
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