La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un planteo de Sergio Schoklender por el cual solicitaba su sobreseimiento en la causa en la que se investiga el presunto desvío de fondos destinados a viviendas sociales, en el marco de la causa conocida como “Sueños Compartidos”. El expediente principal fue elevado a juicio en mayo de 2019 y desde entonces está prácticamente paralizado. Todavía se siguen haciendo pericias por las obras.
En la causa principal se analiza el presunto desvío de más de 206 millones de pesos de su fin específico. Ese dinero habría sido transferido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, dependiente del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, a cargo de Julio De Vido, a las jurisdicciones locales, y luego canalizado a distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
El Programa “Sueños Compartidos” significó un desvío de más de $200 millones de los $750 millones destinados al plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En concreto, se desviaron $206.438.454, es decir, un 23,54% de los fondos transferidos.
Schoklender, a quien en ese marco se le atribuye el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, solicitó su sobreseimiento, planteo al que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 no hizo lugar. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación, que fue declarado inadmisible por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Frente a ello interpuso recurso extraordinario, que no fue concedido, lo que derivó en un recurso de queja ante la Corte Suprema. La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisible el planteo de Schoklender.
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El escándalo de corrupción estalló en 2011, en plena campaña electoral. El ex juez Norberto Oyarbide apuntó a los Schoklender y protegió a Bonafini. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, todo el expediente se concentró en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios involucrados.
En mayo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, De Giorgi procesó a los hermanos Schoklender, a Bonafini, al ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala, y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otras personas. El ex ministro de Planificación Julio De Vido se sumó a la lista de procesados tiempo después.
Desde entonces, el listado de los que se sentarán en el banquillo de los acusados se sigue ampliando con elevaciones parciales. Juan José Ferreyra se sumó a esa lista por haber recibido un total de 72 cheques a su nombre, entre enero de 2010 y junio de 2011, por un monto total de $ 2.572.643. En mayo, Casación también revocó los sobreseimientos de tres allegados a los hermanos Schoklender: Leonardo Hubscher, Walter Cavagliato y Federico Segura.
En la causa estaba imputada la titular de la Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, que falleció en noviembre pasado y había pedido hace pocos días de su fallecimiento que no hubiera juicio por el paso del tiempo. En tribunales la causa iba a reactivarse pero no fue así.
En marzo pasado, el fiscal Diego Velazco escribió: “Teniendo en cuenta que al día de la fecha no se han producido, o al menos visualizado por esta Fiscalía General avances de consideración que demuestren la efectiva realización de la totalidad de peritajes ordenados por el TOF, conforme surge palmariamente de las actuaciones de referencia compulsadas en forma periódica por esta parte, es que habré de solicitar a VV.EE. se ordene una fecha límite para la culminación de los actos periciales ordenados a los efectos de que puedan fijar fecha concreta de inicio de debate oral y público”. La Fiscalía viene reclamando hace tiempo que se terminen las pericias solicitadas en la “instrucción suplementaria”, una etapa del proceso para hacer medidas de prueba que se omitieron o denegaron en la investigación.
La causa está a cargo del TOF 5, el mismo que sobreseyó a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras en Los Sauces y Hotesur, aunque en este caso lo preside Adriana Palliotti, una jueza de bajo perfil que tuvo varios fallos resonantes contra el kirchnerismo.
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