Casación confirmó a un juez del tribunal oral que juzga a Lázaro Báez por la compra de un campo en Uruguay

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este martes el rechazo de la recusación planteada por el abogado Jorge Chueco en contra del juez Néstor Costabel, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOFC) 4 porteño, que está a cargo de juzgar sobre la compra del campo conocido como “El Entrevero”, una operación por la cual también están imputados Lázaro Baez, el contador fariPérez Gadín y el arrepentido Leonardo Fariña, entre otros. El juicio oral comenzó la semana pasada.

La decisión, que cerró la discusión sobre la conformación del tribunal oral, fue dictada por los jueces integrantes de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky. La defensa de Jorge Chueco había solicitado el apartamiento de Costabel como integrante del TOCF 4 en virtud de que ese magistrado había integrado el Tribunal Oral que dictó una condena en su contra en una causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, sobre lavado de activos de obras públicas durante el kirchnerismo.

Chueco había presentado un recurso de casación ante el TOCF, que lo rechazó “in limine”. Allí decidió irse hasta la instancia casatoria a través de una queja, que el máximo tribunal penal desestimó. De esa forma interpuso un recurso extraordinario con la intención de llegar hasta la Corte Suprema, pero fue rechazado este martes con la firma de Hornos, Carbajo y Borinsky.

“El remedio extraordinario presentado no puede hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos (tal como lo exige el art. 14 de la ley 48). Es doctrina del Máximo Tribunal que, por regla, no procede el recurso extraordinario respecto de lo resuelto sobre planteos de recusación ni se ha demostrado en el caso de que corresponda excepcionar ese principio”, dijeron.

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Además señalaron: “es requisito para acceder a la competencia extraordinaria intentada que el recurrente refute todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada, como así también que demuestre que la resolución que impugna sea contraria a los derechos federales invocados como fundamento de la pretensión extraordinaria interpuesta”.

Luego concluyeron: “Por otra parte, a pesar de su invocación, no se advierte que la sustancia de los planteos en que el impugnante funda su recurso implique el debate de una cuestión federal debidamente fundada (arts. 14 y 15 de la ley 48) o algún supuesto de arbitrariedad (...) que excepcionalmente permitan habilitar la instancia extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La causa penal, ya en instancia de debate oral, trata sobre la adquisición de un campo en Uruguay denominado “El Entrevero”, sospechada de formar parte de una maniobra de lavado de activos en la que también están acusados -además de Báez, Chueco, Pérez Gadín y Fariña- el financista Santiago Carradori, Osvaldo Guthux, Maximiliano Acosta y Maximiliano Goff Dávila.

El campo en cuestión está ubicado entre José Ignacio y La Barra, y cuenta con una superficie de 152 hectáreas. Por él se realizó una operación de 14 millones de dólares. De la maniobra participaron distintas sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

Por otro lado, el expediente había sido elevado a juicio oral en abril de 2020 por el juez Sebastián Casanello, el mismo que investigó la “ruta del dinero K”, donde -apelación mediante- Casación dispuso condenas de prisión de 10 años contra Báez, seis años a Chueco y Pérez Gadín, y tres años y seis meses a Fariña, entre otros condenados.

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