
Ahora en Comodoro Py, la causa judicial por llamada “Gestapo antisindical” -por la frase del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en una reunión en 2017 en el Banco Provincia con otros funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios de la construcción de La Plata y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- se reactivó para definir la situación de los siete procesados que tiene el expediente.
Esa decisión está en manos de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal -integrada para este caso por Mariano Llorens, Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi- y se espera que se conozca el mes que viene, luego de una audiencia oral con algunas de las partes del expediente, informaron a Infobae fuentes judiciales. Se trata del mismo tribunal que interviene en otras causas de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.
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La Cámara convocó a una audiencia oral para el próximo 13 de junio para escuchar los argumentos. Entre ellas, también la de Juan Pablo “Pata” Medina, el sindicalista de quien hablaban en esa reunión y que es querellante en la causa. Por ese encuentro, en el que se habló de cómo avanzar en sus causas, se declaró la nulidad de la imputación contra Medina, lo que también se está discutiendo en Comodoro Py en la Cámara Federal de Casación.
“Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, dijo Villegas el 15 de junio de 2017. Fue en una reunión en la sede porteña del Banco Provincia. Los protagonistas del encuentro no lo sabían pero estaban siendo grabado de manera ilegal.
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Se conoció en diciembre de 2021 cuando la entonces titular de la AFI, Cristina Caamaño, se presentó en la justicia federal de La Plata y denunció que se encontró el video revisando archivos del organismo.
En el encuentro la voz la llevó Villegas. El ex ministro le pidió a los empresarios que presenten notas contra Medina para después judicializarlas. Y fue más allá. Dijo que ya tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez”. Y todo siguió como había adelantado Villegas: las notas se presentaron, hubo denuncias anónimas y Medina fue detenido y procesado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, junto a otros acusados.
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Junto con Villegas de la reunión participaron el intendente de La Plata, Julio Garro, el ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski. Todos ellos fueron citados a indagatoria acusados de integrar una asociación ilícita.
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La causa estuvo a cargo del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak que en abril del año pasado procesó a Villegas, Garro, Grassi, Alan y los tres ex agentes de la AFI por los delitos de tareas de inteligencia ilegal y prevaricato. Además les trabó un embargo de 10 millones de pesos. Gigante y los empresarios recibieron una falta de mérito.
Los acusados negaron las imputaciones. Señalaron que no cometieron ningún delito, que la reunión no fue para armarle una causa a Medina sino para tratar una situación de mucho tiempo y que eran las extorsiones y amenazas que los empresarios de la construcción de La Plata sufrieron de parte de la UOCRA de esa ciudad. Dijeron que no sabían que la reunión fue grabada y sobre la presencia de los agentes de la AFI señalaron que desconocían quiénes eran ni que eran funcionarios de ese organismo.
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Lo más destacado de las indagatorias fue lo que dijo Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia de la AFI y procesado por espionaje ilegal en la causa de los “Super Mario Bros”. Sostuvo que fue a la reunión por pedido de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex jefes de la AFI, y que ellos le solicitaron que grabe ilegalmente el encuentro.
Los procesamientos fueron apelados a la Cámara Federal de La Plata pero el tribunal nunca los resolvió. La causa quedó en la discusión de donde debía tramitarse. Los acusados reclamaban que pase a los tribunales de Comodoro Py porque la reunión había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. La Cámara Federal de Casación resolvió en ese sentido en noviembre del año pasado.
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Así, el expediente pasó a los tribunales de Retiro. Corrió el mismo destino que el resto de las causas por el espionaje ilegal durante el macrismo: la de los “Super Mario Bros”, la del ARA San Juan y la las bases de inteligencia en el AMBA. Todos comenzaron en juzgados federales de la provincia de Buenos Aires. Los expedientes están a cargo ahora del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
El primer paso en Comodoro Py es revisar los procesamientos. La Cámara Federal le dio plazo a las partes hasta el jueves pasado para que digan si quieren exponer sus argumentos en una audiencia oral o por escrito. La mayoría lo hará por escrito con un pedido de prórroga para presentarlos. Quien ya hizo su defensa fue Biorci, ex jefe de Gabinete de la AFI y cuñado de Majdalani.
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Los que pidieron exponer ante los jueces fueron los querellantes del caso, “Pata” Medina con su abogado César Albarracín, y el empresario Horacio Homs con el patrocinio de Mariano Cúneo Libarona. También la defensa de De Stéfano, ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI y actual funcionario del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta como integrante del directorio de Subterráneos, informaron a este medio fuentes de la causa.
Así, la Cámara fijó la audiencia oral para el próximo 13 de junio a las 10:30 horas. Luego de escuchar a las partes y de recibir los escritos que restan, los jueces quedarán en condiciones de resolver. Los mismos magistrados ya tuvieron una intervención que repercutió.
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Fue cuando Llorens y Bertuzzi entendieron que el espionaje de funcionarios, dirigentes sindicales y políticos y periodistas en la causa de los “Super Mario Bros” fue hecho por agentes de la AFI en un rol de cuentapropistas y no con una orden de los jefes de la AFI. Así mantuvieron los procesamientos de los agentes por espionaje ilegal y revocaron el de Arribas y Majdalani por ese delito.
En la causa de la Gestapo, además de los procesamientos, la Cámara tiene para resolver un pedido de la defensa de Grassi para que se declare la nulidad de la causa. Es porque el expediente se inició con una grabación ilegal.
La causa de la Gestapo también tuvo impacto en la situación judicial de Medina. El sindicalista estuvo preso y fue enviado a juicio oral por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsiones a empresarios de la construcción de La Plata.
Su defensa pidió la nulidad del expediente porque sostuvo que todo fue armado por los funcionarios bonaerenses y los agentes de la AFI en la reunión del Banco Provincia. En octubre del año pasado, el juez del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata Alejandro Esmoris declaró todo nulo y sobreseyó a Medina. Dijo que la acusación contra el sindicalista fue “el fruto de los delitos que se vienen investigando” en la causa de la Gestapo.
Esa decisión fue apelada por la Fiscalía Federal de La Plata y está a cargo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. A principio de mes, hubo una audiencia oral para tratar el caso y se espera su resolución.
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