El fiscal federal Gabriel González Da Silva pidió que la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura sea condenada a cinco años de prisión por haber contratado entre 2012 y 2015 un sistema de seguridad privada para ella, su familia y su domicilio cuando no estaba justificado. La Fiscalía señaló que esa decisión le significó un millonario gasto al Estado de 5.511.166,51 de pesos, que actualizado alcanza los 98.090.716,24 de pesos.
El pedido de pena se realizó en los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 7 en el juicio oral contra la ex funcionaria. El fiscal también solicitó que sean condenados los otros dos acusados: tres años de prisión en suspenso para el entonces asesor de seguridad de la Casa de la Moneda, Mario Enrici, y para el ex gerente general, Raúl Desmarás.
Los tres fueron acusados del delito de peculado de servicios y la fiscalía además solicitó para ellos la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los 98 millones de pesos. Además, para Enrici y Desmarás reclamó la realización de tareas comunitarias tres horas por semana en una institución pública.
El fiscal dio por probado que entre 2012 y 2015 la Casa de la Moneda contrató un servicio de seguridad privada que no estaba justificado y por un monto desproporcionado, lo que generó un perjuicio al estado nacional por el gasto realizado.
Concretamente, la Casa de la Moneda contrató cuatro agentes de custodia para la casa de Daura, dos choferes para su traslado y el de su familia, un sistema de seguimiento satelital a seis vehículos y la instalación de cámaras de monitoreo en el domicilio de la ex funcionaria.
“Llevaron a cabo una maniobra que fue perpetrada en conjunto para tratar de justificar, de manera artificiosa e indebida, un gasto desproporcionado, que no estaban habilitados a hacer, todo esto en perjuicio del erario público”, dijo el fiscal en sus alegatos en los que agregó que la decisión se tomó sin antes consultar si hay recursos públicos de seguridad.
En las próximas audiencias serán los alegatos de las defensas de los acusados.
Este es uno de los dos hechos que juzga el Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. El segundo es por el uso de 800 mil pesos para la impresión del libro “La Década Ganada” durante el gobierno de Cristina Kirchner, que en rigor nunca salió.
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Por ese caso, hace dos semanas la fiscal federal Dafne Palópoli pidió la absolución del senador nacional Oscar Parrilli y de otros tres acusados, entre ellas la propia Daura ya que la Casa de la Moneda iba a estar a cargo de la impresión del libro.
Palópoli señaló en su alegato que hubo errores en la interpretación del caso durante la investigación en primera instancia y que la acusación contra los ex funcionarios no se pudo probar. Que en rigor pudo haber existido incumplimientos en funcionarios de segunda línea pero todos ellos fueron sobreseídos. Aseguró la fiscal que los funcionarios padecieron “obsecuencia institucional” porque prometieron hacer el libro para que la presidenta de entonces lo tuviera en sus manos para el 25 de mayo de 2013.
Los otros dos acusados con pedido de absolución son Javier Grossman, ex director de la Unidad Ejecutora Bicentenario, y de Matías Njirjiak, ex jefe de Gestión Institucional del área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda. En la causa no hay querella, por lo que con el pedido de absolución de la Fiscalía solo resta que la decisión del Tribunal Oral en ese sentido.
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