
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria del ex ministro de Economía Martín Guzmán y del actual titular del Banco Central Miguel Pesce, entre otros funcionarios, en la causa que investiga la compra de decenas de aviones y helicópteros, privados y oficiales, con el visto bueno del Banco Central, que autoriza el giro de los fondos al exterior al dólar oficial. Se les imputa un fraude en perjuicio la administración pública, entre otros delitos.
En un dictamen al que tuvo acceso Infobae, Taiano también solicitó la indagatoria de la ex titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont y de la ex titular de la Aduana Silvia Traverso.
“Teniendo en cuenta el fenómeno que se investiga, la magnitud de las operaciones en conjunto y lo novedoso de la mercadería (aviones) en cuestión, lo llamativo en las conductas objeto de esta pesquisa, es que no se advierte un mero incumplimiento sujeto a la negligencia de los funcionarios, sino antes bien, en este estadio procesal se puede avizorar el dolo en el accionar de los sujetos que incumplieron los deberes que por ley le fueron encomendados”, sostuvo el fiscal.
La causa comenzó en 2022 con una investigación preliminar del fiscal Guillermo Marijuán. Días después, el abogado Santiago Dupuy de Lome presentó una denuncia citando una nota de Infobae que quedó a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Taiano.
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Entre enero 2020 y febrero de 2022, según reveló Infobae, se matricularon en el país 289 aeronaves, entre aviones y helicópteros. Pero apenas 159 de esas operaciones habrían pasado por el Banco Central. La hipótesis inicial es que en algunas de esas compras hubo sobrefacturación, especialmente en las de mayor valor.
¿Qué consecuencias tuvo esa maniobra? El fiscal lo explicó en su dictamen: “Los valores declarados en nuestro país resultaron muy superiores a los que surgieron de las distintas líneas de investigación llevadas a cabo, permitiendo de esta manera un egreso indebido de divisas al exterior”.

También hubo casos de aviones comprados al dólar oficial que nunca llegaron al país. Y otros que fueron abandonados en los hangares privados.
Según el dictamen del fiscal, se llevaron adelante cinco líneas de investigación. El fiscal imputó a los cuatro funcionarios y ex funcionarios “en función del rol que desempeñaban y la injerencia que tenía cada uno de ellos en las decisiones relativas a las conductas objetadas, siendo en principio arbitrarias, pero sobre todo contrarias a los intereses fiscales y el control cambiario de las divisas incluidas en las operaciones”.
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Taiano determinó que se reunieron pruebas suficientes para afirmar que los cuatro imputados “no pudieron desconocer que se realizaban operaciones de importación con un giro de divisas mayor al que correspondía y, por el contrario, no habrían articulado ningún control y/o mecanismo para investigar estas operaciones, habida cuenta que eran sumamente elocuentes las maniobras descriptas y la magnitud de las mismas”.
De las casi 300 aeronaves investigadas en un comienzo, la enorme mayoría fueron adquiridos por empresas privadas y del sector aeronáutico. Y apenas cinco tienen matrícula oficial: dos helicópteros y un avión comprados por la Gendarmería, un Lear Jet 60 registrado por la Secretaría General de La Pampa el 29 de enero de 2021, y un helicóptero modelo Airbus MBB-BK117 C2 a nombre del Ministerio de Seguridad bonaerense (es el organismo que administra la flota de la Provincia).
Según los datos aportados por el Banco Central, por esas operaciones salieron 202 millones de dólares, siempre el valor oficial. Eso ocurrió mientras comenzaban a crecer las restricciones cambiarias para los importadores.
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