La jueza penal de la ciudad de Buenos Aires Carla Cavaliere dispuso que el gobierno nacional debe recibir en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SFP) a todos los detenidos en comisarías y alcaldías porteñas. Lo hizo al resolver un hábeas corpus que se inicio hace tres años y en el que se había fijado un esquema de ingreso por cupos que no se cumplió.
“Cuando este proceso se inició, el número de personas alojadas en dependencias de la Policía de la Ciudad no superaba el de doscientos (200), y al día de hoy, asciende a mil doscientos setenta y dos (1272). Por ende, lejos de resolverse ha empeorado”, sostuvo la magistrada en su resolución a la que accedió Infobae.
Este medio dio cuenta hace un mes de la situación que se vive en las comisarias. El Sistema Interinstitucional de Control Judicial de Cárceles inspeccionó tres lugares y concluyó que se constataron “las peores condiciones de detención y hacinamiento”: superpoblación, falta de agua, ventilación y sanitarios, comida en mal estado, presos que se hacen sus necesidades en botellas y que no tienen médico. En uno caso los detenidos les dijeron que se turnaban para estar cerca de las rejas de la celda para poder respirar mejor. El mes pasado había alojadas 1.155 personas cuando la capacidad máxima era de 543.
Ese informe del Sistema, junto con otro que emitieron la semana pasada, fueron enviados al expediente. Ahora la jueza Cavaliere dispuso un esquema progresivo de traslado a cárceles federales, que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Martín Soria. La magistrada dispuso que hasta el 31 de julio deben ser llevadas las personas con condena de manera paulatina y que desde el 1° de agosto el traslado debe ser “inmediato”. Respecto de las personas procesadas, le solicitó al Ministerio de Justicia que en 30 días presente una propuesta para un ingreso semanal de entre 130 y 140 personas. Y que la “Mesa de Aproximación de los actores del sistema” -que creó para esta causa- elabore un esquema “de fecha límite para la desocupación de las Comisarías y las Alcaidías de la Policía de la Ciudad”.
La decisión fue comunicada al secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, y al subsecretario de Justicia de la ciudad, Jorge Djivaris.
“El alojamiento de personas privadas de la libertad con situación procesal resuelta es una obligación legal del Servicio Penitenciario Federal, cuya fuente es la Ley Nacional 24.660 para quienes se encuentran a disposición de los jueces nacionales y federal, y de convenio, en el caso local”, recordó la jueza en su resolución.
La causa -un hábeas corpus- se inició en 2020 con la presentación del Ministerio Público de la Defensa. Cavaliere creó que “Mesa de Aproximación de los actores del sistema” con integrantes del gobierno nacional, de la ciudad y del SPF para elaborar un esquema de traslado de los presos de la ciudad. Las comisarías y alcaidías porteñas están preparadas para alojar personas por un plazo máximo de 48 horas hasta que se resuelva su situación. Si siguen detenidas deben pasar a una unidad penitenciaria.
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En marzo de 2019 el entonces ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dictó la emergencia penitenciaria federal por tres años, lo que fue prorrogado por Soria hasta el 2024. Con la pandemia del coronavirus, el gobierno nacional dispuso que recibiría detenidos a medida que tenga cupo en sus cárceles. Así bajó la sobrepoblación que hoy es, según estadísticas oficiales, del 3,77 por ciento. Hay 11.344 personas detenidas para una cantidad de 10.932 plazas. Pero el problema pasó a las comisarías de la ciudad que vieron duplicada su capacidad de alojamiento.
En el habeas, la magistrada ordenó en octubre de 2020 desalojar las comisarías de la ciudad y aprobó un cronograma de ingresos semanas al SPF. Pero no se cumplió. “Es importante tener en cuenta, que se desprende del informe semanal remitido por la División Asuntos Judiciales de la fuerza policial local, que hay un promedio de trescientas (300) personas detenidas semanalmente, de las cuales aproximadamente unas ciento sesenta y cinco (165) recuperan la libertad, quedando privadas de ella, alrededor de ciento treinta y cinco (135)”, explicó la jueza y agregó que “de acuerdo a los informes sobre cupos semanales otorgados por el Servicio Penitenciario Federal, para ingreso, se revela un promedio de entre sesenta (60) y ochenta (80) ingresos semanales”.
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