La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal tomó una decisión que deja al caso conocido como el de “la mafia de los Contenedores” al borde del juicio oral y público.
Los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone rechazaron la presentación de uno de los imputados y ratificaron lo decidido por la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico en tanto había confirmado los procesamientos dictados por el juez Marcelo Aguinsky.
Aguinsky tiene a su cargo una investigación compleja sobre contrabando. Existió una organización integrada por aduaneros y empresarios importadores que hacía entrar al país contenedores que tenían en su interior productos que no eran los declarados en la papelería. Los papeles presentados por los importadores eran “leídos” por funcionarios de la Aduana que formaban parte de la maniobra.
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Por ejemplo, dentro de uno de los contenedores incautados, según lo que se había declarado, se debían hallar 8.150 kilos de artículos de plástico de bajo valor. Pero dentro del contenedor había zapatillas, cargadores, celulares, notebooks, reproductores de DVD, consolas Play Station, herramientas de orfebrería y 7.700 botellas de bebidas alcohólicas. También llegaron miles de prendas de vestir desde China con etiquetas que decían “Hecho en Argentina” y que iban a intentar vender en el mercado interno como si fueran prendas verdaderas de firmas importantes del país. Eso implicaba que se pagaban menos impuestos de importación que los correspondientes. Esas maniobras se hicieron con el visto bueno de funcionarios de la Aduana.
La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico con la firma de los jueces Carolina Robliglio y Roberto Hornos y Juan Carlos Bonzón, había confirmado los procesamientos dictados por Aguinsky contra buena parte de los involucrados en el caso, entre ellos los hermanos Miguel, Diego y Fernando Paolantonio, acusados de ingresar mercadería de manera ilegal al país. Los jueces Robligio y Hornos fueron recusados y la Casación convalidó la recusación. A partir de entonces los imputados, entre ellos los Paolantonio reclamaron la nulidad de todo lo actuado por los camaristas que fueron recusados.
Pero la decisión firmada de por Barroetaveña, Mahiques y Petrone dejó en firme todo lo decidido a pesar de que fueron recusados. La Casación rechazó el recurso presentado por los imputados en una resolución de seis páginas. En una línea dieron validez a lo resuelto por la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico.
De ese modo los dos tramos del caso de la mafia de los contenedores tienen los procesamientos confirmados y el juez Aguinsky está en condiciones de elevar el caso a juicio en el que hay unos 100 imputados.
Entre los que deben ir a juicio se hallan el ex subdirector de Operaciones Aduaneras Metropolitanas: Daniel Santanna , el ex director de Aduanas Metropolitanas I, Edgardo Paolucci y el ex director de Aduanas Buenos Aires y Director de Aduanas Metropolitanas II, Eduardo Alfredo Bernardi. La maniobra ilegal se produjo durante los años del kirchnerismo y fue desbaratada en 2016.
En una de las partes en que se dividió el caso, en 2018, luego de un juicio, el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 condenó a 11 de los 12 acusados, entre ellos, a ocho años de prisión al director de la Aduana durante el kirchnerismo, Edgardo Paolucci. Las condenas fueron por los delitos de asociación ilícita y tentativa de contrabando agravado. Las penas más altas –ocho años de prisión– fueron para Paolucci y para el empresario Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda como organizadores de esa asociación ilícita. Los ex funcionarios de Aduana Osvaldo Giacumbo y Mauro Delmastro fueron condenados a una pena de 6 años y 6 meses de prisión y Rodolfo Trebino y Vanesa Calamante una de 6 años. Por el mismo caso Claudio “Mono” Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, recibió una condena de cinco años de prisión.
Con la decisión de Casación queda el camino allanado para que Aguinsky mande a juicio a todos los responsables de una gigantesca maniobra de contrabando que terminó con 1600 contenedores confiscados en el Puerto de Buenos Aires. El valor de la mercadería incautada se calculó en 264 millones de dólares. Buena parte de lo incautado se ha donado a sectores de la población que están en la pobreza.
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