Otro de los jueces que juzgó a Cristina Kirchner denunció el hackeo de su teléfono

El juez federal Andrés Basso, que integró el tribunal oral que juzgó a Cristina Kirchner y votó por condenarla por asociación ilícita, formalizó una denuncia penal para que se investigue el hackeo a su teléfono celular en octubre del año pasado, en las instancias finales del debate oral que se sustanció contra la vicepresidenta, un grupo de ex funcionarios y el empresario Lázaro Báez.

La presentación se hizo en el mismo expediente que investiga el hackeo a su colega del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Marcelo Martínez de Giorgi ya solicitaron colaboración a la DAJUDECO para conocer la actividad de la línea cuando el magistrado perdió el control, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Basso y Rodriguez Uriburu integraron junto a su colega Jorge Gorini el tribunal que llevó adelante la causa Vialidad, en donde fue condenada la vicepresidenta. A los tres les abrieron las declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura.

No es una sorpresa en tribunales los problemas que Basso sufrió con su teléfono: lo reportó a la empresa Movistar cuando ocurrió el inconveniente, pero la dimensión que cobró la investigación penal sobre la intervención al teléfono del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y la corroboración de que ese mismo hacker entró a su celular lo llevaron a presentarse en la denuncia que se investiga en Comodoro Py. Infobae había adelantado la semana pasada que otros jueces que hasta ahora no habían denunciado podía rever su postura ante las nuevas revelaciones

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Ese fue el caso de Basso. Según pudo saber Infobae, el viernes 30 de septiembre del año pasado perdió el control de su línea. No solo no podía llamar por vía telefónica sino tampoco usar sus aplicaciones de comunicación. Whatsapp y Telegram quedaron inhabilitados. Enseguida hizo el reclamo a la compañía telefónica pero ese día no tuvo respuesta. Al día siguiente se hizo presente en una oficina comercial: ahí le confirmaron que habían cambiado el chip a pedido del titular de la linea. El titular de la línea era él y no había pedido nada. Fue entonces que se hizo la denuncia en la compañía, se le dio un nuevo chip y recuperó su teléfono.

Para esa altura, ya había sucedido el inconveniente con el teléfono de Rodriguez Uriburu el 8 de septiembre y fue detallada por Infobae el 13 de septiembre, cuando se hizo público. Ya en junio se descubrió que en el Consejo de la Magistratura se abrieron misteriosamente los sobres con las declaraciones juradas de algunos jueces, entre ellos los de Basso y Rodriguez Uriburu. Allí podría estar la información que usaron para responder las preguntas personales que pedía la compañía cuando alguien que dijo ser el titular pidió el cambio de chip.

Lo que quedó claro en la investigación que analiza el hackeo al teléfono de D’Alessandro y comprobó la fiscal porteña Daniela Dupuy es que Elias Ezequiel Nuñez Pinheiro, el joven de 22 años que reconoció como imputado que entró al teléfono del ex ministro porteño, también tuvo como objetivo el celular de Basso. El hacker consultó datos del juez en Nosis y en el RENAPER. Y también apenas ingresó al teléfono, buscó mirar qué conversaciones tenía en Telegram y Whatsapp, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Todo sucedió en Misiones.

Ante esa presentación, Martínez de Giorgi giró la denuncia a Pollicita para que dictamine. El fiscal promovió abrir la investigación y solicitó las primeras medidas entre las que está pedir informes de la actividad de la línea a la DAJUDECO. Ahora, el hackeo a los dos jueces de la causa de CFK se investigarán en el mismo expediente.

Hay otro juez que también tuvo problemas con su teléfono y se confirmó que fue hackeado fue Gustavo Hornos, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Por ahora, el magistrado decidió no denunciar, pero su caso es uno de los que se agregó a la lista que se investiga en la causa porteña.

Según pudo saber Infobae, los problemas en su teléfono ocurrieron a principios de octubre y también se comunicó con atención al cliente de la empresa para saber qué había sucedido cuando quiso hacer una llamada personal y no tenía línea. Una vez más, el mismo escenario que se vio en los casos de otros jueces: alguien se había hecho pasar por él y había pedido cambió de chip. Detalle: a Hornos también le miraron la declaración jurada en el Consejo de la Magistratura, subrayaron las fuentes.

El juez Mariano Borinsky fue otro de los afectados: primero pidieron su codigo SIM con la excusa de un nuevo turno para la vacuna del COVID, pero el 8 de septiembre de 2022 -mismo día del problema con Giménez Uriburu- en la compañía telefónica pidieron un nuevo chip y estuvo un dia sin teléfono, según consta en la denuncia a la que accedió Infobae. Su declaración jurada también estuvo entre las revisadas, junto a la de sus colegas de Casación Diego Barroetaveña y Guillermo Yacobucci. A esa lista también se sumaron los jueces Gorini, Ariel Lijo y Agustina Díaz Cordero.

Hace dos semanas, al escándalo de los celulares hackeados se le vino a sumar la denuncia del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que aseguró que también en Misiones se gestionaron al menos cuatro líneas telefónicas a su nombre entre fines del año pasado e inicios del 2023. El caso podría transformarse en una megacausa para determinar si hubo un accionar “sistemático y persecutorio sobre determinados jueces”.

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