El diputado provincial Carlos Puglelli (Frente de Todos) y el senador bonaerense Juan Alberto Martínez (FDT) denunciaron por irregularidades en los procedimientos —del jury al fiscal Claudio Scapolán— a Ana María Bourimborde, la jueza a cargo del juicio político contra el funcionario. Por esta razón, solicitaron el inicio de un juicio político contra la magistrada y también su destitución.
En el escrito presentado ante la Justicia, ambos legisladores —integrantes de la Comisión Bicameral para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires— apuntan fallas promovidas por Bourimborde en lo que respecta a la correcta intervención de dicha comisión en el desarrollo del juicio político que se lleva adelante a Scapolán.
El fiscal de San Isidro Claudio Scapolán enfrenta desde la semana pasada un jury de enjuiciamiento acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías que entre los años 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga secuestrada a narcotraficantes en los operativos para su posterior comercialización. Sin embargo, en Casación ya descartaron que hubiera habido sustracción de drogas y un testigo clave que había declarado en contra de Scapolán se desdijo, lo que generó un giro en la causa. Ante este escenario, este martes se realizaron los alegatos y, según el cronograma oficial, el lunes 17 de marzo próximo se dictará la sentencia.
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En lo que respecta a la denuncia, Puglielli y Martínez detallan como una primera falla en el procedimiento que ante la suspensión de la conformación de la Comisión Bicameral —necesaria para dar inicio al jury— para resolver respecto al juicio político a Scapolán a causa de la pandemia, el 7 de octubre de 2020 el representante del Ministerio Público Fiscal “se instruyó en aquel carácter y formuló la respectiva acusación, siendo que la Comisión Bicameral no contestó dicho traslado”.
“Posteriormente, en fecha el 19 de mayo de 2022, el Procurador General también asumió el rol de acusador en el citado proceso, mientras que la Comisión Bicameral se encontraba aún sin haber emitido opinión respecto del traslado primigenio, ni tampoco del traslado sucedáneo”, enfatizaron los legisladores.
Tal como detalla el escrito presentado por los legisladores de la provincia de Buenos Aires, la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento se terminó de constituir a fines de 2022. En ese sentido, la denuncia precisa que la Comisión Bicameral solicitó a Bourimborde todos los expedientes en trámite y que “se suspendan los trámites en cuyo procedimientos éste cuerpo deba intervenir”. “Se requirió el giro a esta Comisión Bicameral de las actuaciones efectos de emitir en todos los procesos que se hubiere resuelto dar por declarada la competencia”, dice el escrito.
“Que dicha misiva debería haber sido respondida por la denunciada en su rol de Presidenta del Jurado, no obstante hizo caso omiso a los requerimientos del Presidente de la Comisión y continuó con los procesos en trámite conforme su estado”, apuntó la denuncia respecto al accionar irregular de la jueza.
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Los legisladores, luego, señalan que en marzo volvieron a repetir la solicitud y recibieron la misma respuesta. “No modificó en absoluto el desarrollo de los procedimientos en curso a los que refiere la misiva, los cuales prosiguieron sin dar traslado ni intervención a la Comisión Bicameral a efectos de que pudiera reformar su rol”, indicaron.
El testigo presionado
Ante los miembros del jurado de enjuiciamiento, un testigo de la causa aseguró haber sido presionado por Sandra Arroyo Salgado y Federico Domínguez para declarar. Se trata de C.M., un ex policía federal que participó en la causa “Leones Blancos”. Cuando comenzó a investigarse a Scapolán, estaba prófugo de la Justicia por extorsionar a “transas” peruanos en la villa 1-11-14, del Bajo Flores. Como arrepentido, C.M. declaró ante el fiscal Domínguez en el procedimiento conocido como “Anacona”, en donde se robó droga. Pero ahora, convocado como testigo en el jury de enjuiciamiento contra Scapolán, se desdijo de aquella declaración.
“Yo me tuve que hacer cargo de cosas para poder recuperar mi libertad. Recibí presiones y tuve que declarar lo que declaré para recuperar mi libertad. Fui coaccionado. Yo tenía miedo de morir preso. Tuve que declarar eso para poder estar en la calle”, afirmó.
Al ser consultado sobre quién los coaccionó, mencionó que “siempre estuvo presente el fiscal Domínguez y el personal del juzgado, de la fiscalía”, y además sostuvo que “ya estaba todo armado” y que él solamente tuvo que decir “que ‘sí’ o que ‘no’ a algunas cosas”.
“Tuve que declarar bajo presión estando de acuerdo el fiscal Domínguez y la Dra. Salgado, a sabiendas de que si no declaraba podía quedar preso un montón de años. Así que firmé lo que firmé para irme a mi casa, para poder salir en libertad y no quedar detenido”, agregó.
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