Rechazaron la recusación de dos jueces y Lázaro Báez quedó más cerca de ir a juicio oral por la compra de un campo en Uruguay

La Sala IV de Casación Penal rechazó el pedido de dos de los imputados en la causa por la compra del campo “El Entrevero” que pretendían apartar a dos integrantes del Tribunal Oral Federal 4, a cargo de ese juicio oral. En esa causa están acusados Lázaro Báez, el abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín y el arrepentido Leonardo Fariña. También fueron enviados a juicio Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux.

Por el campo “El Entrevero”, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños.

Fariña contó ante la Justicia que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando ya se había roto la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad, de nombre Jumey SA, presidida por Pérez Gadín.

Por esta operación millonaria, Fariña también fue aceptado como arrepentido tras un acuerdo con el fiscal Guillermo Marijuán.

Al momento de pedir la elevación a juicio, Marijuán sostuvo que Báez “impartió las órdenes y encomendó a los sucesivos administradores de esos fondos –Fariña y luego Pérez Gadín y Chueco– aplicarlos en el proyectado desarrollo inmobiliario en la costa uruguaya”. Sobre Goff Dávila, entendió que “tuvo una participación sumamente activa en el negocio, debido a que intervino como articulador de la inversión, buscó al escribano, adquirió una sociedad con acciones al portador, ubicó en su presidencia a Acosta, coordinó las reuniones con el vendedor y para la firma de los documentos de seña, compromiso de compraventa y prórrogas de pagos parciales”.

Las defensas de Goff Davila y Acosta habían recusado contra a los jueces Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez. Al rechazar los recursos de queja, la Sala IV convalidó la integración del tribunal que deberá llevar a cabo el juicio oral y público.

El juez federal Sebastián Casanello, el mismo que investigó la “ruta del dinero K”, elevó la causa a juicio oral en abril de 2020. En febrero de este año, el TOF 4, presidido por Costabel, informó que el debate arrancará el 7 de agosto a las 10 de la mañana.

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Báez ya fue condenado a 12 años por la llamada “ruta del dinero K” y a fin del año pasado sumó otra condena de 6 años por el caso Vialidad. En el primer caso, las penas están bajo revisión de la Sala IV de la Cámara de Casación. Uno de los debates más intensos entre los jueces tiene que ver con el delito precedente de las maniobras de lavado de dinero. Dos de los jueces del Tribunal Oral Federal 4 habían determinado que el dinero provenía de la obra pública y de la evasión fiscal. Por el primero delito, ya hubo condenas. El otro delito, el de la evasión, está desparramado en varias causas. Ninguna tiene fecha para empezar el juicio.

El empresario también deberá afrontar otro juicio en la causa conocida como M&P. En este expediente se investigaron maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.

Varias de las defensas de los imputados sostienen que la causa de “El Entrevero” debería haber sido parte del juicio por “la ruta del dinero K”.

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