
La Cámara de Casación rechazó dos recusaciones contra la jueza Gabriela López Iñiguez, quien participó del juicio oral por la “ruta del dinero K”, en el que resultó condenado Lázaro Báez.
En ese juicio, López Iñíguez había votado en disidencia y consideró que la obra pública no era el delito precedente del lavado de dinero. También se había diferenciado de los otros jueces del TOF 4 en las penas que debían recibir las hijas del empresario, Luciana y Melina Báez, finalmente absueltas por la Cámara de Casación.
La jueza recusada también había integrado el tribunal que condenó a Amado Boudou a cinco años y 10 meses por el caso Ciccone. En ese caso, fue la única que interpretó que el ex vicepresidente no debía ir preso.
Poco antes, en marzo de 2018, López Iñiguez había aportado uno de los dos votos con los cuales el TOF 8 le concedió la excarcelación a Carlos Zannini y Luis D’Delía por el Memorándum con Irán.

Ahora, López Iñiguez fue recusada por la defensa de María Cristina González, ex contadora de Austral Construcciones, y por el abogado de los dueños de la financiera Provalor, que intervino en las maniobras de lavado de Báez, para que no intervenga en otros juicios derivados de ese escándalo.
La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, no hizo lugar a las impugnaciones y habilitó que arranquen esos debates orales.
La semana pasada, la Sala IV de Casación, con otra integración, confirmó la condena a Lázaro Báez y a otros 17 imputados en la causa principal. Sin embargo, redujo la condena del amigo de Néstor Kirchner de 12 a 10 años de prisión. Las hijas de Báez quedaron absueltas. “Quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de Austral Construcciones, siempre fue Lázaro Antonio Báez”, sostuvo el máximo tribunal de Comodoro Py 2002.
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El fallo incluyó un dato significativo: en una decisión dividida, el tribunal consideró que la obra pública que recibió el dueño de Austral Construcción no fue el delito precedente para que el empresario llevara adelante las maniobra millonarias de lavado de dinero: 55 millones de dólares.
La “ruta del dinero K” todavía tiene un tramo en primera instancia, donde resta definir la situación procesal de Cristina Kirchner. La vicepresidenta tiene falta de mérito desde 2018. A mitad de año pasado, el juez Sebastián Casanello rechazó su sobreseimiento y ordenó nuevas medidas de prueba.
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El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, apeló ese fallo aunque a último momento, de manera sorpresiva, decidió “bajarse” ante rumores sobre el contenido de la resolución. Finalmente, el juez Mariano Llorens instó a avanzar más rápido y pidió una mirada “conglobada” de las otras causas penales que tiene la vicepresidenta frente a la hipótesis de un “único designio criminal”. Eso implicaría tener en cuenta la condena por la causa Vialidad, y el desarrollo de la causa Hotesur-Los Sauces, que también espera una definición de Casación para saber si habrá otro juicio oral.
Baez tiene otros juicios pendientes por el campo en Uruguay conocido como “El Entrevero” (arranca el 7 de agosto) y por la causa conocida como M&P. En ese expediente se investigaron maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.
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