El caso por el viaje a Lago Escondido será investigado en Comodoro Py

La Cámara Federal porteña ordenó que la causa que investiga el viaje a Lago Escondido de un grupo de jueces con el ministro de Justicia porteño Marcelo D’Alessandro -actualmente bajo licencia- y empresarios sea tramitada en los tribunales de Comodoro Py 2002. Hasta ahora el caso se había instruído en Bariloche.

La decisión fue tomada esta mañana por el juez Eduardo Farah, que hizo lugar a un planteo formulado por la defensa del magistrado en lo penal económico Pablo Yaradola, uno de los investigados. La Fiscalía se había pronunciado en el mismo sentido.

“Se sabe -sin debate o duda al respecto- que (i) todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; (ii) todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; (iii) si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos (etc.), los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

Frente a ese contexto, dijo Farah, es la justicia federal de Comodoro Py la que debe llevar adelante la investigación, que quedará bajo la órbita del juzgado de Sebastián Ramos.

“Es notorio que las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires -sostuvo el fallo-. A los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios”.

“Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país a haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma que propondré aquí”, dijo Farah.

“Como se deduce de lo anterior, coincido con la opinión de las dos partes contrarias que alegaron en el legajo: para definir la competencia hay que estar a la naturaleza del delito y las circunstancias especiales del hecho que surjan de las actuaciones y partiendo de ese principio, resulta que tanto la ley como la jurisprudencia, imponen a mi juicio atribuir intervención a este fuero en los eventos denunciados en ambos procesos. Ello me conducirá a acceder a la petición de la defensa y la fiscalía de cámara de revocar la solución de primera instancia y encomendarle que requiera la inhibitoria del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche en los mencionados en el planteo, allí radicados”, agregó.

Con esta decisión, la justicia de Bariloche podría oponerse y trabar un conflicto de competencia que terminará definiendo Casación, como ocurrió con las causas de espionaje. Sin embargo, el escenario parece poco probable: la jueza del sur que tiene el caso se jubilará en los próximos días.

En Bariloche, la causa por el viaje a Lago Escondido investiga los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas, a partir de la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y la intervención de la fiscal federal María Cándida Etchepare. En el expediente aparecen imputados el ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; los jueces Julian Ercolini, Pablo Yadarola, y Pablo Cayssials; el ex funcionario del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), Leonardo Bergroth; y los empresarios Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Rendo.

La denuncia había sido radicada en octubre, pero cobró vuelo cuando se conocieron unos supuestos audios en donde los participantes del vuelo hablaban de la difusión de esa noticia y cómo manejarse en consecuencia. Esos diálogos -registrados en la aplicación Telegram- habrían sido sustraídos de un hackeo al teléfono celular de D’Alessandro, uno de los viajeros, a través de la duplicación de la tarjeta SIM. El ministro denunció el ingreso ilegal a su móvil pero dice que los chats fueron adulterados. Semanas más tarde se filtraron otros diálogos del funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que lo obligaron a pedir licencia.

Los diálogos se conocieron el fin de semana previo a la condena de la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión en la causa Vialidad y fueron parte de la exposición que hizo la ex jefa de Estado tras su condena, el mismo día que anunció que no será candidata en 2023.

Tras la difusión de esos chats, el presidente Alberto Fernández habló en cadena nacional y su ministro de Justicia Martín Soria se presentó en la causa de Bariloche. La denuncia del Gobierno pidió varias medidas de prueba como la entrega de los celulares de todos los implicados y el secuestro de los mismos. Asimismo, el escrito presentado por el ministro de Justicia incluye un pedido para aceptar al Estado Nacional como querellante. A la vez impulsó la denuncia de los jueces involucrados en el Consejo de la Magistratura.

La fiscal imputó a los viajeros y ordenó una serie de diligencias que incluyeron allanamientos a la estancia Lago Escondido, reclamó el levantamiento del secreto fiscal e investigar la forma en que se pagó el viaje.

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Mientras la denuncia se concentraba en Bariloche, en Comodoro Py se presentaron otras dos denuncias: la primera impulsada por Yaradola como víctima de espionaje, que recayó en manos del juez Ariel Lijo, a cargo transitoriamente del juzgado federal 12 actualmente vacante, y la segunda impulsada por Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que pedía investigar a los jueces y que recayó ante el juez Ramos.

El abogado Mariano Cúneo Libarona, a cargo de la defensa de Yaradola, planteó la inhbitoria de la justicia de Bariloche y pidió al juez Ramos que reclamara la causa, pero el magistrado lo entendió prematuro. La defensa apeló y el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe opinó que no corresponde que las actuaciones continúen en la justicia patagónica porque no fue allí donde se cometió el supuesto delito. “La determinación del juez natural y competente para intervenir en un trámite judicial es aquel que ejerce su jurisdicción en el espacio físico (territorio) donde se cometió el delito”, dijo. “En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados”, agregó.

Aunque recién se conoció en las últijmas horas, el pronunciamiento fue hecho a fines de diciembre. Ahora, el juez Farah resolvió sobre esa cuestión y dispuso que el caso pase a Comodoro Py.

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