La Ciudad de Buenos Aires decidió esperar que se muevan las primeras fichas en la batalla por los fondos coparticipables. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que no se harán nuevas presentaciones hasta que la Corte Suprema responda los planteos que se hicieron en diciembre. Está pendiente la recusación del gobierno nacional contra los cuatro ministros de la Corte Suprema y un pedido de revocatoria del fallo que le dio la razón al gobierno de Horacio Rodriguez Larreta. También hay una presentación de la CABA, previa a la feria, que denunciaba el incumplimiento de la medida cautelar.
“Vamos a esperar qué decide la Corte”, ratificó esta mañana una alta fuente del Gobierno porteño ante una posible presentación por la reanudación de la actividad judicial. Otro funcionario consultado por este medio admitió que se están evaluando alternativas para los próximos días. Una de ellas es pedir el embargo de la cuenta del Ejecutivo nacional en el Banco Nación donde se depositan los fondos de la coparticipación. La Ciudad considera que desde el 21 de diciembre se acumuló una deuda de $22.000 millones.
Otro medida que se analiza es pedir la aplicación de multas a los funcionarios que no acataron el fallo de la Corte.
Antes de la feria, en el último día hábil del año, los abogados del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, comandados por el procurador Gabriel Astarloa, objetaron la propuesta del gobierno de Alberto Fernández de afrontar el fallo con bonos del tesoro TX31. “Cabe señalar que la Constitución Nacional en su articulo 75 inciso 2 expresamente establece que los regímenes de coparticipación deben garantizar la automaticidad en la remisión de los fondos, lo que implica disponibilidad y liquidez, dos características de las que carecen los bonos”, decía esa presentación.
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Horas antes, pese al respaldo de los gobernadores, el presidenta había anunciado a través de las redes sociales que iba a cumplir con el fallo pagando con bonos. “Instruí a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán los bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, anunció el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.
En el expediente, el gobierno nacional ya había recusado a cuatro jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y había presentado un pedido de revocatoria del fallo, un recurso cuestionado por los juristas.
Luego de esas presentaciones se filtraron los chats ilegales entre el ex ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires Marcelo D’Alessandro y el asesor de Horacio Rosatti, Silvio Robles. Eso disparó una catarata de denuncias penales y el pedido de político político del Ejecutivo a los cuatro jueces de la Corte Suprema.
En material penal, el juez federal Sebastián Ramos archivó una denuncia contra Robles argumentando que los mensajes se obtuvieron de manera ilegal. Sin embargo, hay otras denuncias abiertas. Y la semana pasada se sumó una presentación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que tramita en el juzgado federal de Ramos Padilla.
También hay denuncias penales contra el presidente Alberto Fernández y otros funcionarios por el incumplimiento del fallo de la Corte. Una de esas presentaciones la hizo Elisa Carrió y un grupo de dirigentes de la Coalición Cívica (CC). Además del Presidente, están acusados el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini; los ministros Sergio Massa (Economía) y Eduardo De Pedro (Interior); el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. La investigación fue delegada está delegada en la fiscalía a cargo de Ramiro González.
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